CAUSA CARRIÓ

El fiscal Garganta volvió a pedir juicio contra exgobernador

El funcionario judicial de La Plata volvió a carga contra Scioli tras la primera denegatoria del juez, que había dictado la nulidad del proceso.

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Un nuevo pedido de juicio oral y público recae sobre el embajador argentino en Brasil y exgobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, y varios exfuncionarios bonaerenses que fueron parte de su gestión, acusados de diversos delitos –negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas–, según se desprende de la resolución judicial a la que accedió Letra P.

 

La medida se da luego de la nulidad sin sobreseimiento que fue dictada en agosto de 2022 por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata. Aquella resolución puso en valor lo planteado por las defensas de los acusados, quienes habían solicitado la nulidad de la pieza procesal y el sobreseimiento. Solo el primero de los reclamos prosperó.

 

El pedido de juicio, firmado por el fiscal Álvaro Garganta, golpe a Scioli en el momento que inicia una recorrida por Mar del Plata, con una posible candidatura a la presidencia en el horizonte, la revancha de la derrota de 2015 frente a Mauricio Macri. Como publicó Letra P, El Pichichi es uno de los diez suplentes del peronismo para encabezar la boleta 2023 y acaso quien cuenta con el mayor apoyo del presidente Alberto Fernández, con quien este jueves compartirá acto en La Feliz.

 

La causa se inició el 3 de junio de 2016, cuando la entonces diputada Elisa Carrió presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía General de La Plata. El escrito fue remitido al fiscal Garganta. Tras más de dos años, un tramo de la investigación se dio por terminada, como anticipó ente medio el 5 de septiembre de 2018.

 

En la reciente resolución, el fiscal solicitó el juicio oral para Scioli y sus exfuncionarios Alberto Pérez (exjefe de Gabinete), Alejandro Collia (exministro de Salud),  Eduardo Aparicio ( exministro de Desarrollo Social y actual titular de la APREVIDE, procesado en otra causa), Guillermo Scarcella (extitular de ABSA), Antonio Atilio La Scaleia (extitular de la obra social IOMA) y el contador Walter Carbone, junto a los empresarios Ricardo Estanislao Miller, Juan Carlos Mancinelli y Daniel Osvaldo Robert, entre otros.

 

En la causa se investigaron delitos de presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas. En uno de los alcances se indagó sobre el posible pago de sobreprecios y sobornos en la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) en distritos de Buenos Aires. Según la investigación, para ello habrían contratado a la empresa de Miller.

 

El expediente

En el alcance número 1 se investigó el manejo de fondos en la empresa de servicios de agua potable y cloacas Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), por la que fueron procesados Guillermo René Scarcella (expresidente de ABSA) y el funcionario Pablo Damián Elías. Los acusados deberán defenderse en juicio por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (22 hechos en concurso real) e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

 

En el alcance número 4 del expediente se indagó sobre el manejo de fondos en el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los bonaerenses. Al tope de la lista de acusados se anota el extitular mutualista La Scaleia, junto a 19 funcionarios y presuntos “empleados infieles”, por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, peculado de caudales (78 casos que concursan realmente entre sí) en concurso ideal con fraude en perjuicio de administración pública (78 casos que concursan realmente entre sí), uso de documento público falso (78 casos que concursan realmente entre sí) en concurso ideal con asociación ilícita”. En este tramo de la pesquisa, se indagó sobre presuntos fraudes con internaciones domiciliarias. 

 

También se pidió el juicio oral para el exjefe de Gabinete de Scioli, Pérez, y su exsubsecretario administrativo Walter Carbone (el dueño de la caja fuerte en forma de dragón), quienes, junto a otros cinco exfuncionarios, están procesados por “peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

 

En este legajo se investigó el presunto desvío de fondos destinados a la compra de material escolar sobre el cuidado del medio ambiente, que –según el expediente- finalmente fueron utilizados para la impresión de boletas “Scioli Presidente” para las elecciones de 2015. También el uso de facturas apócrifas por servicios de catering nunca realizados.

 

En la misma causa fueron procesados el exministro Aparicio y el empresario Daniel Roberts (oriundo de La Plata) por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, conducta antijurídica que tiene una pena de hasta 12 años de prisión. En este caso, se investigó la millonaria entrega de subsidios a cooperativas inexistentes.

 

La trama de la obra pública encuentra su respaldo documental y probatorio en el alcance 6 de la investigación, en la que tiene procesados a Gladys Perez Ferrando, Gabriel Pérez de Vargas, César Marcos, Paula Kammeraht, Carolina De Tomasso, Daniel Soncini, el empresario Juan Carlos Mancinelli (oriundo de Tigre), Marcelo Cristian Beneyte y Pablo Adrián Fontanari, por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública (19 hechos en concurso real) en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público (19 hecho en concurso real)”.

 

Pero la investigación no se agota en las dependencias gubernamentales ya mencionadas. Quedan pendientes de investigar otras áreas como Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, Puerto La Plata y Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

 

Cristina Fernández de Kirchner.

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