Regularmente, Facebook, Google y Twitter publican “Informes de Transparencia” sobre diversos temas, entre ellos, dos referidos a pedidos de datos de los usuarios y remoción de contenidos por parte del Estado. A lo largo de los años, los informes han ganado complejidad, sumaron mayor cantidad de datos y ampliaron el número de países cubiertos. No obstante, el volumen creciente de datos agregados que ofrecen no los vuelve más cristalinos.
Como señala Agustina del Campo, Directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión (CELE) de la Universidad de Palermo, la información publicada por las empresas “no deja de ser números que no tienen una explicación de contexto” y, en ese sentido, advierte, es preciso “leer esos informes teniendo presente sus limitaciones”. Carolina Martínez Elebi, integrante de la Fundación Vía Libre, agrega que “teniendo en cuenta que estamos hablando de información que involucra al Estado, sería importante que esta transparencia surgiera además del sector estatal”.
A nivel global, entre 2014 y 2017, las solicitudes de datos de usuarios realizadas por los Estados -incluyendo Poder Judicial, Ejecutivo, Policía y otras agencias gubernamentales- creció en todas las plataformas analizadas. En el caso de Facebook la cantidad de dichas solicitudes por parte del Estado argentino se incrementó en un 209%, siendo la plataforma que más pedidos recibió tanto a escala mundial y local. En el mismo periodo, los pedidos realizados por los estados a Google aumentaron 58% a nivel global, pero en nuestro país el alza fue cuatro veces mayor y llegó a 225%.
En ambas plataformas, en promedio, más del 90% de las solicitudes se originan en el Poder Judicial. Según el proceso legal del que se trate, la empresa puede revelar desde la dirección IP asociada a una cuenta de correo electrónico hasta mensajes completos de Gmail, documentos, fotos y videos de YouTube alojados en una cuenta particular.
En el caso de Twitter Argentina, entre 2014 y 2017 el incremento de solicitudes fue de 1.270%, aunque la cifra es menos significativa vista en valores absolutos. Lo llamativo, como se observa en el gráfico, es que la mayor parte de ese crecimiento se produce a partir de 2016, luego del recambio gubernamental.
ABIERTAS AL ESTADO. Aunque no todos los pedidos de datos de usuarios enviados por el Estado generan respuestas afirmativas por parte de las empresas -en algunos casos las plataformas rechazan pedidos por cuestiones formales o legales-, el porcentaje de casos en que efectivamente se produjeron y entregaron datos a la entidad solicitante creció significativamente en los últimos cuatro años.
En el caso de Facebook, el porcentaje de pedidos para los que generó y entregó información, ya sea total o parcial, se duplicó, y el año pasado la cifra ya rondaba el 80%. Google mostró un incremento más modesto de 7% en el periodo recortado, aunque el nivel de respuestas positivas superaba el 60%, mientras que Twitter se mantenía lejos, con una tasa de respuestas afirmativas de apenas 13% en promedio.
Para Del Campo, este aumento en las respuestas afirmativas por parte de las empresas puede ser multicausal y los datos que publican en sus informes no permiten sacar conclusiones definitivas. Según la especialista, las empresas no explicitan qué factores tener en cuenta para leer ese incremento “y esto tiene un riesgo adicional, y es que de acuerdo a quien lo lea va a interpretar lo que quiera”.
LA ELIMINACIÓN. En líneas generales la remoción de contenidos en las grandes empresas de internet ocurre a partir de la convivencia de dos modalidades: el requerimiento por vía judicial y la aplicación de los "Términos y Condiciones" de estos servicios que, en algunos casos automáticamente, inhabilita desde contenidos específicos hasta cuentas completas, por considerar que incurren en conductas manifiestamente ilícitas o violatorias de sus propias reglas.
En los últimos tiempos, tras verse envueltas en escándalos por filtración de datos e interferencias en procesos democráticos en algunos países, empresas como Facebook y Twitter se han mostrado particularmente activas en la remoción de cuentas y contenidos violatorios de las “reglas de la comunidad”.
Facebook publicó este año un informe de transparencia sobre los mecanismos de remoción de contenidos y eliminación de cuentas de los usuarios. Como analiza Ana Bizberge, editora de contenidos de Observacom, “el informe enfatizaba sobre el rol de los algoritmos en la detección de las violaciones a sus términos y condiciones como modo de afirmarse como ‘carreteras técnicas’”. Sin embargo, continúa Bizberge, “la regulación algorítmica ha demostrado sus limitaciones a la hora de identificar ‘contenido inapropiado’ dejando en evidencia su rol de esfera pública y su poder de decisión sobre la circulación de discursos”. Esta condición queda ilustrada por ejemplo en la remoción de la imagen de la “niña del napalm” que la empresa debió revertir más tarde.
Google es la empresa que ofrece en sus informes mayor nivel de detalle referido a los pedidos de remoción de contenido. Sumados los pedidos realizados por el “Poder Judicial, Ejecutivo y otros”, se observa un incremento de 293%, cifra que se acelera particularmente a partir de 2016. No obstante, la tendencia global muestra números incluso mayores: en ese periodo la cantidad de pedidos a esta empresa para retirar contenidos creció 422% a nivel mundial.
Google Argentina cumplimentó parcial o totalmente con el 86% de los pedidos del Poder Judicial y apenas el 30% de las peticiones del Poder Ejecutivo y otras dependencias. Este dato se presta a múltiples lecturas, entre ellas, la mayor legitimidad de la vía judicial para encausar estos procesos de remoción e incluso la intención de la empresa de evitar involucrarse en procesos legales.
En este punto Twitter es un caso de interés particular. En los cuatro años analizados la empresa recibió apenas 12 pedidos de remoción por parte del Estado argentino, pero nueve de ellos fueron realizados en 2017 y por el “Poder Ejecutivo/Policía y otros”. Es decir, la empresa acepta y da curso a pedidos que no constituyen orden judicial, sin explicar de qué contenidos se trata ni porqué razones se los requirió. Aunque se trata de números bajos en términos absolutos, Del Campo advierte que resulta “preocupante que el Poder Ejecutivo esté pidiendo bajada de contenido de manera directa a una empresa”.
En la misma línea, Javier Pallero, encargado de Políticas Públicas en Access Now, agrega que “el Ejecutivo decidió dar la imagen de que vigila las redes sociales y que intenta disuadir las amenazas, lo que puede parecer loable pero pica muy cerca de los delitos de opinión”.
La situación ideal, analiza Pallero, es apuntar a un sistema que genere garantías: “Así como pedimos una orden de un juez para censurar contenidos en internet, también la pedimos para solicitar datos de un usuario”.
El ritmo vertiginoso de internet y su capacidad de propagación veloz de contenido lesivo colisiona con los tiempos del debido proceso judicial. Por esto, algunos académicos piensan en esquemas regulatorios que contemplen el acceso a la Justicia para los sectores más vulnerables, mediante herramientas ágiles que permitan proteger los derechos fundamentales a la privacidad, protección de datos y libertad de expresión en internet.
LA TRANSPARENCIA COMO TÁCTICA. "¿Es posible conocer con un poco más de detalle desde qué reparticiones del Gobierno se enviaron pedidos de remoción de contenidos en los últimos periodos informados?", se le consultó a Google para esta nota. “El nivel de detalle que está volcado en el reporte de transparencia es el que tenemos”, respondieron desde la oficina de prensa de la compañía. Como se ve, la transparencia y rendición de cuentas de los gigantes de internet permanece todavía como un tema bastante opaco.
Como analiza Observacom, la publicación de “informes de transparencia” por parte de compañías como Facebook donde explicitan los criterios de aplicación de sus normas de servicio junto a algunas estadísticas es, en parte, “un intento por aferrarse al terreno de la autorregulación o regulación privada”, justo cuando se encuentran en medio de escándalos públicos como el de Cambridge Analytica, por el que la empresa debió dar explicaciones ante el Senado de los Estados Unidos.
Con todo, la publicación de informes con datos que no están desagregados, sin el contexto adecuado para comprender procesos ni relaciones de causalidad, sumado a la reticencia a responder los requerimientos de la prensa, son actos incompatibles con las banderas de la apertura que suelen levantar. Ya que es imposible elogiar a estas empresas por lo que hacen por la transparencia, resta preguntarse lo que el uso táctico del discurso de la transparencia está haciendo por ellas.
