La Justicia Federal de Santa Cruz frenó de manera provisoria la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por Javier Milei a raíz del impacto ambiental que podría derivarse con cambios introducidos. La medida fue dictada por el juez Claudio Vázquez y ordena al Estado nacional abstenerse de ejecutar o autorizar decisiones basadas en la nueva normativa.
La decisión se conoció el mismo día de la publicación de la reforma en el Boletín Oficial. El juez Vázquez dispuso que la cautelar rigiera hasta la emisión de una sentencia definitiva sobre el amparo colectivo.
La presentación fue impulsada por autoridades de El Calafate, que alertaron sobre los riesgos de modificar el esquema de protección vigente en materia ambiental.
mineria agua rigi ley de glaciares
Javier Milei y la ley de Glaciares: la cruzada religiosa por el agua
Reforma de la Ley de Glaciares y cuestionamientos ambientales
La reforma promovida por el gobierno deMilei implicaba una reducción de las áreas protegidas. También habilitaba actividades hasta entonces prohibidas en zonas consideradas sensibles.
Según la demanda judicial, la modificación representaba una regresión en los estándares de tutela ambiental. Ese punto entraba en tensión con el artículo 41 de la Constitución Nacional.
El planteo sostuvo que la normativa vigente establecía presupuestos mínimos de protección que no podían ser reducidos sin afectar derechos ambientales.
ley_de_glacciares_la_importancia_del_hielo-01
La Justicia frenó la Ley de Glaciares.
Fallo judicial en Santa Cruz y alcance de la cautelar
El juez Vázquez advirtió sobre posibles consecuencias negativas para los glaciares y el ambiente periglacial. Señaló la relevancia estratégica de esos ecosistemas a nivel local, regional y global.
El magistrado también remarcó que cualquier cambio normativo podía impactar en el desarrollo económico de las regiones involucradas. Además, indicó que la habilitación de actividades incompatibles con el régimen vigente podía generar daños difíciles de revertir.
Mientras avanzaba el proceso judicial, los efectos de la reforma quedaron suspendidos en territorio de Santa Cruz. La decisión reabrió el debate sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y preservación ambiental en la Argentina.