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Radio Nacional y sus “capas políticas”

Tras los episodios en la filial cordobesa de la radio estatal, la gestión política y la institucionalidad de estos medios asoman como aspectos de las políticas de comunicación donde hay poco cambio.

Radio Nacional y sus “capas políticas”

03/11/2017 15:41

Fabiana Bringas, conductora de "Sólo por Hoy" en Radio Nacional Córdoba.

 

El viernes 20 de octubre el director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero, irrumpió al aire del programa “Solo por Hoy” para reprender a su conductora, Fabiana Bringas, por una entrevista realizada antes de su llamada. La entrevistada había sido la madre de Facundo Jones Huala, María Isabel Huala, quien estuvo al aire de la radio por cinco minutos.

En su intervención, Lucero se refirió a la nota como el producto del periodismo “militante y subjetivo” practicado por Bringas. Además, acusó a la periodista de romper la veda política previa a las elecciones del domingo 22 de octubre por tratarse de un tema, el de la muerte de Santiago Maldonado, “evidentemente político”. Para el director de la radio, ese tipo de entrevistas debía ser acompañado por otras voces contrapuestas que sopesaran las afirmaciones. En caso de no conseguirlas, según su criterio, la entrevista debía cancelarse.

Entre otras cosas, Lucero –guionista publicitario cordobés que trabajó en campañas de diferentes políticos de distintos partidos, entre ellos Baldassi, Macri y Beder Herrera- avisó a la periodista que “hablarían (de lo sucedido) al mediodía”. Luego, manifestó que la línea editorial de Radio Nacional es la “falta de línea”. Por último, expresó de modo ambiguo que daba su opinión como ciudadano y no como director.

Después del acontecimiento, desde el CISPREN –Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba- comunicaron su repudio a lo que consideraron “persecución política y censura en vivo”. Los trabajadores de la radio repudiaron, en una carta abierta, “la intimidación y el amedrentamiento públicos”. Los directivos de la cabecera de Radio Nacional en Buenos Aires se manifestaron en contra de las acusaciones de censura. Para Ana Gerschenson, directora nacional de la radio estatal, Lucero “expresó su cuestionamiento a lo que consideró una nota sesgada” ya que “ahora en Radio Nacional se escuchan todas las voces, la de la madre de Hualas (sic), pero también la del director”. Por su lado, Pablo Ciarliero, vicedirector, envió su “solidaridad con Orestes Lucero, acusado de censura”, y completó: “Censura es omitir una opinión, no emitir la propia”.

 

 

GUBERNAMENTALIZADOS. El director de Radio Nacional Córdoba intervino al aire de un programa, retó a su conductora, dio su punto de vista sobre los acontecimientos y confundió su rol directivo con el del ciudadano y el oyente. Abusó de su autoridad y marcó con su opinión de los hechos (“el caso Maldonado es evidentemente político”) la “no-línea” editorial de la radio.

Lucero definió el acontecimiento más relevante de la agenda informativa nacional como una cuestión netamente política y con motivaciones o incidencia electoral. Tras eso, propuso su exclusión del aire de la radio mientras en Buenos Aires se sucedían las declaraciones y noticias sobre la autopsia y el reconocimiento del cuerpo de Santiago Maldonado. Definió cuáles subjetividades son susceptibles de la carátula “militante” –en su opinión, la de Bringas- y cuáles hacen a un periodismo, vaya paradoja, “subjetivo” –sus puntos de vista-. Pero, además, el director de la radio agravió y estigmatizó a una periodista en público y al aire.

Radio Nacional sufrió una profunda transformación desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia de la Nación, en diciembre de 2015. Sus autoridades y las de los medios estatales en general fueron removidas de sus cargos tras una reorganización institucional que dio más poder del que ya tenía al Poder Ejecutivo sobre la gestión de los mismos. La ruptura de plazos de mandatos establecidos por ley y la creación del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, a cargo de Hernán Lombardi, muestran que la gubernamentalidad de los medios estatales no es un problema para Cambiemos. Lo mismo sucedió en otras áreas de comunicaciones, como en la creación del Ente Nacional de Comunicación (Enacom).

 

Director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero.

 

Orestes Lucero no fue designado en su cargo a través de un concurso público, sino políticamente por las autoridades competentes. Lo mismo sucedió en todas las emisoras de la cadena federal de Radio Nacional donde se nombraron nuevas autoridades. Algunos ejemplos: en Salta, nombraron a Robustiano Pinedo, hijo del ex presidente Federico; en Neuquén, a Dalila Pinacho, ex vocera del empresario Joe Lewis; en las emisoras de Mendoza, a ex asesores del dirigente radical Ernesto Sanz. Como puede verse, todas muestran flacas, sino nulas, trayectorias en gestión de medios y gordos currículums al servicio de políticos.

En abril de este año, Lombardi anunció la cesantía de 21 ex directores de las filiales de Radio Nacional. En una carta publicada en Facebook, argumentó que habían sido designados en concursos públicos “poco claros” y que se trataba de designaciones “políticas”. Así, Lombardi proponía cambiar unas designaciones –a su ojo- políticas por otras. En la misma carta, los actuales directores se comprometían “republicanamente” a renunciar a sus cargos cuando el mandato de Mauricio Macri llegara a su fin con el objetivo de no sumar a “las capas geológicas del Estado”.

Como república, Argentina tiene varias deudas históricas. Una de ellas es la institucionalización y la desgubernamentalización de los medios públicos. La Ley Audiovisual proponía, no sin imperfecciones, que los mandatos al frente de las radios y emisoras de televisión estatales se desarrollaran a contra turno de los mandatos presidenciales para evitar (algo no logrado) las presiones políticas sobre esas autoridades y bregar por la autonomía de estos organismos.

Para que los medios estatales se transformen en verdaderos servicios públicos deben, entre otras cosas, garantizarse políticas públicas de largo aliento, cargos concursados e independientes de vaivenes políticos y autonomía presupuestaria. A poco menos de dos años de la “revolución republicana” de diciembre de 2015, poco cambió.