La investigación del “Panamá Papers”, que derivó en un escándalo internacional que involucra a políticos y famosos y, en el caso de nuestro país, nada menos que el presidente Mauricio Macri, tiene como hilo conductor la utilización de una herramienta muy conocida en el mercado sofisticado del intercambio de dinero transfronterizo: las sociedades offshore, un recurso de dudosa transparencia y legalidad para muchos operadores del sistema financiero internacional.
Las sociedades offshore son, básicamente, empresas cuya característica principal es que están registradas en países en los que no realizan ninguna actividad económica. Suelen ser paraísos fiscales o naciones con escasos controles a la hora de poner la lupa en la conformación de estas firmas, para –de mínima- beneficiarse de las ventajas fiscales que éstos ofrecen; aunque en otros casos las firmas empiezan a colisionar con el lavado de dinero y el origen de fondos de actividades que pueden ser ilegales.
Las personas que controlan estas sociedades utilizan el paraíso fiscal como domicilio legal y, en la mayoría de los casos, son extranjeros. Las sociedades offshore aportan grandes ventajas a sus integrantes para ocultar identidades, origen de fondos y minimizar el impacto fiscal de la operatoria, ya que ofrecen protección de activos, confidencialidad, privacidad y ventajas fiscales.
Para actuar dentro de la ley, una empresa offshore debe cumplir ciertas condiciones: en primer lugar, los directores de la sociedad no deben tener su domicilio en el país de la sede social. La empresa no podrá ejercer actividades comerciales en este país y ni utilizar la mano de obra local. Sí se permite tener un representante de la compañía en el país, pero la sociedad no podrá utilizar la economía de los países de acogida, en particular, en materia de inversión, subsidios y transferencias bancarias.
En Argentina, muchos fueron los nombres involucrados en estas operatorias, que tienen un antecedente no tan lejano: en los ’90 se hicieron conocidas tristemente las colocaciones offshore de dinero de los ahorristas para obtener más rendimientos que un plazo fijo en una economía que tenía a la inflación prácticamente planchada.
Los resultados, en general, no fueron buenos, al menos para los ahorristas que no eran sofisticados: muchos recibieron “papel pintado”, es decir, promesas de depósitos y rendimientos que nunca se cumplieron y que les costaron millones de dólares a los depositantes.
Muchos fueron los bancos que quebraron en ese tiempo, con casos emblemáticos como el del Banco Crédito Provincial (BCP), de los hermanos Trusso, con estrechos vínculos con la Iglesia y, en especial, con el que en ese momento era arzobispo de Buenos Aires, Antonio Quarracino. Fueron 65.000 los ahorristas perjudicados, los Trusso estuvieron un tiempo presos y el cardenal murió con una causa judicial abierta.
También otros bancos como el Patricios, más vinculado a la comunidad judía, en el que operaba Sergio Szploszky, devenido luego empresario K de los medios. Otros casos, como los bancos Austral, Platense y otros, dejaron un tendal de ahorristas sin nada bajo artilugios atados a la msima operatoria: depósitos offshore en paraísos fiscales como Islas Caimán que nunca se cobraban.
Más acá en el tiempo, el escándalo de La Rosadita muestra un desfile de famosos y políticos supuestamente vinculados: Lázaro Báez, Leonardo Fariña y Federico Elaskar son las caras visibles de una investigación en marcha. Pero hay una figura muy especial que, supuestamente, se dedicaba casi con exclusividad a armar sociedades en Panamá: Fabián Rossi, o “El Rossi”, ex marido de la actriz Ileana Calabró, hija del recordado cómico Juan Carlos Calabró.
POR QUÉ OFFSHORE. Las sociedades offshore permiten evitar el impuesto de sucesiones, Bienes Personales, algunos impuestos al consumo (como el IVA) o Ganancias, mientras que su costo se limita a una cuota de registro que los sitios especializados cifran en entre 200 y 600 dólares al año, además de un valor de constitución de la firma que tampoco suele exceder de los mil dólares.
Los centros financieros offshore más conocidos son Anguila, Aruba, Bahamas, Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Cook, Chipre, Gibraltar, Guernsey, Isla de Man, Jersey, Liechtenstein, Macao, Malasia, Mónaco, Montserrat, Antillas Holandesas, República de Paulau, Panamá, Samoa, Seychelles y Vanuatu.
El portal Offshorebankshop.com es uno de los sitios con más completa información al respecto. Así lo definen ellos mismos: “La característica principal de una sociedad offshore es que no puede realizar negocios en el territorio donde esté constituida la empresa ya que pasaría a ser una sociedad onshore, es decir, el paraíso fiscal le haría tributar como cualquier sociedad registrada en el país y los tipos impositivos serían muy similares a los de una empresa constituida en un país de altos impuestos”.
Desde este tipo de plataformas se puede constituir una sociedad offshore con mucha rapidez. Por ejemplo, en Belice, un país del Caribe centroamericano que se ubica entre México y Guatemala. Así se resumen las ventajas que acarrea: “No pagará ningún tipo de impuesto al gobierno de Belice incluyendo el Sello de aduana, el único pago será una tasa anual de mantenimiento de la compañía que será de unos 630 dólares, fácil y rápida constitución de la sociedad, en 24 horas podríamos tener su corporación. No hay que registrar cuentas, las cuentas no son auditadas, no hay registro público del accionista.”