Una protesta que no interrumpía el servicio terminó en detenciones y huelga total. El conflicto enfrenta dos miradas sobre el orden público hacia 2027.
El paro del subte que paralizó este martes la Ciudad de Buenos Aires opera como un esbozo de los alineamientos políticos de cara a la campaña porteña de 2027. La Libertad Avanza marcó posición antes que Jorge Macri contra los sindicatos, mientras el jefe de Gobierno reivindicó las detenciones y el peronismo cuestionó las consecuencias del operativo policial.
El conflicto comenzó en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B, donde trabajadores del subte liberaron molinetes y puertas de emergencia como parte de un reclamo contra la concesionaria Emova. La medida de fuerza no interrumpía la circulación de los trenes, pero la detención de los delegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, dispuesta por la Justicia y ejecutada por la Policía de la Ciudad, desencadenó un paro que se extendió a las seis líneas y el Premetro.
Lejos de buscar un tono conciliador, el alcalde porteño celebró las detenciones desde Madrid, donde se encuentra de gira oficial. "Metrodelegados presos por parar el subte", escribió, aunque la interrupción total del servicio se produjo después de los arrestos.
"El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas", agregó. Acusó a los dirigentes sindicales de realizar extorsiones mafiosas y cerró su publicación con una consigna que el PRO convirtió en una de las marcas de su gestión: "Ley y orden".
La primera reacción política había llegado desde el universo libertario. Antes de que Macri se pronunciara, la presidenta del bloque de LLA, Pilar Ramírez, cuestionó a los metrodelegados y sostuvo que los porteños no pueden seguir "arrodillados ante la prepotencia sindical". También acusó a los trabajadores de tomar como rehenes a millones de pasajeros. Sin mencionar al jefe de Gobierno, anticipó una posición que luego encontraría coincidencias en el mensaje oficial.
El legislador libertario Juan Pablo Arenaza, un dirigente del espacio de Patricia Bullrich especialista en políticas de seguridad, fue todavía más explícito. Calificó a los metrodelegados de extorsionadores, habló de mafias sindicales y cerró con otra consigna asociada a las políticas de seguridad de cuño bullrichista: "El que las hace, las paga".
La coincidencia no elimina las diferencias políticas entre ambas fuerzas. El discurso de ley y orden ya había generado un cruce entre Macri y Bullrich, cuando el gobierno porteño lanzó una campaña contra los piquetes y la dirigente libertaria reivindicó como propio el mérito de haber despejado las calles. La disputa también se trasladó a la Legislatura, donde ambas fuerzas presentaron proyectos para reformar el Código Contravencional. Con las negociaciones de una alianza entre ambas fuerzas hacia 2027 todavía abiertas, el conflicto vuelve a poner sobre la mesa una agenda que ambos espacios reivindican.
En el peronismo, la reacción política apuntó a cuestionar la eficacia de esa política. El bloque de legisladores de Fuerza por Buenos Aires sostuvo que el Ejecutivo capitalino agravó un conflicto que, hasta la intervención policial, no había interrumpido la prestación del servicio. "En lugar de abrir una instancia de diálogo y buscar una solución, el GCBA agravó el conflicto hasta desembocar en un paro que afecta a miles de personas", señalaron los legisladores.
La titular del bloque justicialista, Claudia Neira, eligió confrontar directamente con la consigna del oficialismo. Definió a Macri como "el rey del desorden" y sostuvo que el jefe de Gobierno convirtió una protesta que no afectaba la circulación en una paralización de toda la red. "No resuelve los problemas, los crea", afirmó. En la misma línea, el referente de La Cámpora, Juan Modarelli, acusó al alcalde de privilegiar el espectáculo político y le atribuyó la responsabilidad por la escalada.
La diputada Paula Penacca, también referente de La Cámpora, intervino en la discusión con una denuncia de persecución contra los trabajadores. Responsabilizó al Gobierno porteño y cuestionó a la fiscal Celsa Ramírez por las detenciones. En su publicación incluyó a Néstor Segovia, secretario general del gremio, quien también fue detenido durante el conflicto y posteriormente recuperó la libertad.
El enfrentamiento sumó un nuevo actor con la intervención de la Confederación General del Trabajo (CGT). La central obrera difundió un comunicado en el que repudió las detenciones de Dellecarbonara y Heredia, las consideró arbitrarias y reclamó su liberación inmediata. También responsabilizó a la empresa concesionaria y al Gobierno de la Ciudad por la escalada del conflicto.
El pronunciamiento de la CGT amplía el alcance político de una disputa que comenzó con un reclamo por sanciones laborales y tareas de mantenimiento tercerizadas. La central sindical reivindicó la libertad gremial y el derecho de huelga, mientras el oficialismo porteño reforzó su discurso contra las organizaciones sindicales que, según sostiene, afectan la prestación de servicios públicos. De hecho, exigió asegurar una cobertura mínima del 50% del servicio en cada línea.
El episodio deja planteada una discusión que excede la suerte inmediata del paro. El PRO reivindica el ejercicio de la autoridad y encuentra coincidencias con LLA en la confrontación con los sindicatos. El peronismo, en cambio, intenta instalar que la política de ley y orden de Macri puede terminar generando los conflictos que promete evitar. Dos formas de entender el orden público que empiezan a ocupar un lugar en la discusión política porteña hacia 2027.
