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Estado, derechos humanos y Malvinas: cuentas pendientes

A 36 años los excombatientes que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos siguen esperando justicia. El Estado argentino es responsable.

Estado, derechos humanos y Malvinas: cuentas pendientes

15/11/2018 17:00

 

Pensar en la promoción y protección de los derechos fundamentales nos debe llevar a asumir el rol del Estado. En efecto, éste es garante de la dignidad de las personas, es decir, debe velar por su reconocimiento y evitar las prácticas, propias y/o de terceros, que impliquen vulneraciones.

En Malvinas se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. De esto no quedan dudas. En 11 años de vida de la causa 1.777/07 que tramita ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ningún defensor de los 95 militares denunciados a la fecha ha expresado que los estaqueamientos, los enterramientos de soldados desnudos hasta el cuello, el obligarlos a sumergirse en agua helada, los golpes, la picana con teléfonos de campaña, entre otras prácticas abominables, no fueron torturas. Tampoco han expresado defensa alguna en relación a las muertes por inanición, o las secuelas físicas que devinieron del sometimiento a condiciones infrahumanas.

Esta circunstancia ha sido puntualizada el 19 de octubre pasado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia al expresar que “se encuentra fuera de discusión que los hechos denunciados constituyen graves violaciones a los derechos humanos” (Expte. FCR 63001777/2007/3/CA2). Las graves violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas y juzgadas por el Estado, que no puede imponer condicionamientos de ninguna índole. Así lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el precedente “Bueno Alves vs. Argentina” de 2007, que fue receptado por la Corte Suprema de Justicia en “Derecho René Jesús” de 2011.

Lo expuesto nos debe llevar a comprender la gravedad de que a 36 años de la guerra de Malvinas y 11 del inicio de la causa, los militares denunciados no hayan brindado explicaciones ante la justicia. De esta forma, asistimos a un fenómeno de revictimización que resulta contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino: por un lado los soldados conscriptos debieron sufrir las torturas, y ahora padecen la privación del recurso judicial efectivo. Es por esto último que desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata sostenemos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así, denunciamos las violaciones actuales, es decir, cometidas por el Estado democrático en perjuicio de los excombatientes.

La reescritura de la historia reciente constituye una deuda del Estado. Los dolores que quedan constituyen, sin lugar a dudas, las libertades que faltan. La posibilidad de concluir un proceso, de dar cierre a las traumáticas experiencias que atravesaron los jóvenes llevados por la dictadura a una guerra ilegal e ilegítima, está anudada a la consumación del valor justicia. El pueblo argentino debe saber qué pasó con sus soldados durante la guerra, para que Malvinas tenga, de una vez por todas, su Nunca Más.

Estado, derechos humanos y Malvinas: cuentas pendientes

Abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata.

A 36 años los excombatientes que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos siguen esperando justicia. El Estado argentino es responsable.

 

Pensar en la promoción y protección de los derechos fundamentales nos debe llevar a asumir el rol del Estado. En efecto, éste es garante de la dignidad de las personas, es decir, debe velar por su reconocimiento y evitar las prácticas, propias y/o de terceros, que impliquen vulneraciones.

En Malvinas se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. De esto no quedan dudas. En 11 años de vida de la causa 1.777/07 que tramita ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ningún defensor de los 95 militares denunciados a la fecha ha expresado que los estaqueamientos, los enterramientos de soldados desnudos hasta el cuello, el obligarlos a sumergirse en agua helada, los golpes, la picana con teléfonos de campaña, entre otras prácticas abominables, no fueron torturas. Tampoco han expresado defensa alguna en relación a las muertes por inanición, o las secuelas físicas que devinieron del sometimiento a condiciones infrahumanas.

Esta circunstancia ha sido puntualizada el 19 de octubre pasado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia al expresar que “se encuentra fuera de discusión que los hechos denunciados constituyen graves violaciones a los derechos humanos” (Expte. FCR 63001777/2007/3/CA2). Las graves violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas y juzgadas por el Estado, que no puede imponer condicionamientos de ninguna índole. Así lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el precedente “Bueno Alves vs. Argentina” de 2007, que fue receptado por la Corte Suprema de Justicia en “Derecho René Jesús” de 2011.

Lo expuesto nos debe llevar a comprender la gravedad de que a 36 años de la guerra de Malvinas y 11 del inicio de la causa, los militares denunciados no hayan brindado explicaciones ante la justicia. De esta forma, asistimos a un fenómeno de revictimización que resulta contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino: por un lado los soldados conscriptos debieron sufrir las torturas, y ahora padecen la privación del recurso judicial efectivo. Es por esto último que desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata sostenemos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así, denunciamos las violaciones actuales, es decir, cometidas por el Estado democrático en perjuicio de los excombatientes.

La reescritura de la historia reciente constituye una deuda del Estado. Los dolores que quedan constituyen, sin lugar a dudas, las libertades que faltan. La posibilidad de concluir un proceso, de dar cierre a las traumáticas experiencias que atravesaron los jóvenes llevados por la dictadura a una guerra ilegal e ilegítima, está anudada a la consumación del valor justicia. El pueblo argentino debe saber qué pasó con sus soldados durante la guerra, para que Malvinas tenga, de una vez por todas, su Nunca Más.