Una denuncia penal radicada en Tandil promete transformarse en un escándalo político de importantes dimensiones: se investiga el manejo presuntamente irregular de dinero público de la provincia de Buenos Aires destinado a obras de mantenimiento de arroyos mediante el sistema de cooperativas de trabajo. Según la denuncia a la que accedió Letra P, Nicolás Carrillo, referente del Movimiento Evita de esa localidad, sería el cabecilla de un millonario desvío de fondos en el que estarían involucrados hasta empleados y funcionarios del Ministerio de Infraestructura provincial.
Cinco integrantes de la Cooperativa de Trabajo El Laurel Ltda. se presentaron en sede judicial para denunciar a Carrillo por el delito de “defraudación por administración infiel o fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública”, según se desprende del escrito.
En la denuncia se asevera que en febrero de 2016 Carrillo ofreció a un grupo de desocupados sumarse a una cooperativa para encarar el saneamiento del arroyo Langueyú de Tandil y sostuvo que, “dadas sus vinculaciones políticas, podría gestionar directamente de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires los recursos económicos para generar una solución al reclamo de los vecinos”.
Así es que convino con el denunciante, Mario Sánchez, conformar el emprendimiento laboral para el desmalezamiento, desmonte y retiro de material orgánico del arroyo a cambio de un pago de cuatro mil pesos mensuales.
Meses después comenzaron con los trabajos, pero, a medida que pasaba el tiempo, los trabajadores cooperativistas fueron notando presuntas irregularidades en la administración de la firma. Las luces de alarma se encendieron cuando corroboraron que el verdadero titular de la cooperativa sería Noel Aníbal Sipitria, quien le habría otorgado la administración y el manejo de la cooperativa a Carrillo a cambio de un 5% de los recursos provinciales que obtenía del Estado provincial.
Los denunciantes expresaron que durante dos años la firma percibió más de cinco millones de pesos y que Carrillo “mantiene un nivel de vida holgado, realizando viajes al exterior, sin tener ningún tipo de trabajo o actividad comprobables”.
En la presentación judicial también se informa que Carrillo, además, operaba con unos 400 planes sociales de 4.500 pesos cada uno, de los que retenía mil pesos a cada beneficiario “por retorno de sus gestiones”, es decir, se habría quedado con 400 mil pesos mensuales en un tiempo aún indeterminado.
Siempre según la denuncia penal, los cooperativistas eran obligados a concurrir a marchas y a trabajar en la campaña política de 2017, sin aclarar para qué espacio político, pero, si se negaban, les descontaban el día de trabajo y la prestación social. Cuando se fueron a quejar, fueron agredidos físicamente y amenazados de muerte con una cuchilla.
Los denunciantes aportaron, junto al escrito, una serie de capturas de pantallas telefónicas que contienen conversaciones vía Whatsapp, material probatorio que dejaría al descubierto al referente del Movimiento Evita y de la Confederación de Trabajadores de la economía Popular (CTEP).
Para los denunciantes, Carrillo no actuó solo. Consideran que “este ardid defraudatorio contra la administración pública no podría ser obra de una sola persona, por lo que es dable pensar que existen funcionarios públicos dentro de la órbita del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires que actuaron en connivencia con el denunciado a los efectos de defraudar al Estado, por lo que solicitamos se investigue estas posibles vinculaciones delictivas”.
En el escrito, los denunciantes solicitan el allanamiento del domicilio particular de Carrillo y de la contadora Roxana Bulacio, quien es la profesional que lleva la documentación contable e impositiva de la cooperativa.
Toda la documentación es analizada por el fiscal en turno.
El uso de cooperativas para el mantenimiento de arroyos en la provincia de Buenos Aires no es una herramienta novedosa. Desde hace años, muchos desocupados se congregan en figuras legales del tipo para realizar trabajos de limpieza en los cursos de agua, aunque la carencia de controles del destino de los fondos sigue siendo una deuda de las administraciones pasadas y presente.
