La provincia alertó sobre la presencia del invasor extranjero en el sur de la Patagonia. Adrián Ravier dijo que "el accionar del buque no viola ninguna ley".
Tierra del Fuego: un petrolero británico en Ushuaia encendió la alarma por la soberanía
El amarre del petrolero británico VS Promise en el puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, puso al gobierno de Javier Milei de nuevo en el centro de la agenda nacionalista en la que quedó sepultado a partir del Mundial de fútbol por la bandera que reivindicó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas tras el partido contra Inglaterra.
Ahora, la presencia del buque con la bandera de la potencia invasora en el Atlántico Sur expuso otra vez la injerencia extranjera en un territorio estratégico y, a la vez, la por lo menos dubitativa posición del Ejecutivo libertario.
El gobierno provincial repudió la operación y reclamó a la Casa Rosada que explique bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos autorizó que un buque de bandera británica opere en la capital fueguina. El Gobierno contestó a través del vocero presidencial, Adrián Ravier. "Fue el propio gobierno fueguino el que avaló el ingreso del buque", afirmó en su conferencia de prensa de este martes.
El VS Promise había cargado crudo en la terminal de Río Cullen, en el norte de la isla, y luego llegó a Ushuaia para aprovisionarse. Tras permanecer amarrado por algunas horas, abandonó la ciudad durante la noche del lunes. Sin embargo, su presencia volvió a disparar el debate que viene ganando cada vez más espacio en la escena nacional y experimentó su cenit durante la discusión por las modificiaciones a la Ley de Tierras que impulsó el gobierno libertario.
El puerto de Ushuaia se encuentra intervenido por la Nación desde enero por supuestas irregularidades financieras, denuncias de desvíos de fondos y déficit de infraestructura y seguridad. En Tierra del Fuego insisten que el episodio del petrolero debe analizarse junto con otras decisiones recientes de la Casa Rosada que, desde la mirada provincial, afectan intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.
La discusión tiene un punto jurídico concreto. La Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, establece la prohibición de permanencia, amarre, abastecimiento u operaciones logísticas en territorio fueguino de buques de bandera británica o de conveniencia que realicen actividades vinculadas con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas, además de contemplar buques militares.
La Casa Rosada, sin embargo, sostiene una interpretación diferente. El vocero presidencial afirmó que el VS Promise “no viola ninguna ley” y argumentó que el buque originario de las Islas de Man había cargado petróleo en territorio argentino, en la cuenca de Río Cullen, al norte de la isla grande de Tierra del Fuego, y que la restricción de la normativa fueguina alcanza a embarcaciones vinculadas con la exploración o explotación de recursos en la cuenca Malvinas.
También sostuvo que la autorización inicial para el ingreso del buque correspondía a la jurisdicción provincial por tratarse de una operación vinculada a una monoboya provincial. "No hay pérdida de soberanía ni riesgo para Argentina. El aprovisionamiento del buque también genera actividad económica en Tierra del Fuego. En todo caso, es una cuestión que está bajo la jurisdicción del gobierno provincial", aseguró, apuntando a la gestión de Gustavo Melella.
El crudo fue extraído por el consorcio operado por la francesa Total Energies y conformado por Pan American Energy (PAE) y la alemana Wintershall Dea; cuyos activos de exploración y producción fueron absorbidos internacionalmente por la británica Harbour Energy.
El gobierno fueguino, por su parte, lee el episodio dentro de una sucesión de decisiones nacionales que tienen como escenario a Ushuaia y al Atlántico Sur y que ponen en jaque a la soberanía.
Además de la intervención del puerto, en Tierra del Fuego cuestionan la decisión de Milei de poner a la venta terrenos pertenecientes a la Armada Argentina en distintos puntos de Ushuaia, una medida que fue cuestionada por referentes de la política fueguina por tratarse de espacios con valor estratégico para la defensa y el desarrollo urbano de la ciudad.
El nuevo episodio se suma al debate por la extranjerización de tierras. En julio, mientras la atención pública estaba concentrada en el Mundial, el oficialismo intentó avanzar en el Senado con la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que eliminaba restricciones a la adquisición de tierras por extranjeros. La iniciativa no consiguió avanzar y el Gobierno terminó retirando ese capítulo del proyecto.
En Tierra del Fuego, esa discusión adquirió una dimensión adicional por tratarse de una provincia donde la cuestión territorial está atravesada por el reclamo de soberanía sobre Malvinas y por su ubicación estratégica frente al Atlántico Sur.
A la lista se suma la relación cada vez más estrecha entre el gobierno de Milei y Estados Unidos en materia de defensa. En abril de 2024, Milei llegó a Ushuaia para reunirse con la entonces jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, en el predio donde se desarrolla la Base Naval Integrada. El propio gobierno nacional presentó entonces al proyecto como una infraestructura destinada a fortalecer la logística argentina hacia la Antártida y el Atlántico Sur.
En 2025, además, la presencia del jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, volvió a poner a Ushuaia en el radar estratégico de Washington. La visita incluyó reuniones sobre el futuro de la Base Naval Integrada y el desarrollo de infraestructura logística antártica. En enero de 2026, incluso, una delegación de senadores estadounidenses llegó a Ushuaia en medio de un fuerte hermetismo.
