La decisión del INAES afecta a 9.083 entidades en todo el país. Casi el 30%, en la Provincia. La mayoría son agropecuarias, de transporte y de servicios públicos.
Casi 2 mil cooperativas de la provincia de Buenos Aires fueron suspendidas por una medida sorpresiva del gobierno nacional. Hay preocupación por el impacto en el interior bonaerense, donde estas entidades brindan servicios esenciales y sostienen miles de puestos de trabajo.
La decisión del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que depende del Ministerio de Capital Humano, afectó a 9.083 entidades de todo el país, entre cooperativas y mutuales. La Resolución 2076/2026, publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial, suspende la autorización para funcionar de las que no presentaron documentación asamblearia ni estados contables.
En muchos pueblos del interior bonaerense, las cooperativas forman parte de la vida cotidiana. Entre las suspendidas figuran entidades agrícolas, tamberas, apícolas y de transporte vinculadas, Rojas, Salto, Trenque Lauquen, Coronel Dorrego, Bragado y Arrecifes. Varias tienen décadas de historia.
En la provincia de Buenos Aires hay 2.589 entidades afectadas, entre cooperativas y mutuales. Solo entre las cooperativas, 1.916 quedaron suspendidas y 299 recibieron intimaciones para regularizar su situación en 30 o 60 días, según los anexos de la resolución.
La norma alcanza a las entidades inscriptas hasta el 31 de diciembre de 2024 que no presentaron esa documentación entre el 1 de enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026. Quedan exceptuadas las inscriptas en 2023 y 2024 que respondieron un relevamiento del organismo.
La gran mayoría de las cooperativas suspendidas son de trabajo. El resto se reparte entre cooperativas de vivienda, provisión, consumo, crédito y producción agropecuaria.
No es la primera medida del organismo sobre el tema. En 2024, mediante la Resolución 878/24, el INAES había intimado a las cooperativas y mutuales que adeudaban esa documentación.
El presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, estimó que el impacto alcanza a “cientos de miles” de personas entre asociados, consumidores y asociados indirectos. Denunció “errores concretos”, como la suspensión de entidades con matrícula de 2026, y pidió revisar los padrones. Para el funcionario, es “una mirada política con argumentos administrativos”.
