El diputado provincial del Frente para la Victoria, José Ottavis, elaboró una iniciativa cuyo fin es “establecer pautas específicas para el uso racional, adecuado y transparente de vehículos oficiales y telefonía celular”. Puntualmente el ex vicepresidente de la Cámara baja bonaerense busca limitar el uso de fondos públicos para el traslado tanto de ministros como de funcionarios de máxima responsabilidad de los organismos de la Constitución de la Provincia. Quiere -también- que el estado venda los autos que son excedentes y que los choferes de los mismos sean reubicados en otras áreas.
Tras su fuerte exposición mediática, el diputado retoma el camino dentro de la legislatura bonaerense. En este contexto la iniciativa del dirigente de La Cámpora explica que como actualmente la Provincia se encuentra en Emergencia Administrativa y Tecnológica se “demanda un énfasis aún mayor en el uso eficiente de recursos”.
En el plan de austeridad, el proyecto del ex presidente del bloque del Frente para la Victoria, remarca que el movimiento diario de las unidades deben justificar “puntos de recorrido asignado, kilómetros recorridos, litros de combustible consumidos, personas transportadas y tareas realizadas”.
Además establece que quienes se trasladen en vehículos oficiales solo los pueden utilizar “en el estricto ejercicio de las funciones específicas inherentes a sus cargos”.
Además, también hace hincapié en el uso de teléfonos oficiales. Se establece se sólo se podrá asignar “un (1) teléfono celular o dispositivo tecnológico de comunicación a quienes encabezan el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, los Ministerios, la Dirección General de Cultura y Educación y los organismos de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”.
Lo particular del proyecto se da en el artículo 11. Es que en cuanto a las prohibiciones se explicita que el funcionario que haga uso del teléfono no podrá llamar a “programas de entretenimiento” ni hacer donaciones. Tampoco podrá descargar música, juegos “y toda otra acción ajena a su función pública específica”.
También hace mención sobre cuánto puede gastar el ministro en el uso de su teléfono móvil oficial. Se aclara que los celulares tendrán crédito en un saldo equivalente a la mitad de lo que cobra un empleado público con planta permanente de la categoría más baja. Y, si se pasa ese monto, el resto será pagado por el funcionario.
Según el proyecto, quienes le den otro uso a tanto a los vehículos como a los teléfonos serán sancionados, ya que el texto que fue presentado esta semana en la Cámara baja provincial, reconoce como autoridad de aplicación a la Secretaría General de Gobierno, comandada actualmente por Fabián Perechodnik.