RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA

El plan de internet que logró saltar la grieta, aunque camina lento

Es una de las pocas medidas públicas del área de comunicaciones que tuvo continuidad luego del cambio de gobierno. Se observan resultados concretos, aunque los retrasos han sido significativos.

La construcción de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) de Arsat es una de las pocas políticas públicas del área de comunicaciones que tuvo continuidad luego del cambio de gobierno y donde se pueden mostrar resultados concretos, aunque los retrasos han sido significativos. En mayo de 2016, el presidente Mauricio Macri había prometido que en dos años se les brindaría internet por banda ancha a 1.200 pueblos, pero, al filo de que se cumpla ese plazo, las localidades conectadas son 454.

 

El 21 de abril de 2016, el secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici, aseguró que se estaba evaluando abrir Arsat al capital privado. La Refefo era uno de los activos más codiciados de la compañía, pero finalmente el lobby cruzado que ejercieron las grandes empresas del sector llevó a archivar la iniciativa.

 

 

El dinero para la Refefo surgió fundamentalmente del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, donde las telefónicas destinan el 1% de sus ingresos, ya que el Poder Ejecutivo le había dejado en claro a la empresa, a comienzos de 2016, que el despliegue debía hacerse sin aportes del Tesoro y, efectivamente, esos desembolsos fueron escasos.

 

 

EL ORIGEN. El Gobierno pone el 17 de mayo de 2016 como fecha de inicio del Plan Federal de Internet porque ese día el presidente Macri anunció que conectarían por banda ancha a 1.200 pueblos en dos años. No obstante, la iniciativa se remonta al 18 de octubre de 2010 cuando Cristina Fernández de Kirchner comunicó en el Palacio del Correo la puesta en marcha del Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada” que buscaba justamente democratizar el acceso a internet.

 

Argentina Conectada se puso en marcha en un contexto donde los planes de banda ancha habían comenzado a generalizarse en la región y el mundo, pero el factor desencadenante fue el conflicto con el Grupo Clarín. Cuando el gobierno de Cristina quiso forzar el cierre de Fibertel argumentando que la firma del multimedios no tenía licencia para operar, apeló a las pymes y cooperativas telefónicas para tratar de consolidar una oferta alternativa de banda ancha, pero esas firmas le pidieron que antes intercediera ante Telefónica y Telecom para forzar una baja en el precio mayorista del mega, pues sino les iba a ser imposible realizar una oferta de calidad a precios competitivos. El Estado intervino y logró que las telefónicas dominantes bajaran un poco sus precios mayoristas, pero resultó apenas un “parche”. Por eso se decidió construir una red estatal de fibra óptica.

 

 

 

El objetivo inicial era desplegar 58.000 kilómetros de fibra en todo el país combinando las redes provinciales y una red troncal, que incluiría infraestructura nueva y el aprovechamiento del trazado de líneas de alta tensión y gasoductos. En 2013 se redefinió ese plan y se fijó como nueva meta montar una red de 32.000 kilómetros, al menos en una primera etapa.

 

En marzo de 2016, tres meses después del cambio de gobierno, Arsat elevó un informe a la Jefatura de Gabinete, con datos a diciembre de 2015, donde detallaba que había recibido 29.500 kilómetros de red con la obra civil concluida, 15.700 kilómetros de red iluminada y 14.000 con capacidad de dar servicio, aunque públicamente se dijo que los kilómetros iluminados eran apenas 6.500. Más allá de esa diferencia sobre los kilómetros de red iluminada, el problema principal heredado era que había solo 17 ciudades conectadas sobre 3.000 potenciales. Por lo tanto, esa inversión pública millonaria todavía no les generaba beneficios concretos a los usuarios. La decisión oficial fue conectar a la mayor cantidad de ciudades, aunque finalmente se terminó avanzando más lento de lo previsto.

 

En el primer año la cantidad de localidades conectadas trepó a 207. Entonces se prometió que el ritmo se aceleraría. "Para junio o julio (de 2016) tenemos que llegar a 450", declaró al diario La Nación el 17 de abril del año pasado el entonces presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo, pero recién en abril de este año se llegó a 454 localidades, según confirmó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

 

 

 

EL IMPACTO. El principal objetivo del Plan Federal de Internet, explicitado en la resolución 5410/16 que publicó el Ente Nacional de Comunicaciones el 26 de agosto de 2016 en el Boletín Oficial, es eliminar la brecha digital. Uno de los caminos elegidos para lograrlo fue utilizar una tarifa plana de ancho de banda mayorista de tránsito IP para todo el país que, a su vez, promoviese la reducción del precio del ancho de banda mayorista en el total del mercado.

 

En diciembre de 2016, Convergencia Research realizó un primer estudio a pedido de Arsat para monitorear si la tarifa plana de Arsat para el servicio de Tránsito IP, fijada inicialmente en 18 dólares (hoy cuesta 14 dólares), estaba contribuyendo a una disminución general del precio mayorista. Entonces se tomó una muestra de 47 proveedores de Internet que se conectaban a la fibra de Arsat en 68 localidades de trece provincias. De acuerdo con ese relevamiento, en las localidades conectadas por el Plan Federal de Internet se redujo de 56 a 28 dólares el precio, un 50 por ciento, el precio promedio del megabit mayorista de tránsito IP entre el último trimestre de 2015 y el mismo período de 2016. Además, los precios promedios máximos cayeron de 122 dólares el megabit mayorista a fines de 2015, a 45 dólares un año después. No obstante, el consumidor final se vio beneficiado por un aumento de la velocidad, pero no por una reducción de precios.

 

 

 

En el tercer trimestre de 2017 Convergencia Research realizó una segunda encuesta, también a pedido de Arsat. En esa ocasión la muestra se compuso de 44 ISP que se conectaban a los por entonces 22.622 kilómetros de fibra óptica iluminada de Arsat en 52 localidades distribuidas en 14 provincias. El 44% de las localidades correspondieron a la región Centro y Buenos Aires, 27% a Patagonia, 10% a Cuyo y 19% a la Norte.

 

Las conclusiones mostraron resultados contundentes, ya que entre el tercer trimestre de 2016 y el mismo período de 2017 los precios promedio de los ISP que formaron parte de la muestra cayeron un 64%.

 

El precio promedio por Mbps de “Tránsito IP” en el tercer trimestre de 2016 era de 54,65 dólares, mientras que en el mismo período de 2017 disminuyó a 19,62 dólares. A su vez, el precio promedio fue 29% menor a los 28 dólares registrados en la primera edición del estudio realizado en diciembre de 2016, aunque los ISP encuestados eran otros y por lo tanto no se puede trazar una comparación del tipo línea de tiempo.  

 

Las regiones Norte (-64%) y Patagonia (-66%) tuvieron variaciones cercanas al promedio simple de la segunda muestra, en tanto en Cuyo se registró una baja de 83% en el precio promedio, mientras que en la zona centro la reducción fue de 53%.

 

Como cierre de la encuesta, Convergencia Research consultó a los ISP sobre la percepción del efecto de la llegada de Arsat en su negocio y en sus clientes finales. El 66% mencionó aspectos positivos, un 20% consideró que los efectos fueron moderados y el 14% restante que el impacto fue nulo. Dentro de los que hicieron referencia a aspectos positivos, el 36% destacó la reducción de precios de competidores de Arsat, otro 36% puso el foco en la mejora de la velocidad y el resto valoró la posibilidad de invertir más en sus propias redes. 

 

Convergencia les consultó específicamente a los ISP si la llegada de Arsat había significado algún efecto para sus abonados. El 64% contestó la pregunta, de los cuales el 96% mencionó aspectos positivos. El 59% dijo que la llegada de Arsat permitió incrementar las velocidades al usuario final y un 15% que permitió destinar más inversión a la mejora de redes de acceso para desplegar fibra. Sin embargo, al igual que en el primer relevamiento no se detectó que la baja de precios mayoristas haya derivado en una disminución de precios para el consumidor final. La principal ventaja para los hogares fue la mejora en la calidad y velocidad de la conexión. 

 

Victoria Villarruel, en el Senado.
El bloque oficialista de Martín Llaryora, Hacemos Unidos por Córdoba, está dispuesto a consensuar modificaciones en la ley del juego online con la oposición.

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