El socialismo santafesino se sumó a las “alternativas superadoras” para la continuidad de Vicentin que habilitó el presidente Alberto Fernández antes de avanzar con la expropiación, y presentó un proyecto donde propone que el Estado santafesino se haga cargo de gran parte de la deuda comercial. Esto daría lugar a una reestructuración societaria donde el Ejecutivo provincial compartiría el directorio con acreedores públicos, privados y sindicatos, pero se reservaría la “silla de oro” y el poder de veto.
Se trata de un plan alternativo al que trabaja por estos días el gobernador Omar Perotti, impulsado por el bloque de diputados socialistas dentro del Frente Progresista encabezados por el legislador Joaquín Blanco y tejido por el presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz. Por estas horas llevaría la adhesión de la mayoría del arco opositor, unos 30 de los 50 totales, con excepción del bloque Juntos por el Cambio, y, naturalmente, el oficialismo justicialista.
La idea es que la provincia de Santa Fe auxilie a los acreedores mediante el Fondo de inversión y Desarrollo de la Santa Fe, Ley N° 13.622. En rigor, la propuesta es que adquiera, mediante una negociación, las acreencias y derechos solo de las pymes productoras de granos y cooperativas que estén en el concurso preventivo de acreedores. La erogación se calcula en unos 16.000 millones de pesos pero puede variar por las condiciones de la negociación. Para dar dimensión, la deuda que reclama el Banco Nación es de 18.300 millones de pesos.
Con esos derechos en la mano, el Ejecutivo ocuparía el lugar de ellos en el concurso y, de esa forma, tendría una participación y posición indiscutible en el marco de las decisiones judiciales. Incluso para formar parte en el futuro de la empresa, cualquiera sea la forma societaria que adquiera.
Llegado el momento, el Ejecutivo Provincial le hará una propuesta de reestructuración societaria a Vicentin. La misma, a través de la modificación del Estatuto, posibilitaría la incorporación como accionistas de acreedores públicos y privados (cooperativas y productores), y la participación en el directorio del gobierno provincial y los sindicatos en nombre de los trabajadores. El detalle nada menor es la acción de oro que se pretende que quede para la provincia, es decir, el poder de veto para decisiones estratégicas.
Es una alternativa al proyecto de Perotti que, según explican en su círculo cercano, “avanza pero no convence” por el momento a los acreedores. Mucho menos prende en el sector agroexportador la idea de expropiación que plantea el gobierno nacional. En este marco, el socialismo apura a Perotti: “Es necesario -fundamenta el proyecto- que el gobierno de la provincia de Santa Fe tenga un rol protagónico en la búsqueda de soluciones”.