El minsitro de Trabajo, Lucas Castelli, tiene la orden de auditar planes sociales del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén pondrá en marcha un relevamiento destinado a garantizar la transparencia y a detectar posibles irregularidades en la distribución y asignaciones de programas sociales. De esta forma, el gobernador Rolando Figueroa avanza en la auditoría de los beneficios direccionados a los sectores más vulnerables de su provincia.
El relevamiento es de carácter obligatorio para quienes hayan cobrado programas de desocupación laboral y subsidio social transitorio (SST), hasta diciembre de 2023 inclusive. Comenzará en la capital neuquina a mitad de este mes y continuará en otras localidades.
El operativo forma parte de las acciones que dispuso Figueroa para garantizar la correcta utilización de los recursos del Estado, hacer que la asistencia llegue a quienes la necesitan y respaldarlos en la búsqueda de puestos de trabajo. “De esta manera podremos conocer la situación socioeconómica de las y los beneficiarios y saber si están en condiciones de percibir este beneficio”, señaló el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli.
La nueva gestión de gobierno detectó que más de mil agentes del Estado percibían planes sociales, algo que la normativa vigente considera incompatible. A partir de esa revelación, se iniciaron sumarios y se radicarán denuncias para exigir la devolución de los montos cobrados de manera indebida.
Castelli adelantó que “posteriormente realizaremos este operativo en las demás localidades de la provincia”, y destacó que “es importante que cada neuquino y neuquina sepa que queremos brindar transparencia y reconvertir esta política pública”.
Colaborarán el ministerio de Seguridad y la secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencias, con el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).
La iniciativa forma parte de la primera etapa de una política del gobierno de la provincia que busca transformar los programas sociales en incentivos a la empleabilidad. Esto implica tener datos actualizados y certeros de la realidad de las personas que reciben una ayuda del Estado, para luego vincular los perfiles laborales con las necesidades de capacitación y demanda de las empresas, comercios y pymes de la región.