La comisión que preside Bertie Benegas Lynch había encargado una auditoría y limitado la producción de trabajos técnicos. El fantasma del INDEC de Moreno.
Javier Milei no quiere más informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) quedó sin conducción a pocos días de la presentación del Presupuesto 2027, tras la renuncia de su director general, Gabriel Esterelles. La salida se produjo luego de una intervención impulsada por la comisión que preside Bertie Benegas Lynch y en medio de restricciones a la producción de informes técnicos del organismo.
La salida de Esterelles representa un golpe a la autonomía de la entidad creada por la ley 27.243 para sustentar con datos técnicos al Poder Legislativo. Tras la auditoría encargada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "por indicación directa de la Casa Rosada", la Comisión Supervisora oficializó a María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont como "directora interina" mediante la Resolución 010-CSP-2026.
El vaciamiento de la OPC evoca los cuestionamientos de manipulación de los organismos de medición en Argentina. La paralización del brazo técnico del Congreso genera un escenario análogo al que atravesó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en su etapa de cuestionamientos durante los gobiernos kirchneristas y en particular de la gestión de Guillermo Moreno, quien indujo cambios metodológicos sin base técnica en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Pero también, el portazo en la OPC se suma a la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC en la actual gestión. La salida del economista, que había logrado sostener cierta estabilidad técnica tras años de cuestionamientos al organismo, refuerza la hipótesis de un cerrojo coordinado sobre la producción de datos públicos.
En los pasillos del Congreso se lee este movimiento como un intento del Poder Ejecutivo por monopolizar los números de la economía. "Sin la OPC en funcionamiento, legisladores y la sociedad pasan a depender exclusivamente de la información que publica la Secretaría de Hacienda cuando se le ocurra publicar cosas", advierten fuentes parlamentarias.
Con la supresión de los informes que miden el impacto fiscal de las leyes, el Gobierno elimina la contraparte técnica capaz de invalidar los argumentos de "inviabilidad presupuestaria" que la Casa Rosada utiliza para vetar o frenar proyectos de la oposición.
El camino hacia la renuncia del director general se gestó mediante una fuerte presión política y administrativa. Según fuentes del Congreso consultadas por Letra P, "en la auditoria que acaba de terminar, le pidieron de todo. Duró como dos meses y medio. Mandaron a hacer la revisión porque la Casa Rosada estaba harta de los informes de la OPC".
El acoso no fue metodológico y operativo. Además de pedir hasta los comprobantes de peaje del vehículo oficial, la auditoría resolvió despojar a la OPC de su Servicio Administrativo Financiero (SAF), quitándole margen de maniobra. La situación financiera llegó a un límite extremo. "Actualmente, el organismo no cuenta con la disponibilidad de fondos asegurada para abonar los sueldos del personal técnico de aquí a fin de año", puntualizaron fuentes consultadas por este medio.
A esta asfixia se sumó el desarme previo del equipo de trabajo. En la Resolución 003-CSP-2026 de la Comisión Bicameral de Supervisión, aprobada el 2 de junio de 2026, se indica que se suspendió la incorporación de 15 analistas especializados que habían ganado un concurso entre más de 120 postulantes para reforzar la OPC.
"A mediados del año pasado el oficialismo le mostró las garras fuerte y le diezmaron el equipo. Desde que asumió la nueva conducción en la Comisión de Presupuesto, nunca más se pidió un informe de costo fiscal de los proyectos", señalaron en los pasillos de la cámara baja.
El desgaste arrastró no solo al director general —un técnico de 30 años de trayectoria que llegó al cargo en agosto de 2023 tras ganar un concurso público en el que superó al actual secretario de Hacienda, Carlos Guberman—, sino también a los coordinadores de Relaciones Institucionales y de Administración, quienes decidieron irse también.
La dimisión masiva y el bloqueo a las publicaciones autónomas ocurren en un momento crítico del calendario institucional: a pocos días de que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que por ley debe ingresar antes del 15 de septiembre.
En ese escenario, la oficina cumple un papel particularmente sensible, ya que funciona como una segunda mirada sobre las cuentas públicas que permite que los legisladores cuenten con una evaluación técnica propia. La OPC solía ser la voz más respetada para auditar las pautas macroeconómicas, la proyección de inflación y el nivel de transferencias a las provincias propuestas por el Palacio de Hacienda.
"Se está dando una transición que está afectando a todos", admiten fuentes del Congreso, quienes remarcan el impacto del clima laboral: "La auditoría se expidió con recomendaciones, pero lo que significó en los hechos fue un gran estrés y una enorme presión sobre la organización. Implicó un gran desgaste promovido para forzar el recambio".
Con la resolución firmada este 27 de agosto por la Comisión Bicameral, la OPC ingresa formalmente en una etapa de interinato bajo el mando de Pierrepont hasta que se llame a un nuevo concurso de oposición y antecedentes, cuyo mandato legal es de cinco años.
Sin embargo, en el recinto parlamentario crece el temor de que la institución quede reducida a una escribanía técnica al servicio de la Secretaría de Hacienda, eliminando la última trinchera de información económica independiente en el Estado nacional.
El texto oficial que establece a Pierrepont lleva la firma de los integrantes de la comisión supervisora: los senadores Agustín Monteverde y Silvana Schneider (UCR), junto a los diputados Benegas Lynch (LLA) y Daiana Fernández Molero.
