La nueva ley cambia reglas de fondo en la bota. Qué avances deja, dónde se equivoca y cuáles son los argumentos que sobrevolaron la discusión en la Legislatura.
El 20 de agosto la Legislatura de Santa Fe aprobó una muy discutida reforma electoral que busca adecuar el marco jurídico a la nueva Constitución provincial. Como cualquier proceso de reforma, involucra intereses, objetivos y transacciones que dieron forma a lo que con bastante probabilidad termine siendo sancionado. Una cosa podemos dar por segura: ningún proceso de reforma es neutro.
Lo bueno: el acotar los tiempos de la campaña electoral forma parte no solo de un mecanismo para no agotar a la ciudadanía; es el marco mínimo de cualquier mecanismo de fiscalización de las mismas campañas, muchas veces, iniciadas de manera encubierta.
En esa línea, la limitación del uso de la publicidad oficial y la prohibición de obras durante los 15 días previos a la votación es un camino de restricción destinado a dar condiciones de equidad a la competencia. La extensión de la prohibición a sitios institucionales y cuentas oficiales es una ramificación no obvia, pero sí muy relevante. No obstante, sin duda, el espíritu inicial de la reforma es lo mejor: simplificar.
La fragmentación es enemiga de una democracia funcional. Más partidos representados no es mas soluciones para las personas, ni mayor capacidad de respuesta. En este sentido, la aplicación de umbrales serios es un avance contra la constelación de pymes políticas que lucran con el particularismo.
La incorporación del botón de lista completa para fortalecer la consistencia entre lo que se vota para el Ejecutivo con lo que se vota en el Legislativo es un paso valiente contra el estancamiento político, para dotar a la democracia santafesina de instrumentos para que los gobiernos cumplan con los que prometieron, pero ya volveremos sobre esto.
Lo malo: sin dudas, encabeza el podio las “PASO de vicegobernadores”. Como un partido como el Socialista, que ha encarado un esfuerzo de su propia renovación política (el promedio de su dirección partidaria es de 45 años, luego de años de militantes añosos), se ha sumergido en este manoseo anticuado es de lamentar. Ese aspecto esta destinado de manera diurna a tratar de dislocar la vuelta de Gisela Scaglia y el PRO a la vicegobernación en 2027.
Como no pueden discutir a Pullaro con Clara García o Antonio Bonfatti, apuntan a una reforma donde puedan discutir al copiloto, totalmente de espaldas a las demandas ciudadanas. La política hablándose encima, a sí misma, y usando la arquitectura institucional de todos los santafesinos para ocurrencias formoseñas.
En un segundo nivel de equivoco, uno puede plantearse genuinamente si Santa Fe no necesita un poder electoral autónomo, dedicado a la problemática, especializado y no un remachado de jueces sorteados de otros fueros, con otras cabezas, con formaciones disimiles. La Justicia Electoral no es un changuito para ser compuesta por jueces contenciosos aleatoriamente seleccionados.
Las justicias electorales mas profesionales de este país revisten un carácter de permanencia, que da margen para la profesionalización. No un carnavalesco carrusel de jueces cuatrienales. Se dirá “austeridad”; se pronuncia “prioridad”. Una mala priorización. La vieja y venenosa noción de que un decisor castrado es un buen decisor. Y no.
Poco para decir sobre el énfasis en los debates. Una senadora norteamericana una vez señaló: "Los debates preocupan solo a los periodistas y a los candidatos que van perdiendo". Tiene razón. La experiencia nos muestra que si hay algo de impacto, se encuentra en los 30 minutos iniciales y en la narrativa posterior del debate. Ni siquiera como fact-checking. Mejora la precisión de las creencias públicas sobre temas puntuales; puede tener un impacto eventual sobre la valoración del candidato o candidata, pero no cambia tendencias electorales previas.
Finalmente, lo falso. Durante semanas enteras, expertos electorales de Santa Fe, personas sin duda honorables y conocedoras, se han abalanzado frenéticamente sobre la palabra mágica del momento: proscripción. El argumento es, a la vez, efectivo y mendicante: el umbral del 4% sobre padrón expulsa a las minorías. Frentes como el FAS aparecen como niños apaleados en un rincón oscuro por un matón abusivo. “Solamente Jujuy tiene un umbral tan alto como el propuesto”, dicho con tono de Burundi, Zimbabwe o Pakistán, citando los datos de las elecciones que convienen al argumento.
“La preocupación de la gobernabilidad es propia de sistemas parlamentarios”. Barra libre: podemos ser irresponsables, aumentar los costos de negociar con 10 actores en la Legislatura, deformar proyectos de ley por el tironeo de intereses particulares porque, por sobre el bienestar general, está el sacrosanto derecho de micropartidos, tribus urbanas, therians de la política, de defender su pintoresquismo. La defensa del secuestrador y el elogio del chantaje, una noción antigua y rebalsada por la historia.
Si en 1983 la preocupación, luego de décadas de autoritarismo, era que todos estén en la mesa sin proscripciones, 2026 nos exige otra cosa: que la mesa sirva para tomar decisiones hacia cambios reales, que atienda demandas. No preocuparse por las alternativas laborales de Carlos Del Frade o la consolación de las excentricidades de Claudia Balagué. No te creas tan importante, decía Damas Gratis.
Chile, luego de 2015, flexibilizó su sistema electoral: paso de 7 a 22 partidos. El espectáculo de sensibilidad llevó a dos constituyentes fracasadas y un papelón nacional.
El sistema electoral no es una sociedad de socorro al hermano infravotado. El esfuerzo de conciliación al interior de Unidos, al interior del peronismo, es el esfuerzo de articular equilibrios difíciles. Nada más alejado de los partidos que se quedarían afuera con el nuevo sistema. La representatividad democrática no está en atender las neurosis de Nire Roldán o en cuidar la decadencia política de Rubén Giustiniani.
La responsabilidad democrática esta en la pluralidad responsable, no en el consentimiento a marginales vigilantes de su propia vanidad, diputados de su ego. Y disfrazar esa deformación de reivindicación democrática es no reconocer el peso excesivo de la propia parcialidad política. La democracia necesita de liderazgos y de promesas cumplidas. Sin ambas, es caducidad.
