Espionajo PRO

Comodoro Py revocó los procesamientos de Arribas y Majdalani

Por mayoría, desvincularon a los exjefes de la AFI macrista de la acusación por asociación ilícita. Para la Cámara Federal porteña, no hubo plan sistemático.

La Cámara Federal porteña revocó los procesamientos a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista Gustavo Arribas (ex Señor 5) y Silvia Majdalani (ex Señora 8) por supuesta “asociación ilícita” en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, que habían sido dictados por la Justicia Federal de Lomas de Zamora, aunque Majdalani quedó procesada por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad de un grupo de agentes de la AFI procesados por presunto espionaje ilegal.

 

Por mayoría y con la disidencia del juez Eduardo Farah (a quien señalan cercano al kirchnerismo), los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi (señalados de ser cercanos al macrismo) confirmaron también la falta de mérito en la causa para Darío Nieto, secretario privado del expresidente.

 

En cuanto a Arribas, los jueces dictaron su falta de mérito y revocaron el embargo y medidas cautelares que había establecido el juez de extracción radical de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.

 

Lo mismo hicieron para con otra veintena de imputados en la causa, al considerar no probada aún la existencia de una asociación ilícita.

 

Llorens y Bertuzzi entendieron que no hubo “un plan sistemático organizado desde las más altas estructuras del gobierno para espiar a opositores, políticos, periodistas y otras personalidades”, como se postuló en la acusación.

 

Ante ello, resolvieron que el delito de asociación ilícita “no pudo ser comprobado”.

 

En cuanto al espionaje ilegal a detenidos en causas por supuesta corrupción en la cárcel de Ezeiza, el voto mayoritario consignó que esas “tareas de seguimientos y observación” en algunos casos contaban con orden judicial y en otros estuvieron justificados por “seguridad interna”.

 

Por ello también se revocó el procesamiento y se dejó con falta de mérito al extitular del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco, entre otros beneficiados con esta decisión como la exfuncionaria de Presidencia Susana Martinengo.

 

La Cámara dio por probado que hubo un grupo de agentes de la AFI cuyos procesamientos quedaron confirmados por violación a la Ley de Inteligencia, actuó por “intereses personales” y usó “recursos” del Estado de manera ilegal, es decir, avalaron la teoría del exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, quien en una cena con Mirta Legrand señaló que se trataban de “cuentapropistas” del espionaje ilegal.

 

Este grupo de miembros de la AFI conformados por exintegrantes de la Policía Metropolitana, abogados y algunos miembros del Servicio Penitenciario Federal reunía información ilegal para extorsionar o intimidar a sus víctimas.

 

Todos dependían de “manera directa” de Majdalani, quien, según la Cámara, omitió controlarlos y por eso quedó procesada por presunto “incumplimiento de deberes”.

 

En los casos concretos del espionaje al Instituto Patria y a la casa de la querellante vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, los jueces concluyeron que no hubo delito porque se actuó “con orden judicial”.

 

A Majdalani se le redujo el embargo a cuatro millones de pesos al dejarla procesada por presunto incumplimiento de deberes pero con falta de mérito en relación al delito de “asociación ilícita”.

 

El Tribunal de Apelaciones sí confirmó los procesamientos de un grupo de exagentes de la AFI por infracción a la Ley de Inteligencia 25.520, en relación a maniobras de espionaje ilegal.

 

Se trata de Alan Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, Juan Carlos Silveira, Cristian Lionel Suriano y María Andrea Fermani.

 

En la causa intervino la Cámara Federal con sede en Comodoro Py 2002 debido a que Casación Penal, en una resolución a medida del macrismo, resolvió que el caso pase de los tribunales de Lomas de Zamora al fuero federal porteño, tierra judicial fértil para el ecosistema de Juntos por el Cambio (JxC).

 

La sala II de la Cámara, integrada para esta causa por dos jueces de otra sala, la I, Bertuzzi y Llorens, resolvió siete incidentes presentados en la investigación que se llevó adelante en el juzgado federal de Lomas de Zamora y ahora quedó a cargo del juez federal porteño Marcelo Martínez De Giorgi, quien supo navegar los mares de la política sin mostrarse demasiado cercano o lejano a las dos tribus de la ancha grieta.

 

Se trata de la investigación por espionaje a políticos, periodistas, referentes sociales y detenidos en cárceles federales.

 

Los camaristas establecieron que todos los planteos de nulidad sean resueltos primero por Martínez De Giorgi y desestimaron un pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, querellante en la causa, para enviar la investigación a otro juzgado, el federal 5.

 

Por otro lado, en lo relativo a otro planteo para enviar información contenida en el teléfono de Nieto al juez del caso, la Cámara dispuso suspender el tratamiento de ese tema hasta que su superior, la Cámara Federal de Casación, decida planteos sobre presuntas irregularidades en la manipulación del celular.

 

En minoría, el juez Farah votó por confirmar los procesamientos por asociación ilícita para Arribas, Majdalani y los demás imputados.

 

Esta resolución de Cámara nos es definitiva. Se trata del primer tiempo, ya que las decisiones podrán ser apeladas ante la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal federal del país.

 

En tanto el expresidente Macri también está en la mira judicial. Tiene una causa abierta en el fuero Federal de Dolores por presunto espionaje a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. El exjefe de Estado fue procesado sin prisión preventiva, pero sus abogados dan batalla para solicitar que la causa a Comodoro Py y también plantearon el sobreseimiento de su asistido.

 

José Alperovich, durante la audiencia en la que escuchó los alegatos de la fiscalía y de la querella. 

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