Decenas de dirigentes políticos, gremiales y sociales espiados en la provincia de Buenos Aires. Más de mil cien carillas. Fotos, chats, cámaras ocultas, un fiscal federal y otro bonaerense procesados. Un falso abogado espía detenido, un periodista en la mira como presunto partícipe de la asociación ilícita investigada, cuatro legisladoras de la Coalición Cívica en la lista de futuros procesamientos posibles y otra confirmación judicial de que Aníbal Fernández no es “La Morsa”. Todo esto y más se despliega en la resolución que dictó el juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, en la que amplió los procesamientos del fiscal federal Carlos Stornelli, el falso abogado Marcelo D'Alessio y el periodista Daniel Santoro en la causa por espionaje ilegal y extorsión. Así, los dejó cerca del envío a juicio como supuestos miembros de una “asociación ilícita paraestatal”.
LA MORSA. Uno de los capítulos que conforman el meduloso dictamen al que accedió Letra P apunta a la campaña electoral de 2015 en Buenos Aires, en la que se enfrentaron María Eugenia Vidal y Aníbal Fernández. Durante ese proceso se señaló al entonces Jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner como “La Morsa”, el sicario que estaba detrás del triple crimen de General Rodríguez y del tráfico de efedrina en el país. El juez Ramos Padilla señaló que “el interés tanto estatal como de la asociación ilícita se centró en involucrar a agentes de la AFI de la gestión de gobierno anterior en el supuesto encubrimiento del Triple Crimen o de Ibar Pérez Corradi, así como vincular al ex Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la autoría intelectual de esos homicidios y en el tráfico ilegal de efedrina (…) dejando en claro que el objetivo de la asociación ilícita era orientar la pesquisa contra el ex Jefe de Gabinete”.
En el Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó un juicio oral por tráfico de estupefacientes y es allí donde se estableció judicialmente por primera vez con fuerza de ley que la verdadera “Morsa” fue/es el exagente de inteligencia Julio César Pose. La verdad llegó cinco años después y con una elección perdida por Fernández.
“Todas estas circunstancias nuevamente dan cuenta de la convergencia de intereses entre la asociación ilícita e importantes actores estatales. En efecto, (el fiscal bonaerense de Mercedes, Juan Ignacio) Bidone se había reunido” a comienzos de 2016 “con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani para conversar respecto de la captura de Pérez Corradi”, detalló el juez, para luego sostener que “la entonces legisladora Graciela Ocaña había realizado una denuncia contra el extitular de la AFI” Oscar Parrilli “y otros exfuncionarios de esa agencia, y que la entrevista a José Luis Salerno”, quien aseveró que Aníbal Fernández era “La Morsa”, se realizó “en la vivienda de Elisa Carrió”. Años después, Salerno se desdijo en sede judicial.
A modo de síntesis, el magistrado consideró que “remarcar estas circunstancias y determinar hacia adónde se dirigían los intereses estatales permite establecer el diálogo sincrónico que mantenían con las actividades de la asociación ilícita; y resulta ilustrativo de las notas de paraestatalidad que se han anunciado y que se desprenden de la gran mayoría de las maniobras desarrolladas por la asociación”. Se trata de “una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal”.
Este dictamen podría marcar el futuro judicial de al menos cuatro dirigentes políticas de la alianza Juntos por el Cambio: Elisa Carrió, Paula Oliveto, Graciela Ocaña y Mariana Zuvic. Ya en mayo de 2019, el diputado nacional Eduardo Valdez pidió la indagatoria de Carrió y Olivetto ante Ramos Padilla. Con estas nuevas evidencias, el juez tiene más elementos para avanzar en ese sentido sobre las cuatro referentes del espacio opositor, quienes podrían ser procesadas como parte de la asociación ilícita. Ese escenario no está descartado, confiaron fuentes judiciales consultadas por este medio. Otra de las personas que está en la libreta de apuntes es la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Carlos Stornelli.
OPERACIONES CLANDESTINAS. Ramos Padilla sostiene en su escrito que la organización ilegal comandada por el falso abogado detenido Marcelo D’Alessio actuó en la denominada causa (fotocopias) de los cuadernos, como así también en la del triple crimen de General Rodríguez, hizo espionaje sobre dirigentes del norte argentino, personas vinculadas a la AFA, causa por narcotráfico como el llamado “Operativo Sapucay”. Siempre según se desprende de la causa, también hizo inteligencia ilegal sobre ciudadanos iraníes en Uruguay para vincularlos con supuestos actos terroristas y ponerlos a disposición de Stornelli.
Chat entre el espía D'Alessio y Patricia Bullrich.
Además, Ramos Padilla aludió a la “Operación Natacha Jaitt”; a inteligencia ilegal sobre integrantes del staff del programa “Animales Sueltos” y sobre el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, entre otras maniobras descriptas en el procesamiento.
En la lista de personas espiadas se anotan periodistas como Romina Manguel, Alejandro Fantino y Eduardo Feinmann; los dirigentes políticos Alfredo Olmedo, Ricardo Colombi, Carlos “Camau” Espínola, Verónica Magario, Gustavo Adolfo Menéndez, Juan José Gómez Centurión, Roberto Baratta, Julio De Vido, Luis D´Elía, Gustavo Vera, Roberto Porcaro; el dirigente gremial Hugo Moyano; el abogado Juan Manuel Ubeira; el dirigente de AFA Pablo Ariel Toviggino y hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz.