El municipio del Valle de Punilla aplica recortes por la baja del 26% de la coparticipación. El gobierno nacional debe más de $40 millones en salud.
La Municipalidad de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, dispuso recortes salariales en la planta política y medidas de austeridad ante la caída de ingresos y la deuda del PAMI que generó el gobierno de Javier Milei, que presiona sobre el sistema sanitario local.
El escenario económico muestra una fuerte retracción, con una baja cercana al 26% en los fondos de coparticipación que recibe el municipio. Esta merma impacta de forma directa en la capacidad operativa del Estado local, que además enfrenta un aumento de la demanda social en áreas sensibles.
En el Ejecutivo municipal -a cargo de Alejandro Arenas Diez tras la partida de Fabricio Díaz al gabinete de Martín Llaryora- sostienen que la situación no es aislada, sino consecuencia de políticas nacionales que trasladan responsabilidades a los gobiernos locales sin los recursos necesarios. En ese marco, el municipio debe asumir mayores costos con una recaudación en retroceso.
Como respuesta, la administración resolvió reducir un 15% los salarios de funcionarios del Ejecutivo, concejales y tribunos de cuentas, además de congelar sus ingresos. También se avanzó con recortes en horas extras, combustible y otros gastos operativos.
Estas decisiones buscan contener el gasto público en un contexto adverso, marcado por la caída del consumo y la disminución de ingresos. Según fuentes oficiales, las medidas reflejan la gravedad de la situación financiera que atraviesa el municipio.
El ajuste interno apunta a sostener servicios esenciales, aunque reconocen que el margen de maniobra es limitado. La administración local advierte que la continuidad de algunas prestaciones podría verse comprometida si se profundiza la crisis.
El frente sanitario aparece como el más crítico. La deuda acumulada del PAMI supera los 40 millones de pesos con el municipio, lo que agrava el funcionamiento del sistema de salud local.
A esto se suma la reducción en la cápita destinada a prestadores del primer nivel de atención, una decisión que impacta en la cobertura de más de 3,1 millones de afiliados en todo el país.
En el Hospital Luqui de Capilla del Monte, seis de cada diez pacientes pertenecen al PAMI, lo que evidencia la magnitud del problema. La falta de pagos tensiona los recursos disponibles y traslada la carga financiera al municipio y a la provincia.
Frente a este panorama, las autoridades locales reclaman al Gobierno nacional que regularice la deuda y garantice el financiamiento del sistema. Advierten que la situación compromete derechos básicos, especialmente el acceso a la salud, en un contexto económico cada vez más complejo.
