Los choferes del TALP iniciaron una medida de fuerza tras la agresión a un conductor. El recuerdo del trabajador asesinado y la promesa incumplida de las cámaras.
Sergio Massa ordenó auditar la gestión de D'Onofrio
Otro paro de choferes de colectivos en Buenos Aires, en este caso de la empresa TALP, vuelve a posar las miradas sobre el ministro de Transporte, Jorge D'Onofrio. La medida de protesta se activó tras la agresión a un chofer que terminó en un reclamo de sus compañeros por más seguridad en las unidades.
Se trata de los conductores del TALP 338 y 406 La Costera, quienes iniciaron una medida de fuerza sorpresiva tras un hecho de violencia contra un conductor de la línea 338 que une La Plata con San Isidro (338). La noticia se conoció a través de las redes sociales. "Los coches circulando con banderas apagadas y después a guardar", se informó a través de una de las cuentas. "Los coches terminan el recorrido y no salen hasta nuevo aviso", agregaron.
Nuevamente las críticas apuntan al ministro de Transporte bonaerense, quien en abril de 2023 culpó a las empresas de transporte por no colocar las cámaras de seguridad que, según indicó, el Estado provincial había adquirido. No obstante, las críticas hacia el Ejecutivo provincial se posaron sobre la falta de control y seguimiento a las empresas en la colocación del sistema de monitoreo. Aquellas declaraciones surgieron luego del asesinato del chofer Daniel Barrientos y el paro de colectiveros, cuando aseguró que pese a la inversión del Gobierno en seguridad, hay muchas mejoras que las empresas no hicieron.
“La idea es que muy pronto tengamos en marcha el centro de monitoreo con toda la tecnología, con inteligencia artificial”, había señalado D'Onofrio. Según un decreto que firmó en 2018 el gobierno de María Eugenia Vidal, las empresas del transporte colectivo de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal iban a contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo. A más de seis años de esa normativa, son pocas las empresas que cumplen y casi nulo el control del área de Transporte bonaerense.
Todo se da en el marco de la investigación que el fiscal Álvaro Garganta ordenó hace unos días con allanamientos vinculados a un supuesto esquema de coimas con las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La Justicia está investigando un entramado de retornos e información privilegiada que habría montado D'Onofrio con asistencia de un grupo de jueces de Faltas y abogados a cargo de gestorías.
Las oficinas allanadas la semana pasada pertenecen a una empresa intermediaria de la VTV, ubicada en La Plata. Los agentes de la Unidad de Delitos Complejos buscaron documentación vinculada a licitaciones públicas, registros contables y softwares de la compañía, que podrían ser clave para la causa. La denuncia inicial, presentada por un particular, señaló que la red opera no solo en la capital bonaerfense sino también en toda la provincia.
El expediente judicial detalla la existencia de una "estructura criminal" acusada de borrar multas mediante el pago de coimas, causando un daño millonario al Estado. Las autoridades continúan avanzando en las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La justicia Federal de Campanatiene a D'Onofrio, su pareja Claudia Pombo y un funcionario cercano, Mario Quattrocci, bajo sospecha.