En los próximos días, los intendentes Julio Garro y Néstor Grindetti presentarán en la Legislatura el proyecto de ley que propone el traspaso del control de las Policías de Prevención y comisarías de la Policía Bonaerense a la órbita de los municipios de más de 70 mil habitantes y que quieran hacerse cargo de esa gestión.
El debate dispara una especie de déjà vu. Hace exactamente una década, en 2012, en la Cámara de Diputados y en el Senado bonaerense se discutió largamente un proyecto parecido. Con otros actores protagonistas y secundarios, pero con casi los mismos argumentos sobre la mesa, finalmente se terminó sancionando una ley.
La historia es conocida. En la Buenos Aires de Daniel Scioli se creó una nueva fuerza, la Policía Local, y unos cuarenta municipios del conurbano se sumaron a la iniciativa. Pero la reforma no tuvo ningún resultado. Los intendentes nunca lograron tener poder de decisión en la política de seguridad y la Policía Local no fue capaz de instalarse como un aporte al combate del delito de cercanía, como rezaban sus promotores.
El descrédito social fue tal que los efectivos de la nueva fuerza, vestidos con camisa blanca y boina celeste, fueron bautizados por los vecinos como “Los Pitufos”. La Policía Local terminó absorbida por la estructura de la Bonaerense, comandada desde La Plata y sin ningún vínculo con las intendencias.
El debate por la municipalización de la gestión de seguridad vuelve cíclicamente a abrirse en Buenos Aires. En 2017, con María Eugenia Vidal a cargo del gobierno, intendentes peronistas del conurbano fueron a la carga con un planteo similar, que finalmente no encontró eco en la Legislatura.
Ahora, los principales impulsores son los alcaldes del PRO, que buscan sumar apoyos en medio de un panorama poco alentador. Los intendentes del peronismo que antes reclamaban la reforma hoy miran para otro lado.
El proyecto en el que trabajaron los legisladores que responden a Garro y Grindetti va a ser presentado formalmente la semana que viene en la Cámara de Diputados bonaerense. Por estos días, los equipos técnicos de ambos jefes comunales terminan de definir los detalles del texto. En esa mesa están los diputados Adrián Urreli y Fabián Perechodnik y la diputada Julieta Quintero Chasman y los jefes de Gabinete de Lanús y de La Plata, Diego Kravetz y Oscar Negrelli. En el borrador se plantea una reforma para traspasar la Policía de Prevención a la órbita de Seguridad. En principio, y esto está todavía en medio de una discusión interna, se pedirá el traspaso de la Policía Local, pero también se analiza plantear que el paquete que esté bajo control municipal también incluya a los Comando de Patrulla y a las comisarías de prevención.
El sistema sería opcional y para los municipios de más de 70 mil habitantes, es decir, los del Gran Buenos Aires y las ciudades medianas y grandes del interior bonaerense. A partir de convenios con la Provincia, los municipios que quieran adherir acordarían el traspaso de las funciones y el giro de los fondos, que se haría a través de asignación presupuestaria, se plantea. La Provincia, en tanto, mantendría a su cargo la caja de jubilaciones policiales y se respetaría el escalafón salarial, aunque en el marco administrativo de los municipios, dice el proyecto que firmarán los diputados que responden a Garro y Grindetti.
El texto es casi calcado del que presentaron en 2016 legisladores bonaerenses del peronismo promovido por el entonces intendente de Lomas de Zamora y ahora jefe de Gabinete Martín Insaurralde, quienes dieron una conferencia de prensa en la Legislatura y apuntaron contra la entonces gobernadora Vidal y su ministro Cristian Ritondo, a quienes acusaban de haber vaciado de recursos a las Policías Locales, que ya se mostraban intrascendentes.
Como ocurría entonces, hoy entre los intendentes el tema de la seguridad es un dolor de cabeza político y una amenaza electoral. Aunque las decisiones y los recursos salen de La Plata, son ellos los apuntados por los vecinos ante episodios resonantes o la acumulación de robos y delitos violentos. Y aunque muchos reconocen que ven muy difícil que se avance con una municipalización de la Policía, saben que salir a plantear eso en los medios es una manera de descomprimir el malestar vecinal.
“Esperemos que apoyen el proyecto”, chicanea por estos días en los pasillos de la Legislatura uno de los diputados de Juntos que firma el proyecto, señalando a las oficinas del bloque oficialista, donde hay algunos exintendentes que en 2016 pedían la reforma y hoy se mantienen en silencio.
Para Garro y Grindetti, la ley va a ser un caballito de batalla con el que buscarán sumar músculo político a su nuevo espacio intendentista. Los dos mencionaron el tema en sus discursos de apertura de sesiones, en donde machacaron con la necesidad de que los intendentes se hagan cargo de la seguridad en sus distritos, con una fuerza de cercanía que responda a su mando.
Pero lo cierto es que, más allá del entusiasmo que intentan imprimirle desde Lanús y La Plata, en la política bonaerense nadie cree posible que la reforma avance. Desde el desembarco de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad, en 2019, el proceso fue justamente el inverso: el Sheriff eliminó las jefaturas distritales y departamentales y creó las “estaciones de policía” que responden directamente a su mando verticalista y de estilo marcial.
“Ni en pedo”, es la respuesta que dan en el entorno de Axel Kicillof sobre la posibilidad de que una reforma así pueda ser analizada. “Nuestra gestión vino a ordenar ese quilombo que era la policía en manos de los municipios”, lanzan en despachos cercanos al gobernador, a metros de la Jefatura de Gabinete.
En el territorio, es decir, en las intendencias, pocos creen que una reforma así tenga sentido. “Plantear el tema del control de las policías es un recurso que le sirve a los intendentes como válvula de descompresión. Nadie en su sano juicio cree que ese planteo pueda avanzar. En La Plata no le van a dar el control de la policía a un municipio del conurbano”, dice un exintendente con varios mandatos en su CV.
“Es un quilombo logístico. En el Gran Buenos Aires, muchos municipios están separados por una calle. ¿Cómo van a hacer? ¿Un intendente manda y controla hasta una esquina y desde ahí controla otro? Un disparate”, suma.
Con los bloques oficialistas en otra sintonía, el proyecto podría quedar empantanado en el empate técnico virtual entre el FdT y Juntos en la Legislatura. Más allá del ruido mediático y de los reclamos de Garro y Grindetti, ni en Diputados ni en el Senado parece dar los números para que la ley avance.