Para el periodista Oscar Londero, titular del portal AccesoLibre.org, “en principio, la ley tiene algunos vicios semejantes al decreto 1172 de Kirchner". "Es una norma muy poco conocida; un derecho que se desconoce, mal puede ser ejercido”, agrega.
Además de la poca difusión, una traba burocrática-tecnológica se transformó en el principal escollo. Para hacer una consulta vía web, el Gobierno exige contar con clave fiscal y un permiso especial que se gestiona a través de la página de la AFIP. Tal requisito entra en contradicción con el propio texto de la ley, ya que quedan afuera empleados del sector informal, la gran mayoría de los estudiantes y jubilados, y muchos empleados en relación de dependencia que no tienen necesidad de utilizar la página de la AFIP. En resumen, el corte es por edad y clase social.
Sin clave fiscal no hay información pública online.
Si se supera el primer obstáculo, se debe lidiar con un sistema informático que suele dejar al cibernauta absorto frente a la pantalla. Datos inentendibles, formularios cargados que desaparecen, errores 404 insalvables...“El Ejecutivo se ha tomado atribuciones que no corresponden. Un organismo que nada tiene que ver con el tema, el Ministerio de Modernización, intervino con el requisito de la clave fiscal, no previsto en la ley. Es un avasallamiento con el pretexto de la agilidad tecnológica”, argumenta Londero.
Como resultado, los pedidos de información a través de la página web, en un gobierno que se jacta de su espíritu millennial, alcanzan sólo el 14 por ciento de los 1.532 casos presentados desde septiembre pasado, cuando comenzó a regir la norma. El resto fueron solicitudes personales o vía mail.
PANTANO POLÍTICO. Pasada la prueba de fuego de la tecnología, entra a jugar la estructura política y allí hay de todo. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, que desde este año responde en tiempo y forma, a la Administración de Seguridad Social (ANSES) o la Oficina Anticorrupción, que mediante diversos artilugios demoran meses en entregar lo solicitado, si es que lo entregan.
El titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Eduardo Bertoni, evalúa “positivamente” ante Letra P la implementación de la ley y ve “avances” en los organismos del Poder Ejecutivo, “aunque es difícil generalizar”. El funcionario deslinda las dificultades tecnológicas en el Ministerio de Modernización, encargado de la herramienta informática para trámites a distancia.
Bertoni es el jefe de la autoridad de aplicación. Entiende que la restricción que supone la extravagante exigencia de la clave fiscal no vulnera el espíritu de la ley, porque el peticionante no está impedido de presentar una nota por mesa de entradas. O un catamarqueño o santacruceño que prefiera no viajar a Buenos Aires, puede enviar un mail. Si tiene suerte, recibirá respuesta.
Londero da cuenta de que hay oficinas del Poder Ejecutivo que rechazan pedidos enviados vía mail “porque dicen que no pueden acreditar la identidad del solicitante de la información”. “Me ha pasado”, especifica.
Uno de los derechos consignados en la ley es el “informalismo”, es decir, no debería hacer falta acreditar identidad o llenar un formulario especial para solicitar información pública.
La llamada al conmutador de un ministerio no es aconsejable. “Llamé y pedí por el responsable de acceso a la información de un ministerio. Me pasaron de un teléfono a otro durante veinte minutos porque nadie supo de qué estaba hablando”, narra el responsable de Acceso Libre.
Consultado por Letra P, el secretario de Asuntos Públicos e Institucionales y principal impulsor de la ley, Adrián Pérez, admite que “hay que mejorar la página web” y que el requisito de la clave fiscal, aunque a su entender no ilegal, genera exclusiones. “Fue la herramienta que se encontró en un primer momento, porque el Ministerio de Modernización ya estaba trabajando con los trámites a distancia con clave AFIP”, indica Pérez.
69 CASOS. La Agencia de AIP, que informa un staff de 30 empleados y un presupuesto para este año de 43 millones de pesos, fue objeto de una polémica inicial. Lo que la ley sancionada en el primer año de Macri en la Presidencia estipulaba como un ente autárquico con autonomía funcional, mediante un decreto de necesidad y urgencia fue puesto en 2017 bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
En ocho meses de funcionamiento, la oficina de Bertoni recibió 69 reclamos, pero la mayoría fueron cerrados porque devinieron abstractos. En los largos plazos estatales, una apelación a la agencia de AIP puede dejar de tener sentido. Desde septiembre pasado, sólo en tres oportunidades el organismo de Bertoni se expidió a favor de un reclamante. Dos veces contra la AFIP y una contra Edenor (las empresas con subsidio o concesionarias de servicios públicos son sujetos de la ley).
Fuentes cercanas a la Agencia explican que poner en marcha la ley, su difusión y coordinación con otras áreas lleva su tiempo, además de que la oficina es también autoridad de aplicación de la ley de Protección de Datos Personales.
Con la mirada más puesta en lo que falta, Pérez sostiene que la ley “tiene que ser acompañada por un cambio cultural que involucra desde a quien pide la información hasta el funcionario público”. Otros poderes y organismos, como la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Defensoría, el Congreso y el Consejo de la Magistratura, se encuentran en proceso de crear sus propios organismos regulatorios.
PREGUNTA. ¿Se cumple la exigible neutralidad de la agencia de AIP?
Bertoni fue relator de Libertad de Expresión de la OEA y tiene sólida trayectoria en el derecho a la información. En los albores del gobierno de Macri, fue enviado a Washington junto al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, para defender la derogación a través de un DNU de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a raíz de una demanda presentada ante la CIDH por diversas organizaciones.
La designación de Bertoni, tanto como titular de la Agencia como en su cargo previo, director de Protección de Datos, recibió una inusual y enfática celebración por parte de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una influyente ONG.
Pérez argumenta que la autarquía de la Agencia AIP no se ve vulnerada por su lugar en el organigrama estatal y resalta que su responsable fue elegido por concurso y su remoción requiere causa fundamentada.
En la visión de Londero, la Agencia debería ser un “órgano extrapoder”. “No queda claro cómo va a actuar con independencia si tiene un superior que es el jefe de Gabinete”.
CASO TESTIGO. Letra P presentó hace ocho meses un pedido de información a la ANSES luego de no obtener respuesta por la vía de prensa habitual. Transcurrido ese lapso, el resultado es frustrante.
En mayo de 2016, el organismo administrador de jubilaciones decidió una inversión en el fondo común de inversiones Axis, creado por el hoy ministro de Finanzas y entonces secretario, Luis Caputo. La información fue revelada por la revista Noticias. Ante ello, este medio consultó cuál fue la comisión pagada al fondo Axis por la ANSES, que cuenta al secretario de Finanzas como uno de sus decisores de inversión.
La primera respuesta, que nada tenía que ver con la pregunta, llegó un mes y medio después (informó la rentabilidad de la inversión y no la comisión pagada). Ante ello, se especificó la pregunta, y la devolución de ANSES fueron dos párrafos de redacción confusa que nuevamente evitaron informar el monto exacto abonado a la empresa creada por Caputo. Había pasado otro mes y medio.
Un tercer pedido aclaratorio recibió esta vez una respuesta más extensa de parte del organismo que dirige Emilio Basavilbaso. Largas líneas dieron vueltas, esgrimieron que la información era sensible porque hay juicios cruzados en trámite, explicaron las razones de la inversión… pero no incluyeron la respuesta del monto en pesos o dólares pagado a Axis en concepto de comisión por la inversión realizada por 500 millones de pesos.
Como la ley establece que la información solicitada debe ser suministrada “con buena fe”, “máxima divulgación” y “máxima premura”, quien suscribe realizó una apelación ante la autoridad de aplicación. Habían pasado seis meses, tiempo prudencial.
Finalmente, la oficina de Bertoni emitió un dictamen en abril en el que consideró que la pregunta fue contestada “de buena fe”. Incluso, acusa al solicitante de pretender abusar del derecho: “La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”.
Letra P dio a conocer el 4 de abril que la comisión pagada a Axis y el Deutsche Bank fue de 1,9 millon de pesos. El origen de la información fue una fuente off the record que conoció el trámite en detalle. Un gobierno que afirma que dice la verdad, una ley garantista y un ente que se presenta como autárquico no alcanzaron para que el Estado informe un dato tan elemental.
