La provincia reglamentó el régimen penal juvenil y adecuó sus organismos para ejecutar nuevas penas. Detalles de la aplicación. La apuesta por la línea dura.
El gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó con la implementación en Santa Fe del nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajó de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad. La decisión se conoció en medio de la polémica abierta en la provincia de Buenos Aires, donde una jueza suspendió preventivamente la aplicación de la ley por 60 días.
Mediante el Decreto 1809/2026, publicado en el Boletín Oficial, la Casa Gris aprobó un Reglamento Autónomo de Implementación de la Ley 27.801. La norma lleva las firmas de Pullaro, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
La decisión santafesina no es estrictamente una adhesión. La provincia reconoce la aplicación directa de la legislación penal sancionada por el Congreso, incluida la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema, pero conserva bajo su órbita las competencias procesales, administrativas, organizativas y de ejecución.
De esta manera, acepta las nuevas reglas de fondo y acomoda su propia estructura para aplicarlas. Ese movimiento, además del aspecto técnico, encaja en la línea política que Pullaro viene sosteniendo desde el inicio de su gestión en materia de seguridad en sintonía, por ejemplo, con el paquete de leyes que se discute en la Legislatura provincial.
El decreto establece que el proceso contra adolescentes continuará regulado por la Ley provincial 14.228 y, de manera supletoria, por el Código Procesal Penal santafesino. La ejecución de las penas privativas de libertad se organizará bajo la Ley 14.243 y el nuevo reglamento.
De esta manera, Santa Fe distingue entre las normas penales de fondo, que corresponden a la Nación y se aplican obligatoriamente, y los aspectos procesales, administrativos y operativos que permanecen bajo jurisdicción provincial.
La Secretaría de Asuntos Penales tendrá a su cargo la gestión y ejecución de las penas privativas de libertad, domiciliarias, en institutos abiertos o establecimientos especializados. Por su parte, la Secretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia deberá impulsar las medidas socioeducativas.
El esquema exige además una coordinación con las áreas de salud, educación, capacitación laboral y desarrollo social. Las medidas nacionales podrán ejecutarse mediante programas provinciales ya existentes, siempre que no se modifique su finalidad ni las condiciones fijadas por el juez.
Al aproximarse un adolescente detenido a los 18 años, las autoridades deberán elaborar un informe para organizar la continuidad de la pena. Si corresponde trasladarlo a una cárcel de adultos tendrá que garantizarse la continuidad de los tratamientos médicos, psicológicos, educativos o laborales que estuviera realizando.
La reglamentación derogó, además, el decreto de 2015 que regulaba el funcionamiento de los establecimientos cerrados para menores privados de libertad. Los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Justicia y Seguridad deberán elaborar ahora los nuevos protocolos operativos.
Otro de los puntos centrales es la creación de dispositivos diferenciados según la intensidad de la restricción de libertad. Los establecimientos deberán tener una orientación educativa, formativa y de reinserción social, con personal capacitado específicamente para trabajar con adolescentes. Desde distintos ámbitos se plantea si el sistema está preparado para los cambios que se avecinan.
Los institutos abiertos funcionarán bajo una modalidad socioeducativa y estarán a cargo de personal civil especializado. Según el decreto, la intervención de las fuerzas de seguridad será excepcional, temporal y subsidiaria, limitada a situaciones graves que impliquen un riesgo cierto e inmediato para la vida o la integridad de las personas.
El decreto también obliga a contar con protocolos ante episodios de violencia, autolesiones, intentos de fuga, incendios o emergencias sanitarias. Esos procedimientos deberán privilegiar la prevención, el desescalamiento y la contención no violenta.
La decisión contiene para muchos también una lectura política. Al reglamentar el régimen sin demoras, Pullaro le envía un guiño a Javier Milei en uno de los terrenos donde Santa Fe y la Casa Rosada mantuvieron mayor sintonía: la seguridad. Aun con diferencias por los recursos nacionales, la obra pública y el armado electoral, ambos gobiernos construyeron coincidencias en la persecución del delito, el endurecimiento penal y el control de los presos de alto perfil.
“Con la seguridad no se jode, Rosario es la prueba de eso”, repiten funcionarios de uno y otro lado dando cuenta de las bajas en los índices de criminalidad en la ciudad que sufrió sus peores meses en 2024. La decisión en Santa Fe queda enmarcada en un contexto particular, con la provincia de Buenos Aires yendo en camino contrario.
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y suspendió preventivamente por 60 días la aplicación del nuevo régimen.
La magistrada advirtió que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años podría aumentar la cantidad de personas detenidas y puso en duda que la provincia de Buenos Aires cuente con infraestructura, equipos profesionales y condiciones suficientes para alojarlas sin vulnerar sus derechos. También convocó a funcionarios bonaerenses a una audiencia para el 16 de septiembre.
“Tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”, cuestionó la exministra Patricia Bullrich, que apuntó directamente contra Axel Kicillof. “Se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, sostuvo la senadora.
