A la jefa de La Libertad Avanza le faltaron firmas del PRO, Camau Espínola y Maximilano Abad. La UIA exigió aumentar el porcentaje de compre nacional.
Comisión de Presupuesto y Hacienda, para tratar el Súper-RIGI.
El proyecto de Super-RIGI quedó congelado en el Senado, porque Patricia Bullrich no pudo reunir las firmas para dictaminar, por la resistencia de un sector de los aliados, que, minutos antes del plenario, le exigió a la senadora mayores beneficios para la industria local. La jefa del bloque La Libertad Avanza concedió algunos cambios, pero no alcanzaron.
Hubo un pedido para aumentar el porcentaje de Compre Nacional y avalar precios más altos para proveedores locales. No fueron aceptados por el oficialismo. Faltaron dos aliados por comisión y el despacho quedó en suspenso. Bullrich tratará de sumarlos en las próximas semanas.
Hasta que no consiga esas firmas, la jefa oficialista no tendrá el despacho final para llevar al recinto y es por eso que empezó a resignarse. “Si hay que desnaturalizar el proyecto, lo mejor es que siga el RIGI actual”, dijo la senadora al salir del plenario. Será una definición que tomará la mesa política en la Casa Rosada.
El problema de Bullrich fue que no quisieron poner sus rúbricas los radicales Maximiliano Abad y Eduardo Vischi, quienes se diferenciaron de sus compañeros de bancada; ni tampoco Martín Goerling Lara y Victoria Huala (PRO) y Carlos Espínola (Provincias Unidas).
Según confirmaron a Letra P fuentes de estos bloques, estos senadores mantuvieron contactos con referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y llevaron nuevos reclamos a la reunión que Bullrich convocó con aliados, poco antes del inicio del plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía Nacional y Legislación General. La exministra no incorporó estos planteos al texto y estos cinco aliados se negaron a participar del plenario.
La reunión tenía como primer tema el Régimen de Incentivo Para Inversiones Relevantes (RIMI), un sistema promocional para las empresas locales que propone Vischi. No pudo despacharse porque la reunión comenzó tarde y el correntino aprovechó su bronca para esquivar su firma en el RIGI, que sí avalaron otros senadores radicales, como Rodolfo Suárez y Mariana Juri (Mendoza); y Daniel Kroneberger (La Pampa).
El diputado libertario Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto, leyó las modificaciones. Una es para asegurar que el compre nacional del 20%, incorporado en Diputados, garantice la totalidad de la inversión al pago de proveedores. Por si acaso, se retocaron otros artículos para aplicar sanciones a quienes no cumplan esta obligación.
Este fragmento es el que la UIA quería modificar. Buscó llevar el porcentaje a 40% y restringirlo a bienes. Quieren evitar que se contraten servicios profesionales y de esa manera cubrir el cupo. Abad y Espinola llevaron el reclamo a la reunión que armó Bullrich y no prosperó. Además, el PRO exigió que los inversores estén obligados a contratar industrial local, en caso de que oferte 15% por encima del valor.
Un cambio que sí aceptó La Libertad Avanza fue la obligación de acreditar la disponibilidad del servicio eléctrico y abastecimiento que contribuya a la demanda sin afectar el sistema local. Deberían medir hasta el umbral de potencia.
Una modificación que impuso la UIA es para especificar las inversiones. El RIGI era restringido y esta versión no tiene límites. El dictamen que no se llegó a firmar, reducía los beneficiarios a quienes estén a cargo de “inversiones destinadas a generación y desarrollo, explotación de nuevas actividades económicas”, para mejorar “todo proyecto industrial tecnológico”.
Además, los proyectos no podrían dedicarse a inversiones preexistentes. Con estos cambios, se restringe el potencial de inversores.
El RIGI es el Registro de Incentivo a las Grandes Inversiones, que fue aprobado junto a la ley Bases. Consiste en darle beneficios fiscales y cambiarios a quienes aporten u$s 200 millones.
La versión ampliada, que ahora quedó congelada, incrementa el aporte mínimo a u$s 1000 millones, con la obligación de invertir un 20% de ese monto durante los primeros dos años. Contempla cinco años para ingresar al sistema y las ventajas estarán vigentes durante tres décadas.
A diferencia del esquema vigente, las adjudicaciones son ser para rubros diversos y sólo se solicita que sean "genuinamente nuevas", la terminología corregida en el dictamen que no llegó a despacharse.
En la oposición sospechan que la iniciativa buscó un traje a medida para la radicación en el país del empresario Peter Thiel, ceo de Palantir. Es uno de los que más puede demandar energía. Sus planes podrían quedar postergados.
