Desde septiembre, cuando fue confirmada oficialmente su victoria en las urnas, Peña Nieto enfrenta varios desafíos. Realizó tres giras de trabajo: por América latina (incluida una parada en la Argentina), por Europa y, hace apenas unos días, por Estados Unidos y Canadá. Y a través de los parlamentarios del PRI ya presentó cuatro iniciativas en el Congreso de la Unión que allanen su llegada a la residencia de Los Pinos.
Además, sus diputados y senadores sacaron adelante la reforma laboral que, con carácter preferente, envió hace tres meses el presidente saliente, Felipe Calderón.
Peña Nieto divulgó la conformación de su primer gabinete dominado por miembros del PRI, pero que también incorpora a independientes vinculados con la izquierda.
Las diferencias internas en la izquierda mexicana dejaron también en suspenso la construcción de un acuerdo político nacional entre los principales partidos, destinado a abordar reformas estructurales, que cuenta con el respaldo de Peña Nieto.
Según una encuesta publicada por el centro de investigación Parametría, el 31% de los mexicanos es optimista ante el próximo gobierno.
Los dirigentes del PRI reconocen que vuelven al poder en un México radicalmente diferente de lo que era en el apogeo del partido y algunos críticos ya ven indicios de un anhelo de los días pasados en algunas de las medidas que el PRI impulsa en el Congreso.
Peña Nieto promete un programa de libre empresa, eficiencia y rendición de cuentas, y promueve reformas que podrían aportar nuevas inversiones privadas en la crucial industria petrolera estatal mexicana, con cambios que fueron obstaculizados durante varias décadas.
Entre otras propuestas, busca una relación más limpia y democrática entre los poderes públicos y los medios de comunicación, que incluiría la regulación y la transparencia en la contratación de publicidad en los tres niveles de gobierno.
También plantea crear una Comisión Nacional Anticorrupción con facultades para investigar y castigar actos de peculado y soborno en la administración. Este organismo sustituiría a la actual Secretaría de la Función Pública.
Y otro proyecto buscará fortalecer tres ministerios. La Secretaría de Gobernación recuperaría atribuciones del pasado y, además de ejercer como operador político del presidente, tendría a su cargo la seguridad interna y el mando de la Policía Federal. Esta decisión implica la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social continuará con el impulso de los programas de lucha contra la pobreza, pero asumiría las funciones de otros organismos públicos que se ocupan de políticas públicas.