Torturas en Malvinas: poner fin a la impunidad

Sin embargo, desde múltiples tribunas de doctrina, los denunciados están promoviendo una campaña de descrédito a víctimas y querellantes, en una suerte de condensación de todo el ideario del que abrevan los apologistas de la dictadura. Ninguno de sus argumentos son válidos, pese a que sus lógicas van trasladando el debate, con el espíritu goebbeliano que los caracteriza, del ámbito judicial al espacio simbólico, de disputa por el sentido.

Por ello resulta central que se conozcan los testimonios de quienes fueron víctimas de sus acciones. También, es indispensable que como sociedad comprendamos que a Malvinas concurrieron los mismos artífices del plan sistemático de exterminio desplegado en territorio continental argentino, y probado en forma fehaciente en la sentencia de la causa 13/84 (Juicio a las Juntas). De esta forma, los soldados conscriptos que combatieron en Malvinas fueron la última víctima colectiva de la dictadura cívico/militar.

En este punto, el Informe Rattenbach, desclasificado por el Poder Ejecutivo en 2012, sustenta las afirmaciones aludidas, al calificar el hecho bélico de 1982 como una aventura militar. A su vez, los archivos relativos al conflicto bélico del Atlántico Sur desclasificados por el Poder Ejecutivo en 2015, demuestran que los soldados conscriptos denunciaron las torturas al regreso de Malvinas, y cómo desde el Estado se montaron dispositivos tendientes a garantizar la impunidad: inteligencia, acciones psicológicas, una política para con los medios de comunicación en la que se estipulaban las consecuencias para aquellos que publicaran información “antiargentina”.

La verdad, entonces, fue soterrada, las voces acalladas. La consecuencia de ello es tangible, 36 años sin respuestas estatales. Esta circunstancia devino en la petición P-460-15 que desde el CECIM impulsamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que solicitamos la declaración de responsabilidad del Estado argentino por privación de acceso a la justicia y por la que, el 7 de mayo del año en curso, mantuvimos una reunión de trabajo en Santo Domingo, República Dominicana, en el marco del 168 período de sesiones del Organismo.

De esta forma, queremos alzar la voz contra las maniobras de corte intimidatorio de las que hemos sido blanco en las últimas semanas. Fueron (son) torturas, y en ese sentido no descansaremos hasta ver a sus artífices juzgados y condenados. El hecho de que las mismas hayan sido perpetradas bajo el fuego de una potencia enemiga no los exime de responsabilidad. Por el contrario, agrava el cuadro general en que se dieron los hechos. No debe existir en la historia un precedente en el que las Fuerzas Armadas de un Estado actúen en menoscabo de su tropa. En Argentina, la dictadura lo hizo.

Desde el CECIM bregamos, desde hace más de tres décadas, por la consagración de la verdad y justicia. Lo hacemos en pleno respeto de los derechos y garantías. Por ello, resulta indispensable que el Estado argentino cumpla con sus obligaciones constitucionales y convencionales y dé celeridad al curso de la investigación. Que el debate sea cada vez más jurídico, que se lleve adelante en los ámbitos institucionales, y que de una vez por todas la ciudadanía argentina pueda saber qué pasó con sus soldados en Malvinas.