Imagen: Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. 
PROYECTO LITIO

Triángulo del litio: tres políticas de gobernanza

Argentina, Bolivia y Chile concentran el 58% del recurso a nivel mundial y han tenido, históricamente, estrategias diferentes para su explotación.

Un triángulo imaginario trazado sobre la triple frontera Argentina-Bolivia-Chile contiene el 58% del recurso litio del mundo. Sin embargo, hasta hoy, las estrategias para su explotación fueron históricamente distintas y paralelas.

Chile tiene mucha historia sobre la gobernanza del litio. El expresidente Salvador Allende lo consideró un recurso estratégico nacional. El dictador Augusto Pinochet impuso una mirada más liberal sobre la forma de explotación del recurso. Más adelante, Michelle Bachelet creó la Comisión técnica del Litio, que impuso los nuevos contratos a las empresas. Sebastián Piñera renovó esos contratos antes de terminar su segundo mandato y el actual presidente, Gabriel Boric, aseguró que fue un “histórico error privatizar los recursos” y prometió crear la Empresa Nacional del Litio, que todavía es proyecto.

Hoy, Chile tiene la explotación por privados y el Estado fue aumentando regulaciones. Hay dos empresas instaladas en el Salar de Atacama: la estadounidense Albemarle Corp. -principal proveedor de litio en el mundo- y SQM, donde participa el gigante chino Tianqi Lithium. El gobierno chileno renegoció los contratos con las empresas operadoras y comenzó a cobrarles más regalías (entre el 20 y el 40%). Además, estableció que el 25% del litio chileno se lo deben vender a empresas locales que lo industrialicen.

Bolivia

La Constitución define al litio como un recurso nacional estratégico y cuenta con un marco normativo específico. En 2017, el expresidente Evo Morales creó la empresa pública nacional Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el gobierno del Estado plurinacional de Bolivia controla la propiedad, el acceso, la explotación y la producción de carbonato de litio.

Los analistas aseguran que la estrategia integral de explotación del litio y el desarrollo de la cadena de valor por parte del Estado boliviano está en escala piloto y no está exenta de dudas sobre su resultado final. La participación privada está restringida y con muchos condicionantes sobre algunos tramos de la cadena, como la fabricación de baterías y sus componentes, en todos los casos con participación del Estado.

Argentina

El debate sobre de qué modo el litio podría impulsar la industrialización en el norte del país es muy reciente y disparado por el boom en la demanda del recurso y no cuenta con un marco regulatorio específico. Hay tres normas de la década del 90 que prefiguran la actividad: el artículo 124 de la Constitución Nacional, que define que las provincias son las dueñas del recurso; el Código de Minería, que indica que las empresas que solicitan los derechos a explorar y explotar los recursos pagan regalías a la provincia -menor al 3% del costo del producto en boca de mina-, y una tasa a los dueños de los terrenos. También tributan otros impuestos como empresas nacionales, IVA al Estado nacional e Ingresos Brutos a las provincias.

La Mesa del Litio, que conformaron los gobernadores de la región litífera (Salta, Jujuy y Catamarca), intenta generar consensos entre las provincias y la Nación para lograr mayor control estatal. De las tres provincias que la integran, Jujuy dio un paso adelante y declaró las reservas minerales de litio recurso estratégico para el desarrollo provincial, algo que acaba de hacer también La Rioja, aunque aún está en etapa exploratoria. ¿Será el próxima paso a nivel nacional?

Temas
.Crédito: Prensa UNLP.
Presidente Javier Milei.

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