En acuerdo entre la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y su par de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y bajo el inocultable reproche social y político por haber garantizado la continuidad de las jubilaciones de privilegio en el marco de un ajuste previsional, el Congreso resolvió congelar las dietas de los legisladores nacionales durante los próximos seis meses.
En concreto, el decreto parlamentario 0356/19 estableció "suspender por 180 días los incrementos de cualquier carácter sobre la remuneración mensual que las Señoras Senadoras y Señores Senadores y autoridades superiores de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación".
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Además, aclaró que se tomó esa decisión "conforme a las solicitudes que se presentaron por los interesados". En rigor, un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de resolución para suspender los aumentos de las dietas en el marco de la polémica por las jubilaciones de privilegio.
En la madrugada de la votación de la ley de emergencia económica en Diputados, el oficialismo agregó un artículo que estipulaba que las jubilaciones de los miembros del Poder Judicial y del cuerpo diplomático no estarían afectados al recálculo de haberes jubilatorios que propone el gobierno de Alberto Fernández para todos los argentinos.
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Ante la oleada de críticas, rápido de reflejos, Fernández instruyó a sus funcionarios para que extiendan el período de sesiones extraordinarias y empiecen a redactar un proyecto de ley para exceptuar de este beneficio a los magistrados y a los diplomáticos.
Bajo esa lógica, la decisión de Massa y de CFK de frizar los salarios de los diputados y senadores se inscribe dentro de la discusión de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.
En atención a esos objetivos, ambas decisiones administrativas argumentaron que "resulta imprescindible transitar el camino de la austeridad en la función pública, guiados por la ética de la solidaridad y promoviendo políticas acordes a la realidad".