RECALCULANDO TARIFAS

El subte PRO aumentó ocho veces más que la inflación y siete más que el salario

En abril, el boleto de subterráneo llegará a un incremento acumulado del 1000% desde 2012, cuando el servicio pasó a manos de la Ciudad. En ese lapso los sueldos subieron 161% y los precios, 147%.

El aumento de la tarifa del subterráneo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta implementará a partir de abril representará un acumulado de 1000% en los más de seis años de gestión PRO del subte. Ese incremento será ocho veces mayor a la evolución inflacionaria oficial, medida por el propio Gobierno de la Ciudad, y siete veces la de los salarios, registrados en el índice RIPTE –que elabora el Ministerio de Trabajo de la Nación-, en el mismo plazo.

 

El boleto costaba $1,10 a principios de 2012 y en abril de 2018 llegará a los $11, según confirmó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte porteño. Eso representa un incremento del 1000% durante estos seis años en que la Ciudad administra el servicio terrestre de pasajeros, merced al convenio firmado entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri a fines de 2011. En junio de 2018, el valor del boleto se irá a $12,50.

 

 

Desde julio de 2012 hasta noviembre de 2017, según números del Índice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), la inflación acumulada fue del 147,2%. En tanto, de acuerdo a mediciones del Ministerio de Trabajo de la Nación, que mide la evolución salarial de trabajadores formales, el promedio de los incrementos en la remuneración desde enero de 2012 a octubre de 2017 fue del 161,2%.

 

Los aumentos de la Ciudad -también suben los parquímetros y los taxis- van en línea con los anunciados esta mañana por el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, que aplican para trenes y colectivos metropolitanos. El gobierno de Larreta adelantó que se plegará al sistema multimodal, que se integrará por trenes, subtes y colectivos. En el primer viaje se pagará el valor total del pasaje, en el segundo viaje se aplicará un 50% de descuento y, a partir del tercer viaje, el descuento subirá al 75%, según informó el ministerio porteño que conduce Franco Moccia.

 

 

 

El PRO controla el subte desde enero de 2012, cuando tomó las riendas del servicio tras un acuerdo con la Casa Rosada. Apenas se firmó el convenio, el kirchnerismo le delegó al oficialismo porteño la “potestad tarifaria” hasta tanto se negociaran los aspectos específicos del traspaso y la Legislatura de la Ciudad aprobara la nueva normativa. Al tomar el subterráneo, Macri aumentó el pasaje un 127% y pasó de $1,10 a $2,5, empezando a regir desde el 6 de enero. Durante todo 2012 el gobierno de Macri controló el subterráneo con aportes nacionales y desde 2013 lo hizo en soledad, con el marco regulatorio de la ley aprobada el último mes de 2012 por la Legislatura porteña.

 

 

 

En diciembre de 2012 la Legislatura sancionó la Ley N°4472 y se estructuró el control y la administración del subterráneo por parte del Gobierno porteño, a través de la sociedad de estado Subterráneos de Buenos Aires (Sbase). La operación continuó a cargo de Metrovías, aunque hubo modificaciones en el contrato. Por estas horas, como informó Letra P, Rodríguez Larreta trabaja en un nuevo contrato para abrir espacio a empresas extranjeras y la compañía del Grupo Roggio continuará con el servicio hasta el 31 de diciembre del corriente. Sin embargo, la firma que opera todas las líneas del subte no pierde las esperanzas y piensa anotarse en la nueva licitación, posiblemente con un socio extranjero, tal cual reclama la administración porteña, mientras espera avanzar en negociaciones con empresas europeas.

 

Con menos de un año al frente del servicio, el macrismo volvió a autorizar un nuevo incremento y la tarifa subió a $3,50. Vale aclarar que con la nueva legislación el valor del pasaje lo fija el Gobierno porteño y debe llamar a audiencia pública para escuchar al sindicalismo, usuarios y organizaciones sociales. En marzo de 2014 el subte aumentó a $4,5 y y en 2016, con Larreta al frente del Ejecutivo, la tarifa ascendió a $7,50, con una fuerte resistencia gremial y política, que complicó el proceso de audiencia pública.

 

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba. 
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