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La reforma de seguridad de Maximiliano Pullaro II: menos defensores públicos, más abogados privados

El Poder Ejecutivo quiere reducir el Servicio Público de la Defensa Penal y tercerizar en estudios jurídicos. Eficiencia y costos como leit motiv.

El plan del gobernador Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para reformar la seguridad pública y la Justicia incluye modificaciones y, sobre todo, un achicamiento de la defensa penal pública. A la par del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que reúne a los fiscales, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal entró en funcionamiento hace diez años y es su contrapeso en el sistema adversarial, donde fiscales y defensores, y querellantes si hubiera, se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial que resuelve.

El cambio más importante que propone el Ejecutivo es reducir el equipo de 78 defensores actuales a algo más de 30 y reforzar la posibilidad, habilitada por ley, de que los suplanten abogados de la matrícula y que esos honorarios los cubra el defendido. La disminución de funcionarios sería progresiva y pasiva a medida que se vayan produciendo, es decir no se completarían las vacantes por jubilación o renuncias.

En concreto, el proyecto de ley prevé una mayor descarga de casos en defensores particulares, mediante convenios con los Colegios de Abogados de la provincia y con estudios jurídicos. El mecanismo hoy está previsto en la ley, pero no se implementó en la cantidad de casos que se esperaba.

El incentivo de esa tercerización responde a motivaciones económicas y desde el gobierno no lo ocultan. El propio Pullaro disparó la frase que anticipaba esta reforma el día que asumió. Ante la Asamblea Legislativa sostuvo que Santa Fe tiene una "Justicia cara e ineficiente", y adelantó los proyectos de "renovación".

El proyecto ya generó resistencias desde la Defensa Pública. La jefa de los y las defensoras de la provincia, Estrella Moreno Robinson, envió una nota a la Legislatura pidiendo apertura al diálogo antes de dar la discusión y agentes de la circunscripción Rosario firmaron un comunicado similar, en el que plantean las reservas que tienen sobre los cambios propuestos.

En el segundo párrafo del escrito sostienen que la reducción del cuerpo de defensores y la tercerización del Servicio de Defensa Penal conllevan una “clara concepción ideológica de debilitamiento” y que la mayor preocupación es sobre “la forma en la que se reglamenta la tercerización”.

En su escrito, Moreno Robinson le pone porcentajes a la discusión y marca que del total de causas que ingresan al Sistema de Justicia Penal, entre el 75% y el 90% cuentan con asistencia jurídica pública. La cifra asciende al 100% de los casos en la fase de ejecución de la pena, cuando las personas condenadas dejan de tener asistencia privada para contar con asistencia pública.

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Desde Casa Gris, responden estas críticas con una evaluación sobre el sistema en su conjunto: “La reforma tiene por objetivo optimizar la carga de trabajo, ver qué necesidad hay realmente en todo el sistema y potenciar el ejercicio de la profesión liberal. El Servicio Público de Defensa Penal arrancó con una estructura parecida a la del Ministerio Público de la Acusación (fiscalía), pero la realidad muestra que no es la misma carga de trabajo.

Aducen que mientras los fiscales intervienen desde la comisión del hecho delictivo, la tarea del defensor entra en escena recién cuando hay un autor posible y va a audiencia. La Defensa Pública sí tiene más ejercicio en juicios orales y sobre la ejecución de pena. Es otra dinámica de trabajo”.

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El criterio sobre qué casos tomarían los defensores públicos, en principio tendría que ver con la urgencia y con las posibilidades económicas del imputado. Puede ocurrir que, en la primera audiencia, por la velocidad del caso, intervenga un defensor público, pero luego quede abierta la posibilidad de que el resto del litigio lo lleve adelante un abogado particular. Otro criterio puede tener que ver con temáticas específicas o casos concretos, o por el alto perfil, o por el impacto social del caso, en los que la Defensa Pública de la provincia decida intervenir.

La negociación se avizora difícil en la Legislatura. Como moneda de cambio, según fuentes políticas, parte de la discusión podría saldarse incluyendo un reclamo de larga data de los y las defensoras, que quedó afuera del proyecto del Ejecutivo, que es el armado de la carrera de organismo, es decir en qué tiempos y en qué términos pueden ascender.

El proyecto que modifica la ley orgánica del MPA sí incluyó la carrera judicial dentro del organismo y prevé cuatro escalones posibles, con la antigüedad como eje de ese ascenso. Como ley espejo, podría incluirse un esquema similar para el Servicio Público de la Defensa Penal.

La fiscal general de la provincia ordenó la intervención del Organismo de Investigaciones. de Maximiliano Pullaro.
Fiscal de Estado. “Se tiene que cerrar la parte judicial de esa tremenda historia”, dijo Rondina. 

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