El proyecto oficialista se tratará este jueves en la cámara alta. Los antecedentes del debate y lo que esconde el texto que elaboró Federico Sturzenneger
.
La discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras trasciende el debate jurídico. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para decidir quién controla un recurso estratégico y hasta dónde llega la soberanía sobre el territorio nacional. El Senado debatirá este jueves proyecto que impulsa el Gobierno.
Detrás de la denominación grandilocuente de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se esconde, en realidad, un objetivo mucho más concreto: eliminar los límites a la extranjerización de la tierra que estableció la Ley 26.737. Se lo hace apelando a un falso federalismo que transfiere la potestad regulatoria a las provincias para que, en los hechos, desaparezcan los límites nacionales.
La tierra rural no es un activo financiero cualquiera. Es la base material del desarrollo, de la producción, de las reservas de agua dulce y de los bienes naturales estratégicos. Por eso, reducir el debate a una cuestión de seguridad jurídica implica desconocer que la propiedad también cumple una función social, ambiental y geopolítica.
Conviene recordar qué establece la ley vigente: un tope del 15 % de titularidad extranjera sobre el territorio nacional, provincial y de cada división subprovincial; un sublímite del 30 % por nacionalidad; un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo; la prohibición de compra por personas jurídicas de derecho público extranjeras; y restricciones sobre tierras que contienen o lindan con cuerpos de agua de envergadura y sobre zonas de seguridad de frontera, en línea con el decreto-Ley 15.385/1944.
La ley no confiscó nada a nadie: ordenó, registró y puso límites hacia el futuro, creando el Registro Nacional de Tierras Rurales.
¿Y qué dicen los datos de ese Registro, actualizados a agosto de 2025? Que más de 13 millones de hectáreas rurales —alrededor del 5 % de la superficie rural del país, una extensión comparable al territorio de Inglaterra— están en manos extranjeras. Que ninguna provincia, como promedio, supera el tope del 15 %; pero que ese promedio esconde concentraciones alarmantes: el Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, con investigadores del CONICET, identificó más de treinta departamentos por encima del límite legal, con casos extremos como Lácar, en Neuquén, donde el 54 % de la tierra rural es extranjera, o Molinos y San Carlos en Salta y General Lamadrid en La Rioja, todos por encima del 50 %.
Los titulares estadounidenses encabezan la nómina con cerca de tres millones de hectáreas, seguidos por italianos y españoles, con fuerte presencia patagónica.
La historia enseña de qué se trata. Entre 1876 y 1903, al calor de la “Conquista del Desierto” y de las leyes de premios y remates, unos 41 millones de hectáreas pasaron a manos de un puñado de beneficiarios ligados al Ejército y al poder político, a contramano de los modelos de colonización familiar de Canadá y Australia. Un siglo después, el desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad de Fronteras a mediados de los noventa facilitó la venta de unos ocho millones de hectáreas en áreas estratégicas: Lago Escondido en manos de Joseph Lewis y las estancias del grupo Benetton son los emblemas de ese modus operandi. El Decreto 820/2016 flexibilizó los controles y habilitó triangulaciones societarias; el artículo 154 del DNU 70/2023 fue la anteúltima estocada. Este proyecto pretende ser la definitiva.
Nuestro dictamen de minoría propone el camino inverso: preservar y perfeccionar la Ley 26.737, prohibir la compra de tierras por Estados y empresas estatales extranjeras, e incorporar —artículo 32 de nuestro proyecto— la prohibición expresa de titularidad extranjera sobre riberas de grandes cuerpos de agua, nacientes de ríos, acuíferos, reservas de agua dulce, zonas glaciares y periglaciares, áreas con recursos naturales estratégicos y zonas ambientales protegidas.
No estamos solos en esta preocupación: la Pastoral Social, ENDEPA y Cáritas Argentina advirtieron que la reforma “abriría la puerta a una mayor concentración y extranjerización de tierras estratégicas”. La tierra no es una mercancía cualquiera.
Es la base material del desarrollo, de la producción y del ejercicio efectivo de la soberanía. Un Estado que renuncia a regular quién es dueño de su territorio renuncia, sencillamente, a ser Estado.
