Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin efecto la cautelar que frenaba la suba de la luz en la provincia de Buenos Aires, los diputados bonaerenses del FPV-PJ, que habían promovido la medida aseguraron que estaban “esperanzados con una sentencia favorable y reparadora. Con este tipo de decisiones se vulnera el bolsillo de la gente”.
Para los legisladores “el fallo traerá serias consecuencias para usuarios, PYMES, pequeños comerciantes, clubes barriales, organizaciones comunitarias, cooperativas y empresas recuperadas que se encuentran asfixiados por los tarifazos en servicios públicos esenciales”.
En este sentido, subrayaron que “la audiencia pública es un derecho constitucional y es nuestro deber como diputados defender los derechos del pueblo. Esperamos que el Gobierno Nacional entienda”.
“Para la determinación de tarifas justas y razonables, es imprescindible que el Gobierno garantice los procesos de participación y consulta ciudadana avalados constitucionalmente”, pidieron.
Es que uno de los fundamentos que sostuvieron durante toda la batalla judicial –finalmente perdida- para evitar el aumento en el servicio de la luz a los usuarios residenciales, Pymes, clubes y demás entidades, fue que no se había convocado a una audiencia pública antes de ejecutar efectivamente el tarifazo.
La acción preventiva que habían requerido fue dispuesta por la Sala II de la Cámara Federal de La Plata el pasado 7 de julio. Había sido a través de un recurso de amparo elevado por el bloque de diputados provinciales del FPV-PJ que integran Walter Abarca, Eva Ramírez, Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos, Marcelo Feliú, Manuel Elías, Mauricio Barrientos, Alicia Sánchez, Ricardo Moccero y Rodolfo Iriart.