La administración que encabeza el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, denunció este viernes que la filtración de chats del ministro de Seguridad y Justicia local, Marcelo D´Alessandro, fueron inventados a partir de una operación de prensa e inteligencia comandada por el kirchnerismo, que incluyó el hackeo del propio funcionario del PRO.
Luego de que el peronismo volviera a la carga contra D´Alessandro al exigir su salida del gobierno porteño, la administración que comanda Larreta denunció que el kirchnerismo “montó” una “operación político-mediática” que busca “deslegitimar el fallo” de la Corte Suprema que obliga a la Casa Rosada a entregarle el 2,95% de los fondos de la coparticipación a la Ciudad.
Este jueves, se dieron a conocer nuevos mensajes de Telegram que el ministro porteño habría mantenido con Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. En ellos se revelarían supuestos delitos, como la coordinación de favores mutuos, el destino de causas judiciales de fuerte tenor, como es el caso de la coparticipación, o incluso maniobras de corrupción presuntamente cometidas por el propio D´Alessandro.
A raíz de esto, el propio D´Alessandro amplió la denuncia que hizo por el presunto hackeo de su celular, que habría revelado el contenido de la discordia. A partir de este nuevo capítulo, amplió la misma en contra del diputado del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade, a quien acusó de haber dado a conocer “un sitio web donde poder consultar esas conversaciones”. Según el ministro, esto constituirá dos posibles hipótesis: “Su autoría en la vulneración de mi dispositivo telefónico y su posterior manipulación y/o adulteración de la información allí contenida; o su participación dentro de la organización criminal con el mismo plan delictivo”.
Además, el gobierno porteño denunció que dichos chats fueron adulterados y modificados, hecho que mostró a través de un ejemplo. En los primeros mensajes se hace referencia a una licitación de chalecos antibalas que se habría llevado a cabo de manera ilegal el 3 de noviembre de 2022, pero que, según la Ciudad, en realidad se hizo el 20 de septiembre de 2022, es decir, dos meses antes de los chats que se dieron a conocer y que generaron un nuevo capítulo de un escándalo que vuelve a enfrentar a la sede de la calle Uspallata con la Casa Rosada.
