"Masterclass". "¡Grande Toto, mejor ministro de Economía de la historia!". "Mal día para ser kuka". Esos y otros triunfalismos aparecerán en la cuenta de Javier Milei en X el jueves de la semana que viene, cuando el INDEC dé a conocer el índice de inflación de agosto.
El dato constituirá un éxito para el Gobierno, reforzará su decisión de aferrarse a ese objetivo como el excluyente en la campaña electoral en ciernes y, a fin de cuentas, ayudará a imponer el tema como la lente principal con la que se examinará lo realizado en los últimos años por la extrema derecha.
Sin la presión de las vacaciones de invierno sobre los servicios y gracias a la moderación reciente de los precios de los alimentos, las proyecciones privadas anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado será menor que el 2,1% de julio. Además indican que quebrará a la baja el umbral del 2%, que sería el menor del año y que, con suerte y tuneo decimal mediante del instituto intervenido, podría acercarse al 1,5%. La núcleo –que anticipa tendencia por excluir precios regulados y estacionales– iría en caída libre. Habrá euforia.
Números son números y errarán quienes minimicen el logro, que con suerte ayudaría a ir llevando la inflación interanual –¡por fin!– por debajo del rebelde 30%.
Que el Presidente se haya ido varias veces de boca y prometido el imposible de un índice casi cero para esta altura del año no debe ocultar la realidad de que los procesos de desinflación son lentos y que registran avances y retrocesos.
El tema de fondo, carne de campaña, pasará en cambio por la sustentabilidad de un programa dependiente de una serie de controles y cepos, y por el debate sobre los costos impuestos a la sociedad para que, al final –¿del primer tramo?– del camino, Milei deje a la Argentina con una inflación equivalente a la que entregaron allá por 2015 los odiados kirchneristas.
En términos políticos, ¿alcanzaría con ese resultado para compensar el deterioro de las condiciones de vida que ha demandado?
¿Cepos? Claro que sí.
Para empezar, literalmente, por los límites que Toto Caputo y Santiago Bausili siguen aplicando a las empresas para acceder al mercado libre de cambios.
Pero además, ya en sentido metafórico, por la trama de controles que mantiene contenido el tipo de cambio para desesperación de los empresarios que lidian con importaciones baratas y liberadas. Se trata de la venta de contratos a futuro, de títulos dollar linked y hasta de billetes físicos cuando el mercado aprieta mucho, entre otras medidas, como la ralentización de las compras del Banco Central.
Asimismo, hay que señalar la severidad de la licuación impuesta a los salarios de los trabajadores del sector público, abiertamente celebrada por Milei como un beneficio para los ricos que tienen la gentileza de pagar impuestos a pesar de las facilidades oficiales para evadirlos o eludirlos.
Lo mismo cabe decir, desde ya, de las jubilaciones mínimas, erosionadas mes a mes debido a la doble Nelson de la mencionada subestimación del IPC y del congelamiento del bono de 70.000 pesos.
Finalmente, por la política de la Secretaría de Trabajo de pisar las paritarias en el sector privado, lo que le pone un ancla de hierro al consumo popular y, por consiguiente, a la posibilidad de muchas empresas de recomponer márgenes de ganancia.
El esfuerzo es enorme para que no haya malas noticias. A la decisión de dar de baja con todo el trabajo para la actualización de la canasta sobre la que se calcula la inflación –que se iba a basar en los patrones de consumo de 2017-2018, pero que seguirá regida por los jurásicos de 2004-2005– se sumó el acoso y derribo de Gabriel Esterelles, renunciante director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Agosto fue una batalla ganada para el Gobierno, pero septiembre trae una nueva.
Por eso, el gobierno "anarcointervencionista" –el oxímoron resulta impresionante– también gradúa los ajustes de las tarifas de servicios públicos de acuerdo con la evolución de la inflación.
Cabe recordar que ese ítem de la política oficial es crucial para el sostenimiento de un superávit fiscal presentado como la base del modelo, aunque en realidad sea producto tanto del ajuste como de una contabilidad creativa y de la apropiación, probablemente delictiva, de fondos de asignación específica.
Este mes, las facturas de luz tendrán un recargo de 1,75% y las de gas, uno de 1,4% en promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que supondrá una reducción del monto previsto para los subsidios a esos servicios. El año electoral, se puede suponer, impondrá todavía más cautela si el objetivo es llegar a los comicios con la menor inflación posible.
Por otro lado, según señaló Clarín, "el Gobierno volvió a postergar la actualización de los impuestos que pesan en las naftas y el gasoil y que debía comenzar a regir desde el [último] lunes. La decisión busca evitar una presión adicional sobre los precios de los combustibles que impacte en la inflación".
La preocupación por el costo de la energía –tanto en tarifas como en los surtidores– se vincula con lo que vuelve a pasar en el golfo Pérsico, esto es la recreación de la tensión entre dos partes –Irán y Estados Unidos– que no logran vencerse en el campo de batalla, pero que, a la vez, pretenden imponerse mutuamente condiciones de rendición.
Recrudecimiento previsible, por otra parte, conforme la República Islámica juega con la inminencia de las midterms de noviembre, en las que Donald Trump lidiará con un costo de vida impopular y se jugará la escala del poder con la que encarará la segunda mitad de su mandato final.
El retorno de las hostilidades volvió a frenar el tránsito de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz y disparó ayer el barril del crudo de Brent a 95 dólares y el WTI, de referencia en Estados Unidos y fundamental para el costo de la nafta y la inflación, a 90.
La cautela se explica por lo que pasa este mes con otros precios sensibles.
Las empresas de medicina prepaga y los colegios privados volverán a indexar sus cuotas de acuerdo con la inflación pasada.
La indexación –inercia pura– también impactará en la actualización de los alquileres.
Los subtes y colectivos del área metropolitana aumentarán 4,1%, lo mismo que los peajes porteños.
Por último, más allá de lo mencionado sobre la luz y el gas, el agua provista por AySA perderá el tope hasta ahora vigente del 3% mensual.
El mercado financiero ya pulsea en un anticipo de la incertidumbre electoral.
En agosto, el mes de la batalla ganada contra la inflación –que no es la guerra–, las acciones perdieron 12% en dólares y el riesgo país subió casi 20% y se acomodó de nuevo por encima de los 500 puntos básicos. Además, los argentinos con capacidad de ahorro siguieron aspirando grandes cantidades de dólares de las reservas y el Gobierno debió conformarse con contener al dólar por encima del umbral de 1500 pesos que venía defendiendo.
Como la economía doméstica no arranca y las actividades extractivas y exportadoras derraman poco, las dudas de los fondos de inversión apuntan al corazón del modelo.
¿Será sostenible una desinflación basada en tantas anclas?
¿Qué pasaría si se cortaran las amarras del mercado cambiario? ¿Es saludable que, como denuncia Carlos Melconian, Vaca Muerta termine en cajas de seguridad o en paquetes turísticos al Caribe?
¿Y si un gobierno debilitado por un sesgo negativo posible –no seguro– en el proceso electoral decidiera cebar un poco la actividad? ¿Resistiría la escalera inflacionaria descendente, pero de peldaños pequeños, esa eventual decisión?
Los decibeles de los discursos del Presidente, la escatología de sus posteos y agresiones a la prensa que pasan de las redes sociales a cajones vulnerados en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada son muestras de nerviosismo, cuyo crescendo llama la atención en un hombre poco definible por el equilibrio emocional.
Enfrente, el peronismo se debate entre decisiones de Cristina Fernández de Kirchner vinculadas, ya no estrictamente a la política, sino a su situación procesal y a la que se le viene encima a Máximo Kirchner. Parte de la militancia se decepciona ante la tregua propuesta a Comodoro Py, la que no cuenta ni siquiera con indicios de aceptación de la contraparte, y la pelea por el liderazgo toma una dinámica irreversible.
Pero el peronismo también tiene preguntas por responderle a una ciudadanía que cree cada vez menos en su dirigencia.
Si la inflación será el termómetro del 2027 electoral, ¿qué clase de narrativa podría esgrimir el perseverante Sergio Massa, el ministro que dejó el IPC de 2023 en 211%?
¿Y Axel Kicillof? ¿Qué le dirá a un electorado que desconfía de las credenciales del poskirchnerismo en esa materia fundamental y que, para reparar ese desorden, asumió los peligros de lanzarse al vacío de la mano de la extrema derecha?
La inflación que viene y los sacrificios que impone el camino elegido por el Gobierno para reducirla serán el tema dominante de la política. La hora del veredicto se acerca.
Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.
