Más de 300 muertos en tres meses es un dato que alcanza para comprender la magnitud de la crisis que vive Nicaragua. El origen de la misma fue el intento de reforma previsional que, según indicaron desde el gobierno sandinista, el aumento en el aporte de trabajadores fue de un 0,7 % (de 6,25 a 7 %), los empresarios del 19 a 22,5, es decir, un 3,5 %, y los jubilados de 0 a 5 %, este fue el tema más polémico.
La decisión no avanzó por decisión del presidente Daniel Ortega pero la violencia lejos de parar, se agudizó. Ante las marchas en su contra y luego de varios intento frustrados para instalar una mesa de diálogo, Ortega envió a las fuerzas policiales y, según denuncian los manifestantes, parapoliciales, con el fin de restaurar el orden y llegar al aniversario del derrocamiento del dictador Anastasio Somoza con las calles liberadas de opositores. Para tal fin, el gobierno llevó a adelante “la operación limpieza” en la zona oriental del país con un durísimo operativo que incluyó el desalojo de universidades y parroquias.
Ahora bien, ¿cómo llega un país que gozó de una relativa tranquilidad durante una década a la situación actual? La reforma jubilatoria parece poco teniendo en cuenta que ni siquiera se aplicó. El sandinismo con el apoyo del presidente de Bolivia, Evo Morales y de Venezuela, Nicolás Maduro apeló a la denuncia por “injerencismo” de Estados Unidos y la intención de la Casa Blanca de derrocar al Jefe de Estado nicaragüense. ¿Esto es así?
Tiene sentido pensar en la mano del país del norte en el complejo escenario venezolano o en Bolivia pero cuesta pensar que eso suceda en Nicaragua. Si bien Estados Unidos está metido en todos los asuntos regionales y no hay duda de que querrán aprovechar la debilidad de Ortega para lograr un cambio de gobierno en el país, la relación entre Nicaragua y Estados Unidos durante estos 12 años ha sido muy buena. Lejos de la retórica antiimperialista, los sandinistas tienen superávit comercial con el gigante del Norte. De 2007 a 2015 el crecimiento de las exportaciones fue de 11 por ciento y el gobierno caribeño tiene firmados Tratados de Libre Comercio firmados con EEUU, México, la Unión Europea y Taiwán. Con la crisis iniciada, la OEA y el gobierno norteamericano apoyaron la resolución sandinista en el organismo regional. En ese marco, hace más de un mes me tocó conversar con el Embajador de Nicaragua en Argentina, José Luis Villavicencio Ordoñez quien desatacó “el apoyo de la OEA al país a la hora de buscar una salida pacífica del conflicto y a la realización de una misión de seguimiento de los acontecimientos que se encargue de detectar a los responsables de la violencia”.
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Hoy el escenario cambió, la CIDH nunca pudo instrumentar una mesa de diálogo, la OEA pide elecciones anticipadas y Estados Unidos condena enérgicamente la violencia.
Más allá del oportunismo norteamericano, lo que sucedió en Nicaragua es que se rompió el bloque de gobierno. La Unidad Nacional que forjó Daniel Ortega estaba compuesta por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la Iglesia Católica y el Consejo Superior de la Empresa Privada. Estos dos últimos abandonaron la coalición y aislaron al presidente que los acusó de golpistas y, con el control de los resortes del Estado, reprimió con violencia a la población para “restaurar el orden público”.
Como suele pasar en estos casos, el progresismo no sabe como reaccionar. Condenar a Ortega es “jugar para el imperio” y defenderlo es negar la realidad y naturalizar las muertes en manos del Estado.
En estos casos, lo que debería primar es la condena de la violencia institucional en el lugar del mundo que sea con el gobierno que sea. La defensa del “eje bolivariano” fue inmediato en el Foro de San Pablo realizado en La Habana. Por su parte, el Frente Amplio uruguayo condenó la violencia estatal mientras que el resto de los sectores optaron por el silencio.
La crisis nicaragüense tiene más elementos internos que externos y es responsabilidad de los organismos internacionales y los países de la región evitar una crisis aún mayor.
“Nicaragua será el cuarto país latinoamericano con mayor crecimiento y el segundo de la región”, proyectaba la Comisiónn Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el 4 de agosto en 2017. A su vez, el FMI informó que el país centroamericano sería la segunda economía de mayor crecimiento en los próximos años, con 4.7% en 2018. ¿Cuándo publicó esto? El 18 de abril de 2018, el día que se anunció la polémica reforma previsional que desató la crisis.
Entonces, el gobierno de Ortega nunca significó un problema para las potencias centrales, los números acompañaban y el pragmatismo político y comercial siempre evitó la confrontación. El quiebre con el sector privado puede ser clave para la suerte de Ortega, ya que invirtió cuatro mil millones de dólares a la economía desde 2008 y tuvo un papel en la atracción de inversión privada que robusteció el modelo de consenso pregonado por el gobierno y le garantizó una buena relación con los países desarrollados y los Organismos Multilaterales.
El pragmatismo se acabó, el bloque de gobierno se partió y el sandinismo está atacando a su propio pueblo para sostenerse, aparentemente a cualquier costo. Es urgente un interlocutor con legitimidad para encausar la situación, frenar lo que es una verdadera matanza y, para despejar dudas, que el gobierno vuelva a revalidarse para que la salida de la crisis siempre sean la urnas.