El extitular de la Agencia de Prevención de la Violencia Deportiva de la provincia de Buenos Aires (APreViDe) Juan Manuel Lugones irá a juicio oral, procesado por abuso sexual (entre otros delitos) a una mujer policía. La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó la elevación a juicio de la causa.
El nombre del exfuncionario de María Eugenia Vidal vuelve a ser noticia luego de que a principios de diciembre de 2020 intentara lavar su imagen con la presentación de una denuncia contra el gobierno nacional por la organización del velorio de Diego Armando Maradona. Lugones se subió a la polémica por los disturbios registrados durante el adiós popular al ídolo en Casa Rosada. Presentó una denuncia penal para que se investigara una presunta “zona liberada” en la sede gubernamental ubicada en Balcarce 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pocas semanas después, su figura vuelve a ser protagonista de una página judicial que lo tiene sentado en el banquillo de los acusados.
Según la causa que investigó la fiscal Cecilia Corfield, el exfuncionario sometió sexualmente a la denunciante y, además, le habría propuesto de manera insistente mantener una relación extra laboral. La víctima posee un legajo profesional limpio, pero fue cambiada de destino laboral tras haberse negado.
Desde que se conoció el escándalo, Lugones cerró su cuenta de la red social Twitter, que utilizaba para informar sobre sus supuestas acciones en la lucha contra la violencia en el fútbol. Entre sus decisiones más polémicas figura la prohibición a los hinchas de Estudiantes de La Plata a concurrir a estadios con banderas referentes a la histórica goleado por 7 a 0 sobre su clásico rival, Gimnasia. También canceló la posibilidad a los hinchas albirrojos de utilizar camisetas de su club con el número 7.
Con los votos de los camaristas Ariel Argüero y Fernando Mateos, la Sala IV de la Cámara Penal de La Plata rechazó la apelación de la defensa y confirmó que el acusado sea juzgado en audiencias públicas.
“Los elementos colectados en el curso de esta etapa preliminar de la investigación, generan a mi criterio suficiente grado de convicción y permiten validar en legal forma, los extremos que hacen a las exigencias requeridas en el código ritual, en cuanto a la verosimilitud de la existencia de un ilícito y motivos bastantes para sospechar del grado de autoría en cabeza del enrostrado, a los fines de arribar a la siguiente instancia procesal de debate oral y público”, se señala en la resolución oficial.
En otro pasaje de la sentencia se detalla: “Las manifestaciones reproducidas por la denunciante como recibidas de parte de su jefe en torno a las facultades de decidir sobre su traslado de lugares y de cambios de funciones, en caso de que ella no aceptara su comportamiento de contenido sexual, resultan verosímiles en cuanto a la sustancia de entidad e idoneidad suficientes para lograr el fin de intimidarla, es decir de afectar su ánimo y su libertad de determinación, considerando que siendo su superior jerárquico, tenía suficiente manejo y poder para que cuando así lo deseara, pudiera decidir por sí de manera directa, o interceder para que otra autoridad lo decidiera a su pedido, para disponer a modo de acoso, entre otras, el cambio de destino laboral de sus dependientes, más allá de las razones o de la legitimidad de la decisión que se tomara en cada caso en particular”.
En relación a la apelación de la defensa, ambos camaristas coincidieron que los cuestionamientos efectuados “no alcanzan a desvirtuar la fuerza” de las pruebas obtenidas por la fiscal Corfield “e impiden arribar al estado de certeza que requiere el sobreseimiento que se peticiona”. Para los jueces “resulta necesario llevar los autos al debate oral y público, a los efectos de arribar a la averiguación de la verdad real de cómo ocurrieron los hechos”.
La denuncia fue radicada el pasado 2 de febrero por una policía y se refiere a distintos hechos ocurridos en 2016, cuando cumplía funciones en la sede del organismo ubicado en la capital bonaerense.
La víctima -cuya identidad se mantiene en reserva- detalló diferentes situaciones sufridas desde su ingreso laboral a la APreViDe y sostuvo que fue derivada a otro sector por no aceptar los insistentes intentos de Lugones para lograr una relación extra laboral.
El ex funcionario está procesado por “abuso de autoridad, abuso sexual simple y amenazas en concurso real”.