“Acá aún no vino nadie, pero no tenemos nada que esconder”, contó a Letra P una importante fuente del entorno de Marcelo Mindlin. Hacía unos minutos que el juez Marcelo Martínez de Giorgi había ordenado allanar las oficinas de la constructora IECSA, firma que el dueño de Pampa Energía le compró en marzo pasado a Ángelo Calcaterra, primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri. En el mismo momento, la Policía Federal estaba entrando a los cuarteles centrales de la brasileña Odebrecht y de la italiana Ghella, las otras dos compañías sospechas de pagar retornos para quedarse con las obras de soterramiento del tren Sarmiento. La movida sorprendió por lo inmediato, en una causa en la que se dictó secreto de sumario justo antes de que desembarque en la Argentina la información gruesa de la pata argentina del escándalo de corrupción Lava Jato, que se inició con Odebrecht pero que salpica a buena parte de las empresas constructoras locales y al poder político que va desde el kirchnerismo al macrismo.
En paralelo, este reverdecer de la crisis de los negocios oscuros de la construcción y sus nexos con la política y los retornos, puso en alerta a los nuevos dueños de IECSA respecto a la imagen que quedará de la compañía luego de la resolución de las causas judiciales. Y qué efecto tendrá en los negocios futuros una resolución con consecuencias penales negativas para la gestión Calcaterra.
Junto a sus socios Gustavo Mariani, Ricardo Torres, y su hermano Damián (quien está en el día a día de la operatividad), Mindlin accedió a comprar la compañía de Calcaterra sabiendo en qué situación judicial se encontraría. El primo de Macri se la había comprado a la propia familia en 2007, en una operación que recién se cerró al concreto en 2015.
A Mindlin le interesaron sus activos, su capital humano y sus perspectivas a futuro, según detallan sus laderos. “Queremos colaborar con la Justicia, que hagan lo que tienen que hacer”, es la frase que utilizan en la base operativa que los Mindlin tienen en Puerto Madero y que ya planean mudar a Microcentro. Fue, en este tiempo, una especie de curso acelerado en construcción, ya que el empresario no tenía expertisse en el rubro dado que había estado casi enteramente dedicado a la energía y a su producción.
Más allá de la posición pro activa que asumió el también dueño de la distribuidora Edelap ante la causa en la que está involucrada IECSA (las investigaciones están centradas en la gestión anterior a su ingreso a la firma), en el sector dudan de cuál será el estatus de la firma luego de que la Justicia se expida sobre la cuestión de fondo. Hay, básicamente, dos posiciones enfrentadas. Juego de hipótesis. Una vertiente interna de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) dice en voz baja la palabra “impugnación”. Fuentes de la entidad que conduce Gustavo Weiss sospechan que podría haber pedido de impugnaciones a las obras a las que accedan IECSA, Odebrecht o Ghella, si es que se confirma su culpabilidad en el pago de coimas. Los que se encolumnan detrás de esa idea descartan que habrá chispazos que lleguen a esas compañías.
En la otra esquina están los que creen que Mindlin llevó adelante un buen management, que respetó a los técnicos y a los trabajadores, y que se decidió a colaborar judicialmente para disipar cualquier duda y seguir operando más allá de posibles condenas a la gestión Calcaterra. Esos mismos entienden que Odebrecht pagará, se saneará y seguirá trabajando en la Argentina. Lo sustentan en un dato: nadie quiere que Odebrecht se vaya del país porque el 90% de sus operarios son locales. En paralelo, confiesan que desde la llegada de Rogelio Frigerio al ministerio del Interior, el sistema de calificación de oferentes tiene la transparencia suficiente para que aquellos que ganen obras sean confiables y sólidos en todo sentido.
¿Qué dice el Gobierno Nacional? Que las obras que están sospechadas pero en marcha, seguirán. Con estos u otros operadores. El fiscal que investiga el caso soterramiento es Franco Piccardi, y en su entorno creen que habrá más novedades en las pesquisas. De todos modos, en Nación la relación con Mindlin está pasando por su mejor momento. El empresario que nació con la creación del fondo de inversiones Dolphin en los años del primer kirchnerismo, es habitué de las comitivas oficiales de Macri en el exterior, en busca de inversiones. Y algunos hasta aseguran que es interlocutor oficial en temas energéticos.
Hasta el momento, y en el caso del Sarmiento, el oficialismo venía pugnando en silencio para que Ghella fuese quien se quedara con los trabajos. En la UTE de la obra participa junto a la española Comsa (un enigma sin propietario), Odebrecht y IECSA.
Ghella es la que más contacto tiene con Macri y no hace mucho tiempo mandó a la Argentina a ejecutivos italianos que acompañaron la visita oficial del presidente de Italia, Sergio Mattarella. Nación cree que a través de Ghella podría haber un intercambio creciente de negocios entre Argentina e Italia. Pero en Argentina, en el rubro de los ladrillos, todos desconfían de todos. Ghella no está afuera de las sospechas.