25|6|2021

El sistema busca cubrir a la totalidad de la población con un ingreso garantizado al margen de sus condiciones laborales, económicas o sociales.

El Ingreso Básico Universal, Ingreso Ciudadano mínimo o Renta Básica incondicional según se ha dado en llamar en diferentes experiencias propone que los Estados garanticen a todos sus ciudadanos un ingreso mínimo sin condiciones que les permita salir de la pobreza. 

 

Se recibe desde el gobierno u otra institución pública, además de cualquier otro ingreso recibido de otras fuentes.​ La recibe toda persona habitante de la sociedad incluso si no puede o quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre e independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin tener en cuanta con quien reside.

 

El sistema busca cubrir a la totalidad de la población con un ingreso garantizado al margen de sus condiciones laborales, económicas o sociales. Un ingreso que permita la supervivencia básica mes a mes, garantizada por el estado. En otras palabras, permitiría por primera vez en la historia elegir si se quiere trabajar de manera remunerada, o no, para garantizar la subsistencia material.

 

En Argentina comenzamos a propiciarlo desde el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO) después de la crisis del 2001. Años posteriores, se presentaron varios proyectos de ley que refrendamos diputados/as nacionales de varios bloques. Pero la pandemia y los agravados índices de pobreza aceleraron nuevamente esta  discusión. 

 

Desde marzo de 2020 millones de personas en el mundo quedaron desempleadas y los gobiernos tuvieron que asistir a su población. El debate es si estas “ayudas transitorias” se deben convertir en un derecho permanente. España, por ejemplo, acaba de implementar un ingreso mínimo vital que espera sacar de la pobreza a 1,6 millones de personas.

 

La cultura del trabajo, en crisis

El actual estadio del sistema capitalista revela la crisis de un modelo extractivista patriarcal agotado que solo ha generado más pobres y que vive a expensas de la explotación del invisibilizado trabajo de cuidados a cargo de las mujeres y de la ya insostenible depredación de la naturaleza como si fueran recursos ilimitados. 

 

Ya el economista estadounidense Jeremy Rifkin en 1995 planteaba la inevitable reducción de la jornada laboral -como mecanismo para el reparto del trabajo- ante el avance de la tecnología y la necesidad de un nuevo contrato social, la potenciación del “tercer sector” y la globalización de la economía social.

 

Además, el empleo no es el único trabajo: se debe diferenciar el trabajo asalariado en relación de dependencia de otros trabajos por los cuales las personas no reciben ingresos. Desde el feminismo nos hemos encargado de visibilizar el trabajo de cuidados, las brechas de género en el trabajo remunerado y nuera soledad al hacernos cargo del trabajo reproductivo.

 

Hoy podemos afirmar que se necesita un urgente cambio absoluto y drástico de paradigma para recuperar la armonía con la naturaleza, la valorización de los trabajos de cuidados y su distribución equitativa.

 

Las experiencias muestran que sólo el 1% de la población al recibir el ingreso ciudadano o algún tipo de renta básica deja de trabajar, casi siempre para cuidar a sus hijos. Algunos (el 10%) redujeron sus horas de empleo, en muchos casos para volver a estudiar. Así ocurrió en un piloto del Ingreso Básico Universal que se hizo en Canadá en los 70’ por ejemplo.

 

Algo parecido pasó en Argentina, cuando se implementó la Asignación Universal por Hijo. Muchos vaticinaron que iba a desalentar la búsqueda de empleo, pero unos años después las investigaciones empezaron a mostrar que esto no sucedía.

 

Según el INDEC, el 11% de la población activa (2,1 millones de personas) se encuentra desempleada, el 42% es pobre (o el 45% según Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina), el 10,5% es indigente, y 11 millones de personas reciben asistencia alimentaria, sino el panorama sería un peor.

 

El Director del Observatorio de la Deuda Social, Agustín Salvia, con el acuerdo del Ministro de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, propone unificar todos los programas sociales en un solo ingreso generalizado, con mayor valor, a cambio de una prestaciónn laboral. Otra propuesta es impulsada por el Ministro de Economía, Martín Guzmán, se asemeja al modelo de Ingreso Universal que se aplica en Alaska. Allí, una vez al año cada ciudadano cobra un cheque con un porcentaje de las ganancias que generaron las reservas petroleras de aquel país. Para nuestro país muchas pensamos que el financiamiento se podría conseguir en base a las ganancias de los sectores extractivistas (financiero, minero, agroganadero industrial).

 

La Cepal/OIT afirma que las transferencias monetarias provenientes de rentas generales garantizadas y constantes en el tiempo proveen un piso de protección a las personas que viven en situación de pobreza, quienes, al tener asegurados niveles mínimos de subsistencia, cuentan en el presente con mayores oportunidades de insertarse en el mercado laboral, disponiendo de recursos para la búsqueda de empleo y para cubrir los costos del traslado hacia y desde el trabajo. Asimismo, gracias a las transferencias monetarias, podrán tener un mayor poder de negociación frente a salarios muy bajos, así como mayores oportunidades de invertir en actividades productivas, ya sean microemprendimientos o actividades agrícolas.

 

Hay un futuro posible porque la discusión está tomando fuerza. A mayor gravedad de los problemas, mayor es la necesidad de innovar. Un pequeño gran paso hacia la igualdad de las personas humanas: acceder todos a lo básico para vivir en condiciones dignas.