La negociación por cargos judiciales terminó con concesiones políticas, más pliegos aprobados y el retiro de una iniciativa impulsada por la Casa Rosada.
La aprobación de los pliegos judiciales en el Senado dejó al descubierto una negociación que tuvo como objetivo central garantizar el nombramiento de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y que obligó al Gobierno a ceder en cada instancia del proceso para alcanzar ese resultado.
Todo comenzó durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles. Allí se acordó avanzar con los primeros 50 pliegos judiciales según el orden de llegada de los expedientes. La interpretación fue unánime entre los bloques: se votarían únicamente los primeros 50 trámites que habían completado todo el recorrido administrativo y parlamentario.
Sin embargo, cuando quedó en evidencia que bajo ese criterio el expediente vinculado al hijo de Rosatti no formaba parte de ese grupo, se abrió una nueva ronda de negociaciones para modificar el esquema acordado.
La primera alternativa que evaluaron los sectores involucrados fue alterar la nómina original de 50 expedientes. La propuesta encontró rápidamente resistencia entre los bloques aliados, que reclamaron revisar caso por caso qué nombres debían ingresar y cuáles quedar excluidos. Ante ese escenario, surgió una salida alternativa: ampliar el acuerdo y elevar el número total de pliegos a tratar hasta 73.
La discusión no terminó allí. Una vez iniciado el debate en el recinto, el bloque de Unión por la Patria recordó que el entendimiento alcanzado en Labor Parlamentaria contemplaba exclusivamente los primeros 50 expedientes y que cualquier modificación requería una mayoría especial para ser habilitada.
Ese planteo derivó en un cuarto intermedio que volvió a trasladar la negociación fuera del recinto. Según reconstruyeron fuentes parlamentarias, la condición que apareció entonces fue directa: si el oficialismo pretendía asegurar la aprobación del pliego vinculado al hijo de Rosatti, debía habilitar la votación del conjunto de los expedientes pendientes.
La respuesta del Gobierno fue afirmativa. El oficialismo aceptó ampliar el alcance del acuerdo para evitar que el expediente quedara fuera de la votación.
Pero la necesidad de cerrar el entendimiento abrió una nueva ventana para las demandas opositoras. Consciente de la urgencia oficial, el kirchnerismo elevó el precio político de la negociación y sumó otro requisito: postergar el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que la administración de Javier Milei exhibía como una de sus banderas legislativas.
La nueva exigencia también fue aceptada. De ese modo, la sesión concluyó con un resultado que excedió ampliamente la aprobación de un único pliego.
Para garantizar el nombramiento del Emilio Rosatti, el oficialismo terminó avalando la incorporación de 23 expedientes adicionales a los inicialmente previstos, resignó el avance de uno de sus proyectos legislativos y aceptó la votación del pliego de Micheli, pese a que el propio presidente Javier Milei había impulsado previamente su retiro.
La secuencia dejó una lectura compartida entre distintos sectores del Senado. Más allá del resultado formal de la votación, la discusión se concentró en el volumen de concesiones que el Gobierno estuvo dispuesto a realizar para alcanzar un objetivo puntual.
Por eso, la principal incógnita que dejó la jornada no pasa por identificar quién reunió más votos en el recinto. La pregunta que sobrevuela la negociación es otra: cuánto estuvo dispuesto a entregar el oficialismo para garantizar la aprobación de un solo pliego.
