TRASTIENDA POLÍTICA DE UNA CRISIS

Pepsico, sus clones en ciernes y el “hormiguero” de las Saladitas

En la industria alimenticia ya afirman que en 15 días habrá otra empresa con problemas. La interna sindical Daer-PTS. Los barones del conurbano, Larreta y las otras ferias en la mira.

En la semana en la que se define el armado de listas para las Legislativas de octubre, hay dos temas que con diferente volumen se colaron en las agendas del Gobierno Nacional y el sector corporativo. El primero, la caída en desgracia de la planta de la alimenticia Pepsico en la localidad de Florida; el segundo, la sorpresiva incursión de las fuerzas de Seguridad en la feria La Salada, emblema de la economía informal.

 

Hace unas horas, en la previa a una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, empezaron a llegar los telegramas de despidos de Pepsico para algunos de los 500 trabajadores de planta directos, y a cerca de otros 100 tercerizados que se ocupaban de trabajos de limpieza y cocina. La firma, una multinacional de capitales estadounidenses que produce snacks y bebidas, achicó su estructura en momentos donde el consumo empezó a pegar de lleno en las fábricas. Se mudaría a la central que tiene en Mar del Plata, pero sin incorporar personal.

 

La trastienda de esta crisis puntualiza algunos hitos válidos de rescatar: en primer lugar, en Pepsico aseguraron a Letra P que desde hacía por lo menos un mes que el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA), estaba al tanto de esta movida de la compañía. Se lo comunicaron directamente a Rodolfo Daer, el secretario de general del gremio Capital. Es que desde hace algunos meses ha tomado fuerza una confrontación silenciosa entre los afines al jefe de la CGT y los delegados de la Comisión Interna de Pepsico, hoy monopolizada por el PTS, partido de izquierda que integra el frente electoral FIT. En este escenario, los laderos de Daer entienden que el conflicto servirá para recuperar terreno en materia de representación justo cuando la izquierda viene triunfando en comicios sindicales puertas adentro de las fábricas.

 

El segundo punto que descubre la implosión de Pepsico es que, en realidad, lo que ocurrió allí promete en breve clonarse en otras empresas del sector consumo. Hace un mes Letra P adelantó que la contracción del consumo masivo había empezado a hacer mella en algunos actores centrales de este rubro. Se contó que había grandes supermercados con planes de achicamiento, al igual que proveedores. Hoy, casi que en la industria le ponen fecha al nuevo conflicto: “En menos de 15 días va haber novedades de otra compañía con problemas”, contaron operadores del rubro consumo básico. Antes de apuntar a los nombres propios, es pertinente aclarar que no es casual que todas las reestructuraciones, despidos y suspensiones se concentren, con apuro, antes de la mitad del año. Se busca ahorrar en el pago de aguinaldos. Parece irreal luego de 12 años de ganancias récord, pero en el sector la depresión y el cambio de hábito deprimió a más de uno. Incluso se sospecha que hay varios comercios cuyos balances darán números rojos.

 

Hay, en este orden, diferentes situaciones: está la de la firma chilena Cencosud, donde la decisión de continuidad se puso en términos menemistas. “Sucursal que para, sucursal que cierra”, dicen, y se refieren a cortar la actividad en aquellos supermercados que tienen fuertes conflictos sindicales (como buena parte de los Disco), al igual que en las sucursales donde no dan los números. En la otra esquina están varios de los proveedores más grandes del país, todos agrupados en la cámara alimenticia Copal. A saber: Unilever tiene planes, moderados, de reestructuración. Al igual que Coca Cola, pero esta firma sigue una línea de política global que no tendrá mayor impacto en el empleo.

 

El resto es casi cuestión de tiempo. Las lácteas son casi un fetiche para los abogados laboralistas. Sancor está quebrada y La Serenísima no está lejos de dar retiros voluntarios, primer paso de cualquier achique de plantilla. Algunas productoras de bebidas están más holgadas desde lo financiero pero tienen planes de contracción, como la cervecera Quilmes y la embotelladora Villavicencio.

 

Para el Gobierno Nacional, en privado, los temas no son menores. Una alta fuente privada contó a Letra P que el caso Pepsico podría ser planteado dentro del esquema de Transformación Productiva, programa que funciona bajo el ala del ministro de la Producción, Francisco Cabrera. En esa cartera aseguran que “por ahora no hay nada”. La otra pata preocupada es el ministerio de Trabajo. Es que Jorge Triaca no quiere más problemas en la calle, sabiendo que es eso lo que precisamente se viene. El affaire Pepsico seguirá en las próximas horas con una toma o bloqueo de los portones de Tasa, una firma de logística que trabaja para Pepsico. Y se debate además en asamblea el corte de una ruta importante el próximo lunes.

 

SALADAS LIBERADAS, SALADAS PROTEGIDAS. Desde hace años que las cámaras empresarias hablan con los gobiernos sobre la afectación que produce la actividad informal. Lo hicieron la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) en repetidas oportunidades. Sin embargo, hoy son pocos los que entienden, en el empresariado y en el propio Gobierno, cómo y por qué se generó semejante movida en La Salada. Las denuncias vienen hace tiempo, pero llaman la atención los tiempos políticos. Lo que se comenta en los pasillos es que fue una vendetta al que denominan “el Amado Boudou de Guillermo Moreno”. La referencia es para Jorge Castillo, el líder del predio ubicado en Lomas de Zamora. Más allá de que fue financista del radicalismo y la Coalición Cívica, su pertenencia política dista de ser radical. Los allanamientos fueron una bala de plata en un territorio caliente en el que gobierno Martín Insaurralde, uno de los intendentes más alineados con la ex Presidenta Cristina Fernández. Una jugada alejada del ajedrez, a lo bruto, que tiene en vilo a casi toda la política nacional.

 

Hay varios inconvenientes: por un lado, casi todos los intendentes del Conurbano, los PRO y los opositores, tienen “saladitas” en sus distritos. El propio Horacio Rodríguez Larreta alberga en el ámbito porteño varios centros de compra con altos niveles de informalidad. En Buenos Aires se incendió hace semanas la saladita del barrio de Constitución; pero también hay ferias en Flores, Floresta, en la calle Perón al lado de la Agencia Gubernamental de Control; y hasta varias alrededor de la Plaza Once, todas monopolizadas por ciudadanos coreanos. En el conurbano la situación no es muy diferente: en Avellaneda, el distrito de Jorge Ferraresi, hay ferias. Al igual que en Quilmes, tierra del cocinero PRO Martiniano Molina. La situada en esta localidad del sur bonaerense es una perla: está instalada en plena avenida Irigoyen, frente a uno de los diarios locales (El Sol), al lado del Juzgado de Menores, y a escasas cinco cuadras de la sede municipal. Pero eso no es todo. Se descarta, según contaron a Letra P fuentes municipales, que Castillo tenía vínculo político con casi todos los jefes comunales. Y se le encontraron además cuentas off shore que tendrían conexiones con otros popes de la política actual.

 

El segundo punto que preocupa del golpe de efecto en la Salada es el impacto que tendrá el cierre en materia de empleo. Un artículo publicado por el sitio web de TN afirma que el predio ferial mueve más de $40.000 millones, de los cuáles solo facturó $200 millones. El dato sirve para cuantificar lo que mueve el lugar, algo así como el 30% de lo que facturan los grandes supermercados en todo el año. Hay muchas familias que viven de las Saladas, lo que pone a una enorme cantidad de personas con un corto plazo enigmático. Un pelotón de personas que se transforman en mano de obra desocupada en un mercado contraído. Hace unos años, el economista Enrique Martínez, ex titular de INTI, realizó un trabajo en el que explicó que, incluso blanqueando al 100% de los trabajadores, la feria La Salada podría seguir ganando importantes volúmenes de dinero y manteniendo los precios un 40% más bajos que los de la competencia textil en shoppings. Pero la situación excede al blanqueo: más allá de las cuestiones políticas que calaron hondo en la maniobra en la feria, es real que el nivel de fraude marcario es una preocupación que llevó a las grandes marcas como Nike y Adidas a presionar a la autoridades a regularizar el tema. Incluso hubo pedidos que llegaron desde las casas matríces en Europa y los Estados Unidos. 

 

Cualquiera sea el resultado con La Salada, habrá chispazos políticos y económicos, en un país que concentra buena parte de su actividad en la informalidad. Por el momento, el organismo más activo en el tema es la AFIP de Alberto Abad

 

 

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