En un clima de fuerte tensión, el intendente de Pilar, el macrista Nicolás Ducoté, logró que el Concejo Deliberante aprobara un nuevo Código de Planeamiento Urbano. Un sector de la oposición cuestionó la iniciativa al evaluar que se está beneficiando al sector privado. Además, un grupo de vecinos que intentó presenciar la sesión advirtió que podrían recurrir a la justicia.
Tras impulsarlo a lo largo de todo el 2017, el intendente Ducoté logró que el cuestionado pliego avance en el deliberativo de Pilar con el acompañamiento de los bloque massistas y peronistas y la negativa de los espacios Frente Pilarense y Unidad Ciudadana.
Según Pilar a Diario, la votación volvió a poner de manifiesto la alianza en la que el gobierno viene sustentando sus proyectos claves. Además de sus diez ediles propios, contó con las manos de los massistas Claudia Juanes, Inés Ricci y Flavio Álvarez, junto a los ediles que hasta hace poco pertenecían a ese espacio, Adrián Maciel y el también ex Cambiemos Daniel Liberé. También tuvo el apoyo de los peronistas José Molina y Nicolás Darget. Enfrente, se opusieron Federico Achával, Santiago Laurent, Juan Pablo Roldán, Lizzie Wanger, Silvio Rodríguez y Nicolás Tabarez.
El proyecto que se suponía iba a tratarse en debate abierto y que pretendía la participación ciudadana, sorpresivamente, terminó definiéndose en una sesión extraordinaria a la que se convocó con sólo 24 horas de anticipación, aseguraron los opositores que resistieron la normativa. Una sesión tensa, a puertas cerradas, con escenas de violencia y denuncias de los vecinos a los que se les prohibió participar de la sesión, y con una importante presencia de público oficialista fue el contexto que dio lugar a la aprobación.
Uno de los puntos más cuestionados del nuevo código es el beneficio a inversores privados. Según supo Letra P, la normativa impactaría directamente, y de manera ventajosa, sobre terrenos pertenecientes a grandes firmas, como Pilar Bicentenario, la empresa vinculada al abogado Mateo Corvo Dolcet, que en noviembre fue denunciado por recibir dinero del narcotráfico para financiar la construcción de una mega-emprendimiento sobre el kilómetro 46 de la Panamericana.
Además, se indicó que otra de las “favorecidas” es Real State Investment, la fiduciaria de Leonardo Fariña, a la que se acusó de formar parte de la “ruta del dinero K”. Sobre estos últimos terrenos, ubicados frente al hotel Sheraton de Pilar, Ducoté habría anunciado la futura construcción de oficinas municipales.
El clima en la sesión se tensió cuando el oficialismo rechazó el permiso para que un grupo de vecinos autoconvocados leyeran una nota en la que advertían los peligros ambientales que, entienden, trae aparejado la nueva norma. Puntualmente explicaron que en Almirante Irízar, Parada el Gallo y la ruta 25, en Villa Rosa, existe una conflictiva convivencia entre industrias y vecinos. Ante la negativa de Cambiemos, la nota fue leída por uno de los concejales de la oposición en la que advertían que el nuevo código podría ser recurrido ante la justicia.
En esa línea, la resistencia de los vecinos y de grupos ambientalistas, se da ante la instalación de grandes torres de edificios en centros barriales y por los permisos a fábricas para ubicarse en zonas residenciales.