El diputado provincial de Juntos por el Cambio Santiago Nardelli presentó un proyecto de ley para establecer una tasa adicional del 30% sobre el precio vigente del paquete de cigarrillos en Argentina. La iniciativa se complementa con la creación de un fondo que será destinado a financiar de manera exclusiva la infraestructura sanitaria y hospitalaria de la provincia de Buenos Aires con la idea de combatir el COVID-19.
En rigor, el boceto no es nuevo, aunque sí su finalidad. De hecho, y en diálogo con Letra P, el legislador opositor detalló que presentó una propuesta similar en 2014, y en años sucesivos, aunque no tuvo consensos entre sus pares de entonces. "No es un tema fácil", resumió Nardelli para graficar, por un lado, lo que entiende es una falta de conciencia sobre la necesidad de aplicar impuestos a productos perjudiciales para la salud y, por el otro, la presión que ejercen las tabacaleras para no avanzar con estos temas.
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"El precio del tabaco en nuestro país no se corresponde con el que se encuentra en otras partes del mundo. Es más, tenemos los cigarrillos más baratos de la región. Ni te digo si lo comparamos con los países más desarrollados que fueron subiendo los impuestos en los últimos años", ejemplificó el excoordinador ejecutivo del PAMI en tiempos en que Graciela Ocaña estaba al frente de la obra social de los jubilados.
El argumento que esgrime este diputado del PRO tiene que ver con que no sólo se pondrá un freno al consumo de cigarillos, sobre todo en las nuevas generaciones a través de una desmotivación por el alza de los precios, lo cual podría ser beneficioso para el sistema de salud en general, sino también que con lo recaudado se podrá hacer frente a los gastos de infraestructura, insumos y recursos humanos en épocas de pandemia.
Quienes acompañan a Nardelli se animan a calcular que una suba del 33% en el precio real de los cigarrillos aumentaría la recaudación nacional en $ 6.139 millones, incrementando los recursos para la Nación y las provincias. Una realidad que sólo se pondrá considerar una vez que la Legislatura bonaerense salga del stand by en el que está inmersa producto del aislamiento preventivo y obligatorio al que adhirió.
En un carril paralelo, unos 1600 productores tabacaleros del norte argentino vienen presionando al Estado nacional por el pago del Fondo Especial del Tabaco (FET), un fondo que se integra con el 7,35% del precio total de la venta al público de cada paquete de 20 cigarrillos más un componente fijo (de $ 2,40) que se actualiza semestralmente por inflación. Un impuesto que recorre toda la argentina pero del que sólo se ven beneficiadas unas pocas provincias. Ante esta realidad, y ante la obviedad de que Buenos Aires no integra ese grupo, creen que el proyecto legislativo en cuestión podría compensar de alguna forma los repartos coparticipables.
Por otra parte, en el bloque de Juntos por el Cambio también pretenden sacar recursos asignados a otras áreas para redirigirlos a la salud pública. Para eso, le plantearon al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la posibilidad de modificar la normativa necesaria para que los fondos que corresponden a los municipios por programas de asistencia, como el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el Fondo Educativo, dejen de tener una asignación específica. "La idea es que cada intendente puede decidir el destino de ese dinero para enfrentar al coronavirus", apuntaron.