Finalmente, el chavismo recuperó el control de la Asamblea Nacional (AN) tras haber ganado, con el 69% de los votos, las elecciones del 6 de diciembre, que contaron con una participación del 30% y fueron denunciadas como fraudulentas por parte de la oposición. Este martes fueron ocupadas las 277 bancas de la cámara y el gobierno de Nicolás Maduro recuperó el poder del congreso, bastión que había perdido en 2015 y fue el centro de la estrategia política opositora desde entonces.
A fines de aquel año, las fuerzas nucleadas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganaron la mayoría de la Asamblea con el 56% de los votos. De todas maneras, la coalición no llegó a funcionar de forma completa porque la justicia la declaró en “desacato” por una controversia en la asunción de tres asambleístas. Además, en 2017 fue cesada por el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que, tres años después, se disolvió sin presentar una nueva carta magna. Caracas vive un torbellino político y atraviesa crisis periódicas desde la asunción de Hugo Chávez en 1999, pero hace seis años entró en una espiral de conflicto que esta semana registró un nuevo capítulo.
El país caribeño volvió a vivir una jornada en dos dimensiones. Por un lado, la nueva asamblea tomó sus funciones bajo los cuadros de Chávez y Simón Bolívar, los dos símbolos oficialistas. De las 277 bancas que la componen, 256 responden al chavismo y 21, a la oposición dialoguista que decidió participar de las elecciones. Su presidente será Jorge Rodríguez, exministro de Maduro que lo representó en la asunción de Alberto Fernández. Por el otro, la mayoría de la oposición decidió desconocer la jornada y extender el mandato del congreso elegido en 2015. De esta manera, el país registra dos presidentes, dos congresos y una profunda crisis.
La oposición justifica su accionar en el “principio de continuidad constitucional”. Asegura que el nuevo congreso fue conformado en un “fraude electoral” y porque “no existe un presidente legitimado”. Con este marco, la asamblea de 2015 pasará a funcionar bajo la figura de una Comisión Delegada, una instancia encargada de funcionar durante los recesos anuales compuesta por su junta directiva y las autoridades de sus comisiones “hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional o hasta por un período parlamentario anual adicional”. Hasta el momento, no se determinó cómo funcionará ni dónde, pero hay dos certezas: la liderará Juan Guaidó y tendrá escaso impacto en la vida cotidiana, porque no contará con poder real de incidencia.
El 2021 inició con serios desafíos para la oposición e importantes interrogantes sobre el futuro nacional. Guaidó es reconocido por casi 50 países como "presidente encargado" por ser el líder del congreso, el mismo que ya venció. Perdió ese rol y la Comisión Delegada no tiene un sustento constitucional claro para funcionar como Poder Legislativo. Además, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró sin efecto la extensión y ordenó investigar “la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos”. ¿Podrá ser detenido Guaidó? El chavismo nunca cumplió esta amenaza, pero este martes el referente opositor denunció que su casa amaneció rodeada por la Policía.
Además, la siruación implica desafíos hacia el interior de la oposición. La maniobra contó con un amplio apoyo, pero no con los votos de Acción Democrática, histórica fuerza nacional que ostentó la mayor cantidad de legisladores en 2015. El partido blanco rechazó una serie de disposiciones que modifican la correlación de fuerzas internas y la conformación de la Comisión Delegada, porque considera que debería mantenerse en funciones el pleno del congreso y no una parte.
La crisis vuelve a dejar en evidencia las diferencias que existen al interior de un sector históricamente disperso y fraccionado. A pesar de que el partido manifestó su respaldo a Guaidó, las discrepancias internas, una nueva denuncia de corrupción publicada por The Washington Postque involucra a funcionarios cercanos a Guaidó en el exterior por causas cercanas a los 40 mil millones de dólares y la falta de resultados tangibles en el escenario nacional amenazan su liderazgo.
A este combo se le suma el impacto que tendrá en la comunidad internacional. El principal aliado en el mundo de Guaidó ha sido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo recibió en la Casa Blanca y desarrolló una estrategia de máxima presión contra Maduro. El cambio de gobierno en Washington, con la asunción de Joe Biden el próximo 20 de enero, puede repercutir en Caracas. A pesar de que el demócrata, al igual que el republicano, califica a Maduro como un “dictador”, sus promesas de profundizar el multilateralismo pueden abrir un cauce para una negociación. La agencia Bloomberg, en base a fuentes anónimas, aseguró que sus “asesores están preparándose para posibles negociaciones” para alcanzar “elecciones libres y justas a cambio de un alivio de las sanciones”.
De todas maneras, no le resultará fácil, porque la estrategia de Trump no será sencilla de revertir. Esta semana, el departamento del Tesoro emitió una licencia por la cual autoriza a la asamblea dirigida por Guaidó a “actuar en nombre del Gobierno”, reafirmando el desconocimiento de Maduro. En cuanto a la región, no se esperan cambios con una mayoría ya volcada a favor de Guaidó y un gobierno argentino que busca mantener una actitud equidistante a pesar de las críticas internacionales y el fuego amigo de la coalición del Frente de Todos, que ya le provocó una crisis a Alberto Fernández.
Venezuela comenzó el año con un escenario familiar y se encamina, de nuevo, hacia un camino sin salida. Con el establecimiento de dos congresos y dos presidentes, la crisis sigue sin encontrar una pronta resolución y las elecciones regionales de 2021 se aproximan a ser una nueva oportunidad perdida.
