Como informara ayer Letra P, El Colegio de Abogados también pidió a los diputados que no voten la reforma al Consejo de la Magistratura. La reacción de las entidades se produce en el marco del avance en el Senado de una reforma al Consejo de la Magistratura que, básicamente, reduce el número de representantes de los abogados en ese organismo clave para la designación de jueces y fiscales. Y que, además, cambia los parámetros para la evaluación de los postulantes.
En ese contexto, tanto el Colegio de Magistrados como la Red de Jueces Penales afirmaron que el proyecto “no fue precedido de ninguna consulta” y que tal como está planteado “viola el artículo 175 de la Constitución Provincial, que previó que el Consejo de la Magistratura debe tener una composición equilibrada entre los cuatro estamentos de representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y del Colegio de Abogados”.
El proyecto aprobado en el Senado reduce de 18 a 17 el número de miembros del Consejo, quitándole dos representantes a los Colegios de Abogados y sumando uno al Ministerio Público Fiscal. De esta forma, el órgano estará integrado por 6 representantes de la Legislatura -3 por cada cámara, 1 de los cuales representa a la oposición-; 5 de la Justicia -tendrá dos representantes del ministerio público, uno de la Suprema Corte, un juez de Cámara y uno de Primera Instancia-; 4 del Poder Ejecutivo y 2 de los Colegios de Abogados. En tanto, la presidencia -que actualmente recae en el representante de la Corte- será ejercida en forma rotativa por un representante de cada estamento.
“La preponderancia del sector político sobre el técnico o profesional resulta evidente”, indicaron las dos entidades”, señalaron. Pero además, pusieron la lupa sobre otro aspecto polémico: la forma de evaluar a los aspirantes. “Se consagra un notorio desequilibrio al asignar apenas 10 puntos a los antecedentes profesionales y académicos del postulante (que son de carácter objetivo), y el triple a la entrevista que mantenga ante el Consejo (que es de naturaleza subjetiva). Es decir, se incrementa el poder discrecional de los consejeros en detrimento de la verificación objetiva de la capacidad del aspirante, lo que contradice el texto constitucional que requiere criterios objetivos predeterminados de evaluación”.
Además, las dos instituciones cuestionaron las reformas a la ley de enjuiciamiento que podría aprobarse esta semana en la Cámara de Diputados. “Lejos de dotar de mayor juridicidad al jury, lo politiza más todavía”, afirmaron. “En vez de asegurar un juzgamiento de los jueces y funcionarios del Ministerio Público con todas las garantías del debido proceso constitucional prevé la precipitada suspensión en sus funciones de aquellos que sean denunciados, lo cual constituye una herramienta por demás peligrosa para que cualquier litigante disconforme -y temerario- recurra al mecanismo de la denuncia para sacar del medio de un litigio a un juez que le disgusta porque no lo favorece en sus sentencias”, acotaron.
