La Agrupación H.I.J.O.S de la provincia de Buenos Aires reclamó que el ex presidente de la Universidad Nacional de La Plata Luis Lima sea separado del cargo que ocupa en la Comisión Provincial por la Memoria. Lo hizo a través de una presentación ante la Dirección de Derechos Humanos de la casa de estudios, en la que sindicó a Lima como uno de los responsables de la represión policial contra las manifestaciones de repudio a la Ley de Educación Superior del 20 de febrero de 1996, cuando la Asamblea Universitaria de la UNLP trataba la reforma del estatuto que finalmente concretó para adecuarse a esa norma impulsada por el entonces presidente Carlos Menem.
H.I.J.O.S. le pide a Verónica Cruz, la funcionaria a cargo de esa dependencia del Rectorado platense, que “arbitre las medidas necesarias a fin de que la UNLP solicite a la Comisión Provincial por la Memoria la destitución del cargo que ocupa el Sr. Luis Lima y que asumiera oportunamente” como titular de la casa de estudios de la capital bonaerense.
En la presentación, el organismo de los hijos de desaparecidos recuerda los acontecimientos de 1996 y señala que aquel día “se desplegó un operativo de `seguridad` llevado adelante con prácticas que rememoraron en la población las horas de la dictadura cívico-militar”.
“Personal policial de civil y sin la debida identificación patrullaba las inmediaciones del Rectorado generando detenciones colectivas y represiones violentas con centenares de heridas”, lo que “implicó la vivencia virtual de un estado de sitio en la ciudad, todo ello con la anuencia del entonces rector”, agrega. En esas acciones represivas “fueron detenidos varios compañeros de la Agrupación H.I.J.O.S.”, señala el escrito.
Además, H.I.J.O.S. destaca “los vínculos comerciales mantenidos por el ex Rector y la dictadura, ya que éste le alquilaba el inmueble al tristemente conocido ‘101’, lugar donde operaba el servicio de Inteligencia del Ejército y desde donde se comandaba la represión ilegal en la Ciudad” y “se infiltró la comunidad universitaria”, hechos que “quedaron demostrados en el juicio denominado ‘La Cacha`”.
H.I.J.O.S. sostiene, por último, que es “evidente”, en el caso de Lima, “la incompatibilidad ética para dirigir un organismo de derechos humanos como representante de la UNLP”.