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Las consecuencias de la pandemia en Argentina vienen tomando dimensiones catastróficas por fuera de lo estrictamente sanitario. Hay consenso en que la caída del Producto Bruto de este año superará el 10%. Sus efectos se traducen en un universo de más de 1.200.000 argentinos que fueron suspendidos o perdieron sus empleos. La pobreza viene ascendiendo en proporciones impresionantes con la caída de sectores de clase media y media baja a esa situación, mientras que se estiran los tiempos de salida de la pandemia y el horizonte no es muy prometedor respecto a una recuperación rápida aún para el año próximo.
En efecto, el reciente acuerdo con los acreedores externos, si bien tiene el beneficio de darle oxígeno al gobierno en cuanto a estirar los plazos de pagos, nos pone ahora en la antesala de la negociación con el FMI que aun cuando dicha negociación se concrete más adelante sus condicionantes se observan desde ahora. Hablando claro, el apoyo del FMI en la negociación con los acreedores privados no fue gratis, hay acuerdo en ordenar la situación fiscal, morigerar el gasto.
Pero lo más grave es que todo esto ocurre luego de cuatros años de gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos, no todos los países tienen tanta mala suerte digamos.
En este contexto hubo una iniciativa parlamentaria del Diputado del Frente de Todos Carlos Heller con apoyo del jefe de esa bancada Máximo Kirchner, conocida como “Impuesto a la Riqueza”. En realidad se trata de una contribución por única vez, es decir de carácter extraordinario, de las grandes fortunas, que gravaría aproximadamente a 12.000 personas con el mayor patrimonio de la Argentina y que recaudaría cerca de 3.000 millones de dólares. Estos serían asignados a áreas concretas como el apoyo a la PYMES para el pago de salarios, financiar el IFE y fortalecer el sistema sanitario.
Esta iniciativa tuvo anuncios de tratamiento y olvidos en la agenda. Creo que cada vez es más imperioso su debate e implementación. Siempre que nuestro país vive períodos de crisis llegan las propuestas clásicas de ajustar a los jubilados y quitarles derechos a los trabajadores. Soy consciente de que no salimos de las mismas sin sacrificio, el tema que el mismo sea parejo y equitativo según la situación de cada sector.
Además no es nada original de la Argentina este tipo de iniciativas, en Europa varios países se están discutiendo medidas similares, impulsadas por oficialismos (Italia) y opositores o desde ambos sectores como en España. Es bueno recordar el comentario asombrado de Angela Merkel a Alberto Fernández acerca de lo poco que contribuyen los sectores más adinerados de la Argentina.
La oposición de algunos sectores políticos a esta medida no se basa por cierto en lo que significa económicamente este proyecto de ley sino en que no se logre consensos en la sociedad para discutir una reforma tributaria más equitativa, que deje de gravar por igual a los sectores más humildes que a los más poderosos. Nunca fue fácil en nuestro país que los más ricos contribuyan. San Martín, Belgrano, Güemes para decir algunos, lo sufrieron en carne propia cuando arriesgaban sus vidas para que tengamos nuestra independencia. Hay que también sortear muchas trampas y limitaciones propias de los gobiernos populares, porque solo se convence y se logran consensos en la sociedad si se pregona con el ejemplo.