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Vota Colombia en un referéndum anti corrupción sin precedentes

Se proponen siete reformas: limitación de salarios de funcionarios, transparencia en contratos públicos, extinción de dominio y cumplimiento efectivo de las penas de cárcel, entre otras.

Los electores colombianos acuden este domingo a las urnas para participar de un referéndum sin precedentes, destinado a reforzar las leyes y sanciones contra la corrupción.

 

De acuerdo con un estudio de la universidad colombiana de Externado, la corrupción le cuesta al país unos 3.000 millones de dólares por año. De acuerdo con el ranking de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, Colombia se encuentra en el puesto 96 sobre 180 países revelados.

 

En tanto, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, habló de un costo acumulado de 16.500 millones de dólares.

 

Ante esta situación, la ex candidata a vicepresidenta y ex senadora Claudia López, miembro de la Alianza Verde, impulsó el proyecto de referéndum, que movilizó a decenas de miles de voluntarios para su difusión en las calles de las principales ciudades colombianas.

 

“Esta es una causa ciudadana, es una causa de país. Los colombianos no vamos a votar por una persona ni por un partido, sino por darle un mensaje claro y un mandato claro a la clase política de que se tiene que autorreformar y al Congreso”, dijo López.

 

La cuestión de la corrupción administrativa fue central en la última campara presidencial.

 

El camino para las reformas es empinado. Para que la consulta resulte vinculante, se debe registrar la concurrencia a las urnas de un tercio del padrón, equivalente a 12.140.342 ciudadanos. Además, para que cada una de las propuestas sea aprobada, debe recibir la mitad más uno de los votos válidos.

 

 

A partir de ese momento, si esas condiciones se cumplen, el Congreso tiene un plazo de un año para convertir las disposiciones en ley. Y si no lo hace, el presidente uribista Iván Duque deberá imponerlas por decreto en un lapso de 15 días.

 

Estas son las cuestiones sometidas a voto popular:

 

1. El establecimiento de un límite de 25 veces el salario mínimo nacional a los sueldos de los miembros del Congreso y otros altos funcionarios. Hoy, esas remuneraciones equivalen a 40 veces el mínimo.

 

2. Los condenados por delitos de corrupción deberán cumplir sus penas en la cárcel, sin derecho a lograr prisión domiciliaria.

 

3. Los procesos de contrataciones entre privados y el Estado, en sus diferentes niveles, deberán ser abiertos y transparentes.

 

4. Se establece la participación ciudadana directa en la determinación del gasto público y en sus eventuales actualizaciones.

 

5. Los miembros del Congreso deberán rendir cuentas de sus votaciones, de los proyectos de ley que presenten y de los contactos mantenidos con particulares antes de su elevación al cuerpo.

 

6. Los funcionarios electos por voto popular tendrán que presentar declaraciones juradas sobre sus ingresos, propiedades y pago de impuestos. Nuevas leyes tendrán que garantizar la recuperación de activos desviados de las arcas públicas a través de hechos de corrupción.

 

7. Se limitará a tres períodos como máximo los cargos de funcionarios electos en el mismo cuerpo legislativo.

 

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