El desarchivo de una extraña denuncia radicada en la justicia ordinaria bonaerense (Departamento Judicial de La Plata, por hechos que se investigan en Lomas de Zamora) sacó a la superficie una vieja maniobra de cuestionada legalidad, pero que en este caso suma creatividad jurídica: usar la justicia provincial para intentar dejar sin efecto una causa federal. Detrás de esta maniobra aparece, entre sombras, la figura del procurador general bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand.
La génesis de esta trama comienza en el fuero Federal de Lomas de Zamora, donde se presentó una denuncia para que se investigue a la administración de la exgobernadora María Eugenia Vidal en relación al posible funcionamiento de una “mesa judicial” con fines de persecución política, gremial y social a opositores, en conjunto con espionaje ilegal sobre una extensa lista de víctimas.
Se trata del pedido de una apertura de investigación en la que se señala a Conte Grand, al fiscal general adjunto de Lomas de Zamora Pablo Rossi y al fiscal Sebastián Scalera como posibles integrantes (entre otros) de la “mesa judicial” donde se originaban operaciones de Lawfare apalancados en la repercusión masiva en medios de comunicación aliados al macrismo y el vidalismo. El escrito fue presentado por el abogado Javier Raidan en patrocinio de Adrián Castillo, uno de los administradores del mega paseo comercial La Salada, ubicado en Lomas de Zamora, quien fue detenido en el marco de la denominada “Mafia de La Salada”.
Julio Conte Grand y María Eugenia Vidal, señalados como los ideólogos de una "mesa judicial bonaerense" - Foto: AGLP
Mientras esta causa comenzaba a dar sus primeros pasos, se presentó otra denuncia (con copias simples de la que estaba en Lomas de Zamora) para que se investigara lo mismo pero en la justicia Penal de La Plata. Esa causa fue archivada.
Tras la medida, el letrado Raidan, solicitó el desarchivo y pidió que se remitiera todo al fuero Federal de Lomas de Zamora, donde estaba radicada originalmente la investigación por espionaje. “En provincia de Buenos Aires, procesalmente, al archivo de una causa sobreviene, generalmente, un pedido de desarchivo y sobreseimiento de los acusados; con esto quisieron generar un non bis in ídem para evitar que la investigación llegara a donde tiene que llegar”, señaló una de las fuentes judiciales consultadas. Non bis in ídem es un principio jurídico que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
Pero la maniobra no llegó a perfeccionarse. El pedido de desarchivo realizado por el abogado de Castillo abortó la maniobra. “Evidentemente, detrás de todo esto está Conte Grand, quien le dio la orden a un fiscal de Casación para que tomara la denuncia simple, se la girara al Fiscal General de La Plata, quien a su vez se la remitió a un fiscal subordinado para comenzar con la maniobra”, explicó un destacado procesalista bonaerense consultado.
La maniobra de generar causas paralelas para lograr sobreseimientos a medida es tan antigua como –al menos– el Código Procesal bonaerense, vigente hace más de 22 años. Pero en este caso en particular se agrega una novedad pocas veces vista: intentar lesionar una causa Federal con una denuncia provincial. Toda una muestra de ingenio judicial puesto al servicio de una posible impunidad.
Muros que oyen
Durante su detención, Castillo estuvo alojado en la Alcaidía Departamental 3 de Melchor Romero, en la capital bonaerense. Ese centro de detención es objeto de investigación, ya que se descubrieron celdas cableadas y con micrófonos, para escuchar a detenidos en causas sensibles para el macrismo y el vidalismo.
En esa cárcel transitoria estaban alojados todos los detenidos en la causa por “asociación ilícita” en la barra del club Independiente, en la que fue procesado el líder gremial camionero Pablo Moyano, recientemente sobreseído, medida que fue apelada ante la Cámara Penal de Lomas de Zamora, que debe expedirse sobre el planteo de la acusación.
