La ausencia de una normativa en Tucumán que garantice la participación igualitaria de hombres y mujeres se evidencia en las listas para las elecciones de este domingo. Además, la violencia política aparece como una barrera constante para las mujeres y diversidades que apuntan a ocupar lugares de poder.
El panorama es poco alentador para la participación política de las mujeres. Se trata de una de las dos provincias donde no hay Ley de Paridad. Esto explica, en parte, la ausencia de candidatas. Además, aunque la Ley de Cupo Femenino está vigente desde 1995, el entrecruzamiento con la Ley de Acoples (una variante tucumana de los lemas) posibilita que muchas listas no cumplan ni siquiera con la cuota del 30% de mujeres.
Lorena Núñez, referente de Los Irrompibles y militante por la paridad, sostiene que en Tucumán no existe la voluntad política para acompañar la aprobación de la Ley: “La paridad atenta contra los Acoples conformados por varones. La mayoría son legisladores en funciones y apuntan a la reelección. Votar a favor de la Ley rompería esos acuerdos”.
Según la información recopilada por DataGénero, sólo cuatro de los ocho espacios políticos que se presentaron propusieron candidatas mujeres para la gobernación o la vicegobernación. En la Legislatura, un relevamiento elaborado por la Secretaría de Asuntos Públicos del Ministerio del Interior revela que el 81% de los cargos están ocupados por varones.
Para Roxana Mujica, integrante de la Mesa Paridad Tucumán, la falta de normativa implica falta de representación de mujeres y lgbtqi, por lo que las problemáticas que atraviesan a estas poblaciones -tales como la brecha salarial o la feminización de la pobreza- no son tomadas en cuenta a la hora de proponer proyectos de ley orientados a responder a sus necesidades.
Las activistas feministas en Tucumán coinciden en un punto: la provincia se encuentra muy atrasada en materia de género y la implementación de políticas orientadas a disminuir la desigualdad suelen generar resistencia. En parte, las dificultades para aplicar algunas leyes relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, se explican a través del vínculo estrecho entre los sectores religiosos y la clase política.
En 2018, la Legislatura sancionó una resolución que declaró “provida" a Tucumán. El proyecto, presentado por Sandra Mendoza y Enrique Orellana, fue aprobado con 39 votos a favor y 4 en contra. Por otro lado, varias candidaturas recientes, como la de la pastora Ana Valoy en 2021 -una de las principales opositoras a la Ley Micaela y a la Ley de Educación Sexual Integral- tienen el respaldo de las iglesias evangélicas más conservadoras.
“Los demás legisladores sólo me saludaban si yo estaba acompañada por Federico Masso. En cambio, si aparecía sola ni me miraban”, cuenta Florencia Guerra, candidata a vcegobernadora por Libres del Sur. El relato condensa la aridez cotidiana a la que deben enfrentarse aquellas mujeres que ocupan lugares de poder. La lista que integra Guerra está compuesta por un 80% de mujeres y, entre las propuestas, incluye varias medidas destinadas a bajar el alto índice de femicidios y a fortalecer los mecanismos existentes ante la violencia de género. Durante la campaña ella se sintió muy apoyada por sus compañeros de militancia. No obstante, reconoce que su caso constituye una excepción y que es muy frecuente que las mujeres reciban maltrato dentro de sus propios espacios políticos.
El 7 de diciembre de 2022, el intendente peronista de Famaillá, José Orellana, fue condenado a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por abusar sexualmente de una empleada del Congreso. Apenas un día después de la condena, anunció que participaría de las elecciones provinciales. En la actualidad, Orellana mantiene su cargo de intendente y este domingo competirá por una banca en la Legislatura. Este caso constituye una evidencia de la impunidad de la que gozan ciertos referentes políticos en la provincia.
Si bien es cierto que la situación actual no es demasiado alentadora, hay quienes no pierden la esperanza y confían en la expansión de la ola paritaria. “La resistencia ante la implementación de la Ley de Paridad generó un movimiento fuerte de organizaciones feministas que pelean por la participación igualitaria de las mujeres”, remarca Silvana Lorena Medida, secretaria de la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Tucumán, y agrega: “El desafío de las mujeres tucumanas es romper las barreras. La meta es no detenerse y seguir luchando”.
