El juez federal Norberto Oyarbide cedió ante las presiones que pesaban sobre él y presentó su renuncia. Fue justo antes de que el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de seleccionar, controlar y remover jueves, ordenara su enjuiciamiento, procedimiento que ya estaba avanzado y que el Gobierno nacional esperaba tener resuelto antes de que concluyera este año.
Oyarbide, tal vez el más afamado y polémico de los doce jueces federales, ya les comunicó a sus colaboradores la decisión de poner punto final a una carrera de cuatro décadas en la Justicia. Esta tarde se reunió con el ministro de Justicia, Germán Garavano, para certificar su salida.
Según fuentes del oficialismo, los expedientes de los doce magistrados del fuero Criminal y Correccional Federal, los que concentran el poder de los tribunales de Comodoro Py, son una avalancha de denuncias. Muchas de ellas, listas para darle curso si existiera la voluntad política de hacerlo. Voluntad que, por ahora, duermen en la Casa Rosada, que maneja una mayoría propia en el Consejo de la Magistratura dispuesta a accionar o hacer la plancha, según la orden que bajen.
De todos esos expedientes, el más caliente por el fuerte impulso que se le imprimió en los últimos meses era el de Oyarbide. Estaba acusado de suspender un allanamiento a una financiera en 2013, luego de haber atendido vía telefónica a Carlos Liuzzi, por entonces el número dos de la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, a cargo de Carlos Zannini. Aunque éste era sólo una página de una trayectoria plagada de denuncias.
Un miembro del Consejo especulaba esta semana con que Oyarbide no llegaría a 2017 al frente del juzgado N°5. Según relataba esta fuente a Letra P, el oficialismo tenía consolidados los dos tercios necesarios para enviarlo a juicio político. Y esa decisión empujaría a Oyarbide a dejar el cargo. “Ningún juez se expone al juicio político”, explicó el consejero. “Apenas se les ordena el jury renuncian, porque si van a juicio y son removidos pierden la jubilación de privilegio”, agregó. Esa jubilación, hoy, estaría por encima de los 100 mil pesos mensuales, según la misma fuente.
El vocero recordaba el caso del ex miembro de la Corte Suprema Eduardo Moliné O´Connor, como uno de los pocos que se animó a enfrentar el juicio político. Lo que ocurría con el ex juez, parte de la famosa “mayoría automática” que el ex presidente Carlos Menem manejaba en el máximo tribunal, es que pudo darse el lujo de pelear por su cargo hasta el último minuto porque el poder adquisitivo no era uno de sus problemas: era millonario.
Oyarbide, de 66 años, juez federal desde 1994, había iniciado los trámites jubilatorios a mediados de marzo, prevenido ya de la embestida que se le venía desde el Consejo de la Magistratura. Así fue preparando un aterrizaje más tranquilo para el final de su carrera, y eludió la conflictividad que hubiese desatado que el Consejo ordenara su enjuiciamiento.
El famoso juez no logró recomponer la relación con el presidente Mauricio Macri, a quien procesó en la causa por escuchas ilegales que mantiene detenidos al ex comisario y ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, y al espía Ciro James. Es un secreto a voces que, apenas Macri puso pie en Olivos, Oyarbide recibió una inesperada visita. Fue la del presidente de Boca, Daniel Angelici, el operador judicial del macrismo, denunciado por estas actividades de lobby en tribunales por la socia de Macri en Cambiemos, la diputada Elisa Carrió.
En ese mano a mano, Angelici no dio rodeos: Macri no quería al juez como parte de la cuestionada justicia federal y pondría en marcha su maquinaria –es decir, la mayoría con la que el oficialismo cuenta en el Consejo de la Magistratura- para removerlo. Ni siquiera el procesamiento por dádivas que le dictó al ex vicepresidente Amado Boudou, en los primeros días de febrero, sirvió para poner paños fríos y habilitar una revisión del vínculo. Días después fue convocado a presentarse ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, paso previo al enjuiciamiento.
La decisión de Oyarbide generó diferentes reacciones en el resto de los jueces federales. En realidad, podían dividirse entre dos posiciones. Unos querían que renunciara para que el humo que levantara esa noticia descomprimiera la presión política sobre Comodoro Py; para otros, en cambio, es una mala noticia, ya que el polémico Oyarbide concentraba miradas que ahora empezarán a tenerlos a ellos mismos bajo la lupa.